PLENO CASATORIO

CRÓNICA DEL PRIMER PLENO CASATORIO EN MATERIA CIVIL EN EL PERÚ

I.- INTRODUCCIÓN

El 18 de diciembre de 2007 es un día histórico. Se llevo a cabo el Primer Pleno Casatorio[1], que se realiza transcurrido más de catorce años de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil el 28 de julio de 1993.

A las doce del mediodía se encuentran presentes en el Salón de Juramentos de Palacio de Justicia, los dieciocho vocales titulares de la Corte Suprema[2], bajo la Presidencia del Doctor Francisco Távara Córdova. La Sala Civil Permanente y la Sala Civil Transitoria han resuelto de manera distinta una Excepción de Conclusión del Proceso por Conciliación o Transacción.

Entre el público asistente había magistrados, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y otras autoridades de las instituciones que integran el sistema de justicia.

II.- ANTECEDENTES
Los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron el año 2000, cuando un vehículo de la empresa Ransa S.A. que transportaba mercurio de propiedad de Minera Yanacocha S.R.L., provocó un derrame que causó daños a la salud de pobladores de tres pueblos de Cajamarca, entre ellos, la demandante Giovanna Angélica Quiroz Villaty y sus tres hijos menores de edad. La demandante por derecho propio y en representación de sus menores hijos pretende el pago de una indemnización de U.S. $ 1’800,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS) por daños y perjuicios y daños al medio ambiente.

El recurso de casación fue interpuesto contra la resolución de vista que confirmando en parte la apelada declara fundadas las Excepciones de Conclusión del Proceso por Transacción y de Falta de Legitimidad para obrar de la demandante. Las causales invocadas son la inaplicación de los artículos 5[3] y 1305 del Código Civil[4], y la contravención a las normas del debido proceso (artículos 446 inciso 10[5] y 453 inciso 4[6] del Código Procesal Civil) por infracción a las formas de validez artículos 446 inc. 10 y 453 inc. 4 del Código Procesal Civil y otras[7], puesto que al resolver la excepción de falta de legitimidad para obrar no se tienen en cuenta los daños ambientales conforme al artículo 82 del Código Procesal Civil[8]. La resolución que declara procedente el recurso fue dictada por los Señores VÁSQUEZ VEJARANO, CARRIÓN LUGO, CAROAJULCA BUSTAMANTE y SANTOS PEÑA. La causa está signada con el Número 1465-2007 de la Sala Civil Permanente.

El Pleno Casatorio fue solicitado por el Presidente de la Sala Civil Permanente Señor Walter Vásquez Vejarano, con el objeto de fijar un criterio jurisprudencial uniforme, debido a que las dos Salas Supremas Civiles Permanente[9] y Transitoria[10], en las que se procesan diversas causas sobre la misma materia, han dictado resoluciones contradictorias.

El Fiscal Supremo emite su Dictamen opinando que se declare infundado el recurso de Casación, conforme al artículo 368 del Código Procesal Civil[11], que no hay violación a derechos que fueron objeto de transacción y tratándose de intereses difusos la titularidad corresponde a un conjunto de sujetos.

Por resolución de fecha 4 de diciembre de 2007 se Convoca al Pleno Casatorio[12], hay dos magistrados ponentes, el Señor Walter Vásquez Vejarano y el Señor Lucas Ticona Postigo. Se citó a las partes con domicilio procesal en Lima, y a la parte demandante que domicilia en Cajamarca se le notificó en su domicilio real y procesal, y se realizó una publicación en los Diarios de Lima y Cajamarca[13].

III.- INFORMES ORALES
Se concede diez minutos a los abogados de la parte demandada y se da cuenta de 4 escritos presentados por YANACOCHA y RANSA. Llama la atención la ausencia del abogado de la parte demandante.

Por la demandada Minera Yanacocha S.R.L. informaron oralmente el Dr. Bruno Marchese, y el Doctor Fausto Viale, y por Ransa S.A. lo hizo el Doctor Jorge Avendaño Valdez, quienes solicitaron que se declare infundado el recurso de casación

El Doctor Bruno Marchese informó que la Sala Civil de Cajamarca declaró fundadas las Excepciones de conclusión del proceso por transacción y de falta de legitimidad para obrar del demandante. Dicho letrado inicia su exposición refiriéndose a los hechos de fondo, señalando que el 2 de junio de 2000 se produce un derrame de mercurio en las localidades de San Juan de Choropampa, San Juan y Magdalena y en el Departamento de Cajamarca. Las víctimas recolectaron el mercurio, por su valor comercial y lo depositaron en sus viviendas en ambientes cerrados, permitiendo su volatilización. Mediante el ofrecimiento de una recompensa se logró recuperar casi todo el mercurio. Posteriormente, se celebró contratos de transacción extrajudicial con las personas que tenían un nivel de mercurio superior al normal. Se pagó a la demandante sumas de dinero y seguros médicos para cualquier enfermedad derivada.

A continuación hizo uso de la palabra el Doctor Fausto Viale, quien explicó que se incorporó al proceso a RANSA y a otros litisconsortes, y que por resolución de vista se declara fundada la Excepción de Conclusión del Proceso por Transacción y la Excepción de Falta de Legitimidad para obrar de la demandante en cuanto a la pretensión indemnizatoria por daños en materia ambiental, que la resolución apelada declaró infundada la excepción de Transacción respecto de la actora, la declaró fundada respecto de los menores de edad y declaró fundada la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar del Demandante. A continuación citó la opinión a favor de su posición de los autores nacionales Juan Monroy Gálvez, Giovanni Priori Posada, Augusto Ferrero Costa, María del Carmen Abregú Báez y Ticona Postigo y la opinión en contra de Hinostroza Mínguez. Hizo hincapié en los efectos negativos de un fallo adverso respecto a la seguridad jurídica, a la judicialización de los litigios, señalando que el artículo 454 inciso 4 del Código Procesal Civil comprende también a la conciliación extrajudicial. Hizo algunas reflexiones sobre la posibilidad de conciliar o transigir sobre reparación civil en la justicia penal; y que la transacción extrajudicial es una herramienta muy utilizada que en el tráfico comercial en un mundo globalizado. Luego señaló que el artículo 5 del Código Civil considera como derecho irrenunciable a la salud. Haciendo a referencia a un informe legal del Dr. Fernando de Trazegniez Granda, señala que no transige sobre el daño a la persona sino sobre la reparación del daño. En cuanto al daño ambiental, cita el artículo 82 del Código Procesal Civil relativo al patrocinio de los intereses difusos, insistiendo que la demandante carecía de legitimidad para reclamar por daños ambientales. Con relación a la Excepción de Conclusión del Proceso por Transacción, en cuanto a los daños reclamados como consecuencia del derrame de mercurio, hizo referencia a que por Resolución de fecha 7 de abril de 2005 (CAS 2383-2005) en el quinto fundamento se señala que conforme a los artículos 446 inc. 10 y 453 inc. 4 del Código Procesal Civil, procede la excepción de conclusión del proceso por transacción cuando existe una transacción extrajudicial. Citó el Artículo 396 in fine del Código Procesal Civil[14]. La racionalidad de la transacción está en el artículo 1302 del Código Civil[15], ambas surten efectos de cosa juzgada, son un mecanismo de autocomposición. Pese a ello el Código Procesal Civil regula en el artículo 453 inciso 4 “en que las partes conciliaron o transigieron”, el Código Procesal Civil solo legisló la transacción judicial no dice nada respecto de la transacción extrajudicial. Estamos ante un vacío o defecto de la ley. La solución la encontramos en el artículo 139 inc. 8 de la Constitución[16] y el artículo III del Título Preliminar del Código Civil[17], a igual razón igual derecho (argumento a pari) abogando por una interpretación sistemática de la legislación peruana y la finalidad de la norma.

A continuación hizo uso de la palabra el Doctor Jorge Avendaño en representación de RANSA S.A., señalando que existían diferentes criterios en la Sala Civil Transitoria y la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema. Para esta última, la Excepción de transacción es deducible cuando el demandado opone transacción cuando estuvo en curso un proceso, no procede cuando es anterior al proceso. La transacción judicial o extrajudicial puso fin al proceso preexistente. Por su parte la Sala Civil Permanente considera que la transacción judicial y la extrajudicial extinguen obligaciones mediante concesiones recíprocas y extinguen el interés para obrar. RANSA era transportista y tenía responsabilidad solidaria económica, no existe responsabilidad por el daño a la salud o a la vida. Hay responsabilidad extracontractual. El artículo 1302 del Código Civil hace perder el interés para obrar, y tiene por objeto impedir que se litigue un asunto resuelto por las partes porque no hay un asunto dudoso o litigioso. Citó el caso de la conciliación extrajudicial. En el Código Civil la transacción es un modo de extinción de obligaciones. La Sala Civil Transitoria sigue la opinión de Hinostroza Mínguez. La diferencia entre la transacción judicial según el artículo 1312 del Código Civil[18] es que se ejecuta como sentencia, mientras que la transacción extrajudicial se ejecuta como proceso ejecutivo. En ambos casos hay cosa juzgada. No puede revisarse, sino en los casos de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. No hay Acreedor ni deudor, ni demandante ni demandado.

El doctor Avendaño citó un voto del doctor Manuel Miranda Canales, que señalaba que el artículo 453 del CPC no debe interpretarse de manera aislada sino sistemática, citando las opiniones de Diez Picazo y Devis Echeandía. Insistió en que se trata de derechos patrimoniales, que el derecho a la salud es irrenunciable y lo que se ha transigido es la reparación pecuniaria. El artículo 1985 del Código Civil[19] se refiere al daño a la persona, al daño moral y al lucro cesante. Solicitó que se de validez a la transacción en la línea de la Sala Civil Permanente.

IV.- PREGUNTAS Y ACLARACIONES DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA

A continuación se inició una ronda de preguntas a los abogados informantes por parte de algunos vocales supremos, destacando el doctor Francisco Távara, el Presidente de la Sala Civil Permanente, doctor Walter Vásquez Vejarano, y el Presidente de la Sala Civil Transitoria, doctor Víctor Ticona Postigo, los doctores Javier Villa Stein, Jacinto Julio Rodríguez Mendoza, José Luis Lecaros Cornejo, Manuel Sánchez Palacios Paiva y Róger Salas Gamboa.

El Señor TICONA POSTIGO, Presidente de la Sala Civil Transitoria preguntó al Doctor Viale si una transacción puede sustentar la Excepción de conclusión del proceso por transacción. Existen dos líneas contradictorias y resalta que la defensa admite que hay un vacío legal, que la norma procesal no establece que la Transacción Extrajudicial pueda sustentar una Excepción de conclusión del proceso por transacción. Que si hay un vacío procede la integración. Por el principio a pari, la transacción extrajudicial no está sujeta a control judicial. La transacción judicial sí, vía homologación[20], además de otros requisitos formales[21]. A situaciones diferentes soluciones distintas. Asimismo hizo referencia al principio de seguridad jurídica. Ante relaciones diferentes si hay mayor exigencia de formalidades por mayor seguridad jurídica. La transacción judicial ofrece mayor seguridad jurídica frente a la transacción extrajudicial.

En cuanto a que el asunto ya se ha decidió el abogado MARCHESE señala que ya se ha decidido que la transacción extrajudicial podría sustentar que hay cosa juzgada, pero lo que hace cosa juzgada es la parte resolutiva salvo que en ella se diga que la parte considerativa se integra al fallo.

El doctor VIALE respondió que hay un vacío o defecto de la horma procesal, y el derecho procesal es adjetivo. La exigencia de requisitos por el CPC no deroga la transacción extrajudicial, y que debe integrarse la norma procesal. El argumento a pari dice a igual razón igual derecho, que no hay más garantías. Hay proceso judicial, simplemente se ve el aspecto formal.

El doctor MARCHESE manifestó que el proceso ya se había decidido, cosa juzgada o no, pero si hay un orden interno dentro del proceso, el juez no se puede contradecir.

El doctor TICONA POSTIGO conviene que fueron cuestiones de orden, no hay cosa juzgada, no hubo sentencia firme o ejecutoriada.

El doctor VIALE señala que hubo un aspecto preclusivo.

El Doctor TICONA POSTIGO señala que la argumentación o motivación accesoria no configura argumento preclusivo. Agregó que en doctrina, Remigio Pino Carpio en sus comentarios al artículo 317 del Código de Procedimientos Civiles no refiere a la transacción extrajudicial, y que en el mismo sentido opinan los autores HINOSTROZA MÍNGUEZ, GOZAÍNI Y FORNACHAY

El Señor VÁSQUEZ VEJARANO señaló que el recojo de mercurio por la expectativa de pagar para recoger la sustancia. Que la transacción tiene concesiones recíprocas, y YANACOCHA dice que no tiene responsabilidad. La existencia de las obligaciones recíprocas debe ser preestablecida. Pregunta ¿qué desprendimiento o concesiones hicieron los campesinos?

El Doctor AVENDAÑO contestó que la concesión de YANACOCHA fue pagar un monto y la del campesino fue cobrar ese monto y no más.

El Señor VASQUEZ VEJARANO señaló que la transacción era un modo de extinguir las obligaciones y según el artículo 1702 del Código Civil es un contrato. El Código Civil de 1936 lo regulaba como modo de extinción de obligaciones. Agregó que YANACOCHA dice que no tiene responsabilidad. Luego pregunta ¿por qué conceden la prestación?

El Doctor AVENDAÑO responde que esa fue la transacción, asume responsabilidad por monto pagado y la parte afectada considera ese monto.

El Señor TÁVARA CÓRDOVA pregunta si alguna de las instituciones que menciona el artículo 82 del Código Procesal Civil ha formulado alguna acción. Y si YANACOCHA y RANSA tenían cobertura del Seguro de Transporte.

El Doctor VIALE contesta que un grupo de demandas estándares reclaman daños al medio ambiente.

El Señor TAVARA CORDOVA pregunta si interviene el Ministerio Público o alguna Asociación.

El doctor VIALE respondió que no.

El doctor MARCHESE manifestó que tenía un seguro global.

El Señor TAVARA CORDOVA preguntó si cubría el daño ambiental.

El Doctor MARCHESE manifestó que desconocía.

El Señor TICONA POSTIGO señaló que los hechos ocurrieron el dos de junio de dos mil. La demandante dice que por sus hijos celebró tres transacciones en el 2000. En setiembre se celebra la transacción, en noviembre por addenda se duplican los montos. Y en el caso de los menores se duplica la transacción, por qué YANACOCHA reabre la controversia y celebra una Addenda duplicando el importe para los tres menores.

El Doctor AVENDAÑO señaló que la Transacción es voluntaria y las partes la pueden regular. El Juez no entra, solo homologa. Nada impide que se acuerde una indemnización y voluntariamente se acuerde un nuevo arreglo. Ambas partes aumentaron el monto.

El Señor VILLA STEIN señaló que no era bueno multiplicar innecesariamente las ideas. El artículo 1302 del Código Civil dice que la transacción pone término al proceso actual y al proceso por venir. Se pregunta si estamos frente a un derecho estatista o privatista. El Código Civil consagra la teoría de la autonomía de la voluntad. Estamos en la lógica sin pretender que el Estado intervenga, que es la que inspira su defensa. El Código Civil no distingue. Ante el vacío debe interpretarse teleológicamente. El Código Civil promueve que las partes solucionen sus conflictos. Estamos ante la autonomía de la voluntad o el tuitismo.

El Doctor AVENDAÑO respondió que el Código Civil respeta la autonomía de la voluntad, lo que implica un cambio respecto del Código Civil de 1936. En el caso de los tres menores por medio hubo una aprobación judicial e intervención de la madre. Solo si se demandara la nulidad de la transacción ésta pierde su validez.

El Señor RODRIGUEZ MENDOZA, manifestó que nuestro sistema regula la transacción en el derecho de obligaciones, otros lo catalogan como contrato. Nuestro sistema establece que para que la transacción surta sus efectos debe cumplirse con tres requisitos: primero, haber derechos en disputa, segundo, contenido patrimonial y tercero, reciprocidad de concesiones. Con relación al segundo punto, ¿es disponible el derecho a la salud? Con relación al tercer punto ¿existió reciprocidad en las prestaciones? ¿La transacción cumple los tres requisitos conforme a los artículos 1302 y 1305 de Código Civil?

El Doctor VIALE respondió que con relación al primer punto, el Código Civil ha construido la transacción como forma de extinción de las obligaciones y como contrato, con relación al segundo, más que derechos hay una pretensión y un pretendido y existen derechos patrimoniales, y su hubo concesiones recíprocas, habiéndose cumplido los tres requisitos. Se reclama indemnización por el derrame del mercurio. YANACOCHA dice que no tiene responsabilidad, para dar fin a esta situación celebra la transacción, YANACOCHA pagará y la demandante renuncia a cualquier acción, etcétera. El contrato reúne los requisitos de la transacción.

El Doctor AVENDAÑO señala que el artículo 1351 del Código Civil define al contrato que permite extinguir una relación jurídica patrimonial ¿Qué hace el Poder Judicial donde las partes ya resolvieron? Es inconcebible.

El Señor RODRÍGUEZ MENDOZA formula una aclaración, señalando que no se discute que la transacción debe ser sobre derechos disponibles. Y pregunta ¿la salud puede ser disponible?

El Doctor AVENDAÑO VALDEZ responde que no. La transacción fue para la plata, para reparar el daño. En el caso de un atropello no transijo sobre la pierna bien o mal rota, ni la salud, se transa sobre la reparación del daño.

El Señor TICONA POSTIGO señala que la Transacción extrajudicial está vigente y es incuestionable que la autonomía de la voluntad tiene límites en los derechos fundamentales y el orden público, que tres menores sufrieron lesiones. Las transacciones no fueron aprobadas por el Juez. El Código Civil establece que tratándose de menores o incapaces se requiere aprobación del Juez, con vista fiscal y autorización del Consejo de Familia[22]. Luego de un año de la transacción y la addenda, se autoriza a la madre a celebrar transacción, y no se aprueba la transacción. Dispone que un menor sea sometido a examen periódico. No hubo aprobación previa de la transacción, Hubo una autorización para celebrar transacción ¿Cómo se puede convalidar?

El Doctor AVENDAÑO VALDEZ manifestó que hubo autorización a la Transacción y a la transacción ampliatoria ¿Tiene valor o no? El Poder Judicial no ha declarado la nulidad de la transacción. El Poder Judicial no puede inaplicarla en un juicio en el que no se ha demandado la nulidad de la transacción. Las partes quieren más plata. El demandado dice que pagó lo pactado. No hubo nulidad de transacción.

El Señor LECAROS CORNEJO señala que la Ley de Conciliación N° 26872 establece la conciliación previa. Si en el acta aparece que conciliaron no procede la demanda. La analogía con la transacción extrajudicial ¿es lo mismo?

El Doctor AVENDAÑO respondió que conforme al artículo 453 del Código Procesal Civil “conciliaron o transigieron”. Si acuerdan, recurriendo a la conciliación o a los MARC’S ya no hay conflicto, no puede haber juicio, igual es el efecto de la conciliación con acuerdo total.

El Señor SÁNCHEZ PALACIOS PAIVA pregunta al doctor AVENDAÑO si la Corte Suprema se pronunciara por que la transacción extrajudicial no surte efectos cuáles serían los efectos para la seguridad jurídica de los contratos.

El Doctor AVENDAÑO respondió que serían gravísimos. No vale la transacción. Si luego me demandan, si la previa no vale, no habría transacción, no habría conciliaciones. Sería grave en mensaje si con una transacción celebrada antes no procede la excepción.

El Señor VILLA STEIN señala que conviene con el Señor TICONA POSTIGO en que no puede dejarse las cosas a la irrestricta voluntad de las partes y pregunta ¿Hay acción por error, dolo o fraude, nulidad de acto jurídico?

El Doctor VIALE respondió que ninguna.

El Señor SALAS GAMBOA manifestó que no encuentra comparación entre el atropello con un derrame de mercurio. YANACOCHA solo toma en serio el problema once días después. Al día siguiente murió una persona. Pagar dinero para recoger el mercurio ¿Cuál fue la igualdad de la demandante y YANACOCHA y por qué dio una cantidad adicional?

El Doctor AVENDAÑO VALDEZ respondió que en ambos casos hay un daño. En ambos casos se transigió los montos. Las partes son diferentes, YANACOCHA es la empresa más grande del Perú un campesino de repente no tuvo asesoría legal ¿Puede haber juicio indemnizatorio si hubo transacción? Manifestó que no sabía si hubo un muerto.

El Señor SALAS GAMBOA manifestó que sí hubo un muerto.

El Doctor MARCHESE señaló que el tres de junio ya estaban en Choropampa. No sabemos de la muerte de una persona al día siguiente.

El Señor SALAS GAMBOA señaló que esperó once días para darse cuenta. Y dice que no tiene responsabilidad sino RANSA. Ésta dice que tampoco ¿por qué pusieron balones no seguros? Se pagó indemnizaciones con una parte muy pequeña del seguro.

El Doctor MARCHESE señaló que YANACOCHA reaccionó de inmediato a los tres días salió un comunicado pidiendo devolución del mercurio derramado, envió vehículos perifoneando. En cuanto al daño ambiental expuso las labores tomadas en su intervención inicial.

Siendo las una y cuarenta y tres de la tarde se levantó la Sesión, para que los Señores Vocales Supremos procedieran a realizar su sesión reservada, pasando a la fase de deliberación, la misma que se suspendió para continuarla este jueves 20 de diciembre. La causa continuará siendo deliberada y votada[23].

A la salida de la Sala algunos concurrentes se preguntaban si era conveniente que para resolver el caso, la Corte Suprema, integrada por magistrados de diversas especialidades realice un pleno casatorio en un asunto de naturaleza civil y procesal civil. Es decir, que los magistrados de la especialidad Penal y Constitucional y Social participen en la decisión de una causa de Derecho Civil y Procesal Civil. Pero no perdamos de vista que en el debate se ha tocado también temas constitucionales, e incluso relativos a los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos.

Otros resaltaron la ausencia del letrado de la parte demandante, lo que les hacía pensar que de pronto la falta de recursos de la accionante le impidió contratar un Abogado en Lima o costear el viaje y los honorarios de su abogado que litigó en Cajamarca. Algo que nos hace reflexionar en los alcances del Principio de Socialización del Proceso[24].

Algunos comentaban que la ley que establece excepciones y restringe derechos no puede aplicarse por analogía[25]. Las Excepciones son medios de defensa que restringen el derecho de acción[26], manifestación de la tutela judicial efectiva que es un derecho fundamental[27]. Por tanto no cabe interpretar por analogía como pretendían los abogados informantes.

También escuchamos decir que la proliferación de casos derivados del derrame de mercurio se evitaría con una mejor regulación de la representación de intereses difusos, a fin de evitar la multiplicidad de procesos, y la expedición de resoluciones contradictorias, tal como propusiera la profesora Ana María Arrarte Arisnabarreta en el IV Congreso Internacional de Derecho Procesal realizado en la Universidad de Lima.

Muchos temas trascendentes han surgido en el debate. Estaremos atentos a la decisión de la Corte Suprema.


[1] Código Procesal Civil. Artículo 400.- Doctrina jurisprudencial.- Cuando una de las Salas lo solicite, en atención a la naturaleza de la decisión a tomar en un caso concreto, se reunirán los jueces en Sala Plena para discutirlo y resolverlo.

La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al Pleno, constituye doctrina jurisprudencial y vincula a los órganos jurisdiccionales del Estado, hasta que sea modificada por otro pleno casatorio.

Si los Abogados hubieran informado oralmente a la vista de la causa, serán citados para el pleno casatorio.

El pleno casatorio será obligatorio cuando se conozca que otra Sala está interpretando o aplicando una norma en un sentido determinado.

El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las resoluciones que declaran improcedente el recurso, se publican obligatoriamente en el diario oficial, aunque no establezcan doctrina jurisprudencial. La publicación se hace dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad.

[2] Señores Francisco Távara Córdova, Walter Humberto Vásquez Vejarano, Antonio Pajares Paredes, Coger Salas Gamboa, Manuel Sánchez-Palacios Paiva, Hugo Sivina Hurtado, Javier Román Santisteban, Elcira Vásquez Cortez, Enrique Javier Mendoza Ramírez, Robinson Gonzáles Campos, Víctor Ticona Postigo, Cesar San Martín Castro, Javier Villa Stein, José Luis Lecaros Cornejo, Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, Víctor Roberto Prado Saldarriaga y Jacinto Julio Rodríguez Mendoza y Jorge Alfredo Solís Espinoza.

[3] Código Civil, Artículo 5.- El derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión. Su ejercicio no puede sufrir limitación voluntaria, salvo lo dispuesto en el artículo 6.

[4] Código Civil. Artículo 1305.- Sólo los derechos patrimoniales pueden ser objeto de transacción.

[5] Código Procesal Civil. Artículo 446.- Excepciones proponibles.-

El demandado sólo puede proponer las siguientes excepciones:

1. Incompetencia;

2. Incapacidad del demandante o de su representante;

3. Representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado;

4. Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda;

5. Falta de agotamiento de la vía administrativa;

6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado;

7. Litispendencia;

8. Cosa Juzgada;

9. Desistimiento de la pretensión;

10. Conclusión del proceso por conciliación o transacción;

11. Caducidad;

12. Prescripción extintiva; y,

13. Convenio arbitral.

[6] Código Procesal Civil, Artículo 453.- Amparo de las excepciones de litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión o conclusión del proceso por conciliación o transacción.-

Son fundadas las excepciones de litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión o conclusión del proceso por conciliación o transacción, respectivamente, cuando se inicia un proceso idéntico a otro:

1. Que se encuentra en curso;

2. Que ya fue resuelto y cuenta con sentencia o laudo firme;

3. En que el demandante se desistió de la pretensión; o,

4. En que las partes conciliaron o transigieron.

[7] Código Procesal Civil, Artículo 452.- Procesos idénticos.-

Hay identidad de procesos cuando las partes o quienes de ellos deriven sus derechos, el petitorio y el interés para obrar, sean los mismos.

[8] Código Procesal Civil, Artículo 82.- Patrocinio de intereses difusos.-

Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como la defensa del medio ambiente, de bienes o valores culturales o históricos o del consumidor.

Pueden promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Público y las asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la ley o el criterio del Juez, ésta última por resolución debidamente motivada, estén legitimados para ello.

En estos casos, una síntesis de la demanda será publicada en el diario oficial “El Peruano” y en otro de mayor circulación del distrito judicial. Son aplicables a los procesos sobre intereses difusos, las normas sobre acumulación subjetiva de pretensiones en lo que sea pertinente.

La sentencia, de no ser recurrida, será elevada en consulta a la Corte Superior. La sentencia definitiva que declare fundada la demanda, será obligatoria además para quienes no hayan participado del proceso. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 27752, publicada el 08-06-2002, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 82.- Patrocinio de intereses difusos

Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor.

Pueden promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, las Comunidades Campesinas y/o las Comunidades Nativas en cuya jurisdicción se produjo el daño ambiental o al patrimonio cultural y las asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la Ley y criterio del Juez, este último por resolución debidamente motivada, estén legitimadas para ello.

Las Rondas Campesinas que acrediten personería jurídica, tienen el mismo derecho que las Comunidades Campesinas o las Comunidades Nativas en los lugares donde éstas no existan o no se hayan apersonado a juicio.

Si se promueven procesos relacionados con la defensa del medio ambiente o de bienes o valores culturales, sin la intervención de los Gobiernos Locales indicados en el párrafo anterior, el Juez deberá incorporarlos en calidad de litisconsortes necesarios, aplicándose lo dispuesto en los Artículos 93 a 95.

En estos casos, una síntesis de la demanda será publicada en el Diario Oficial El Peruano o en otro que publique los avisos judiciales del correspondiente distrito judicial. Son aplicables a los procesos sobre intereses difusos, las normas sobre acumulación subjetiva de pretensiones en lo que sea pertinente.

En caso que la sentencia no ampare la demanda, será elevada en consulta a la Corte Superior. La sentencia definitiva que declare fundada la demanda, será obligatoria además para quienes no hayan participado del proceso.

La indemnización que se establezca en la sentencia, deberá ser entregada a las Municipalidades Distrital o Provincial que hubieran intervenido en el proceso, a fin de que la emplee en la reparación del daño ocasionado o la conservación del medio ambiente de su circunscripción.”

[9] La Sala Civil Permanente esta presidida por el Señor Walter Vásquez Vejarano, e integrada por los Señores Jorge Isaías Carrión Lugo, Andrés Caroajulca Bustamante, Víctor Raúl Mansilla Novella y Manuel Jesús Miranda Canales. Cfr. http://www.pj.gob.pe/CorteSuprema/SalasSupremas/SCP/index.asp.

[10] La Sala Civil Transitoria está presidida por el Señor Víctor Lucas Ticona Postigo e integrada por los Señores Jorge Alfredo Solís Espinoza, José Alberto Palomino García, César Gilberto Castañeda Serrano, y Francisco Miranda Molina. Cfr. http://www.pj.gob.pe/CorteSuprema/SalasSupremas/SCT/index.asp.

[11] Código Procesal Civil. Artículo 398.- Multa por recurso inadmisible, improcedente o infundado.-

Si el recurso fuese denegado por razones de inadmisibilidad o improcedencia, la Sala que lo denegó condenará a quien lo interpuso al pago de una multa no menor de tres ni mayor de diez Unidades de Referencia Procesal.

Si concedido el recurso la sentencia no fue casada, el recurrente pagará una multa de una Unidad de Referencia Procesal. La referida multa se duplicará si el recurso fue interpuesto contra una resolución que confirmaba la apelada.

El pago de la multa será exigido por el Juez de la demanda.

[14] Código Procesal Civil, Artículo 396.- Sentencia fundada y efectos del recurso.- Si la sentencia declara fundado el recurso, además de declararse la nulidad de la sentencia impugnada, la Sala debe completar la decisión de la siguiente manera:

1. Si se trata de las causales precisadas en los puntos 1. y 2. del artículo 386, resuelve además según corresponda a la naturaleza del conflicto de intereses, sin devolver el proceso a la instancia inferior.

2.Si se trata de la causal precisada en el inciso 3. del artículo 386, según sea el caso:

2.1.Ordena que el órgano jurisdiccional inferior expida un nuevo fallo.

2.2.Declara insubsistente lo actuado hasta el folio en que se cometió el vicio que determinó la sentencia casatoria.

2.3.Declara inubsistente la sentencia apelada y que el Juez que la expidió lo haga nuevamente.

2.4.Declara insubsistente la sentencia apelada y nulo lo actuado hasta el folio en que se cometió el vicio que determinó la sentencia casatoria.

2.5.Declara insubsistente la sentencia apelada, nulo lo actuado e inadmisible o improcedente la demanda.

En cualquiera de estos casos, la sentencia casatoria tendrá fuerza obligatoria para el órgano jurisdiccional inferior.

[15] Código Civil. Artículo 1302.- Por la transacción las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado.

Con las concesiones recíprocas, también se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes.

La transacción tiene valor de cosa juzgada.

[16] Constitución. Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

(…)

8.- El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.

[17]Código Procesal Civil, Título Preliminar, Artículo III.- Fines del proceso e integración de la norma procesal.- El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia.

En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atención a las circunstancias del caso.

[18] Código Civil. Artículo 1312.- La transacción judicial se ejecuta de la misma manera que la sentencia y la extrajudicial, en la vía ejecutiva.

[19] Código Civil. Artículo 1985.- La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadoras del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño.

[20] Código Procesal Civil, Artículo 337.‑ Homologación de la transacción.‑ El Juez aprueba la transacción siempre que contenga concesiones recíprocas, verse sobre derechos patrimoniales y no afecte el orden público o las buenas costumbres, y declara concluido el proceso si alcanza a la totalidad de las preten­siones propuestas. Queda sin efecto toda decisión sobre el fondo que no se encuentre firme.

La transacción que pone fin al proceso tiene la autoridad de la cosa juzgada. El incumplimiento de la transacción no autoriza al perjudicado a solicitar la resolución de ésta.

Si la transacción recae sobre alguna de las pretensiones propuestas o se relaciona con alguna de las personas, el proceso continuará respecto de las pretensiones o personas no comprendidas en ella. En este último caso, se tendrá en cuenta lo normado sobre intervención de terceros.

Con la transacción judicial no se puede crear, regular, modifi­car o extinguir relaciones materiales ajenas al proceso.

[21] Código Procesal Civil. Artículo 335.‑ Requisitos de la transacción.- La tran­sacción judicial debe ser realizada únicamente por las par­tes o quienes en su nombre tengan facultad expresa para hacerlo. Se presenta por escrito. precisando su contenido y legalizando sus firmas ante el Secretario respectivo.

Si habiendo proceso abierto las partes transigen fuera de éste. presentarán el documento que contiene la transacción legalizando sus firmas ante el Secretario respectivo en el escrito en que la acompañan, requisito que no será necesario cuando la transacción conste en escritura pública o docu­mento con firma legalizada.

[22] Código Civil, Artículo 1307.- Los representantes de ausentes o incapaces pueden transigir con aprobación del juez, quien para este efecto oirá al Ministerio Público y al consejo de familia cuando lo haya y lo estime conveniente.

[24] Código Procesal Civil, Título Preliminar, Artículo VI.- Principio de Socialización del proceso.- El Juez debe evitar que la desigualdad entre las personas por razones de sexo, raza, religión, idioma o condición social, política o económica, afecte el desarrollo o resultado del proceso.

[25] Código Civil, Título Preliminar, Artículo IV.- La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía.

[26] Código Procesal Civil, Artículo 2.- Ejercicio y alcances.- Por el derecho de acción todo sujeto, en ejercicio de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y en forma directa o a través de representante legal o apoderado, puede recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo la solución a un conflicto de intereses intersubjetivo o a una incertidumbre jurídica.

Por ser titular del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el emplazado en un proceso civil tiene derecho de contradicción.

[27] Constitución. Artículo 139º. Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

(…)

3. La observación del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.

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