LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

“LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, NECESIDAD, MEDIO Y POSIBILIDAD DE ALCANZAR LA JUSTICIA”

 

En la internacionalización de la justicia en el tema de la justicia penal internacional, lo primero que se debe preguntar es si existe éste término internacional de justicia, en normas, en convenios que regulan determinados tipos delictivos que afecten fundamentalmente a crímenes de lesa humanidad.

Existen ejemplos en al ámbito del individuo, en el ámbito de la justicia entre estados, en las relaciones entre los estados, como el del Tribunal de la Haya que absuelve conflictos a modo de arbitraje, pero realmente todavía no existe un sistema internacional de justicia.

Hay múltiples crímenes internacionales que atacan más directamente a la comunidad internacional: como el genocidio, crímenes de lesa humanidad o de agresión o de guerra, los mismos que se recogen en la norma del estatuto de la corte penal internacional.

Hay otros crímenes que también afectan a la comunidad internacional en mayor o menor medida: el narcotráfico, el terrorismo, la criminalidad económica, los que se constituyen en los principales cánceres de la sociedad moderna, aunque no parezca real, es en el sistema democrático donde con mayor frecuencia se develan los anteproyectos peores de la corrupción pero afortunadamente, también existen los mecanismos para hacerle frente o de lo contrario cabe la posibilidad de ponerlos en marcha.
A este nivel, existe una auténtica conciencia desarrollada en los últimos años, en que se activa todas las alarmas de los diferentes países de la comunidad de naciones, naciones unidas, y en al ámbito regional más reducidas como puede ser Mercosur o la comunidad europea, o el centro de Europa, otras formas de instituciones unas con fuerzas normativas y otras sin ellas, pero que han coincidido o están empezando a darse cuenta de que es imposible hacer frente a fenómenos complejos como el de la corrupción, como el de la criminalidad organizada con carácter flagrante, si no se ponen en común los mecanismos de alcance equivalente para prevenir. Hoy en día cualquier comportamiento, de la corrupción, es muy difícil, salvo casos aislados, que afecten exclusivamente a un país y que no tengan un reflejo internacional, por cuanto en el centro de la cuestión, magma fundamental, es el poder económico, el poder económico no tiene fronteras, tan globalizado es, que para bien o para mal es una realidad que es imposible de evitar. Existen delitos que avalan, sino la existencia pero sí la necesidad de un Sistema Internacional de Justicia Penal, a cargo de principio de Justicia Penal Universal. Desde hace muchos años se viene hablando sobre la conveniencia de la operación de una Corte Penal Internacional, no es de ayer sino de 1872 cuando se plantea por primera vez la necesidad o la conveniencia de una Corte Penal Permanente, planteamiento realizado por el fundador del Comité Internacional de la Cruz Roja. Después, como consecuencia del breve análisis histórico de la primera guerra mundial, en el tratado de Versalles de 1919, se planteó por primera vez la iniciativa de enjuiciamiento por parte de las naciones vencedoras respecto del vencido, en concreto en la persona del Káiser Guillermo, la rendición ante una Corte Internacional. Se estableció, hubo posibilidad de juzgamiento pero finalmente se refugió en Holanda, pero Holanda no accedió a la entrega del mismo, por lo que aquella primera iniciativa quedaba frustrada y no sería hasta, desgraciadamente, después de 1948, los Tribunales Penales Internacionales de Nuremberg y Tokio, tribunales que eran tribunales militares, que fueron constituidos por las potencias vencedoras sobre las vencidas y se integraron por jueces militares, aunque también participaron jueces civiles en el desarrollo del mismo pero aplicando el sistema de justicia militar. Decía el fiscal Jackson, que era el fiscal jefe miembro del tribunal supremo en USA que realizó el acta acusatoria en el tribunal de Nuremberg, que era triste que las naciones vencedoras fueran las que tuvieran que aplicar una sanción y juzgar a las naciones vencidas pero que aún así los países vencedores, deberían de aplicar con criterio y con rigor las normas, porque sino sería establecer un precedente que a la larga podría ponerse en contra de quienes la aplicaron. Al margen de las consideraciones que merezcan, los tribunales o el desarrollo de las actuaciones de los tribunales de Nuremberg y Tokio, lo cierto es que se estableció un precedente internacional importantísimo del cual han emanado, con posterioridad, todas las normas que finalmente en julio de 1998 han cuajado, por fin, en el estatuto de la Corte Penal Internacional, que ya en 1950 se anunciaba la necesidad de la misma, casi han tenido que pasar 50 años para que sea una realidad, pero antes bien de criticar la norma, tenemos que regocijarnos porque siendo, una norma de contenidos mínimos, quizás era la única norma posible que se podía adelantar para conseguir el mayor número de ratificaciones posibles y el mayor número de firma previas posibles, 120 países ya la han firmado, y Uno de los últimos sorpresivamente por decisión del presidente saliente de USA, Bill Clinton, el 31 de diciembre de 2000, sorpresiva, porque ya no tanto fue sorpresa sino con premeditación la nueva administración ha dicho que se va a replantear la propia firma del tratado, en cualquier caso no era previsible que lo firmaran y junto con otras medidas de última hora se debe agradecer ese gesto de USA de haber firmado una convención que, desgraciadamente, con casi toda seguridad nunca participará, pero bueno, también sucede esto con otros o muchos convenios internacionales que nunca han ratificado y sin embargo se aplican en todo el mundo.

La norma del estatuto de Roma prevé para su entrada en vigor que sean 60 países los que ratifiquen, a partir de ese momento comenzará la entrada en vigor de esta compleja norma del 17 de julio de 1998, y posibilitará la constitución, la formación de una corte penal internacional permanente.

Hasta el día de hoy no ha habido ninguna otra aplicación de la justicia penal internacional, excepción hecha de los tribunales de Nuremberg y Tokio, obviamente hoy, como se sabe, existen dos tribunales penales internacionales en función, son los tribunales penales que se llaman ad-hoc, es decir, para un caso y los son los que están constituidos para el enjuiciamiento, investigación y judiciamiento de los crímenes cometidos como consecuencia en el conflicto de la ex Yugoslavia y el mismo conflicto producido en Ruanda como consecuencia de la confrontación de las etnias tutsis y hutus y el conflicto central o principalmente centrado en Bosnia y en Kosovo. Con lo señalado, queda un poco esbozado cuál es el sistema actual, pero está incompleto, está incompleto porque nos falta acudir a lo que los diversos sistemas legales de cada uno de los países pueden prever y de hecho prevén para la aplicación del principio de justicia penal criminal. Por tanto, tres son las formas posibles de abordar la investigación, persecución y enjuiciamiento de crímenes internacionales, entre los que se incluye, como apuntaba al principio, el delito de genocidio, el crimen internacional de tortura, los crímenes de lesa humanidad, el de agresión que todavía está por definir y los delitos de guerra.
Cuáles son esas tres formas, dos ya se ha señalado, una la Corte Penal Permanente que todavía no existe formalmente constituida, otra la de los Tribunales Penales Internacionales Ad-Hoc, y la tercera, la aplicación en cada uno de los sistemas que así lo prevean legalmente del Principio de Justicia Penal Universal.

Cómo se compaginan o cómo se engrapan unos y otros, en cuanto a la corte penal permanente cuando desarrolle su actividad, obviamente, tiene preferencia en relación respecto de todos los demás, salvo cuando en el propio país donde se haya producido el delito o hecho delictivo se esté investigando, se haya enjuiciado y se haya condenado en su caso. Cuando se trata tribunales penales ad-hoc, el problema que hay con este tipo de tribunales es que exige de hecho, la decisión del consejo de seguridad de las naciones unidas, digo de hecho, porque de derecho cabe la posibilidad de la formación de estos tribunales penales internacionales ad-hoc por decisión convencional, es decir, por los distintos países afectados que elaboren un convenio internacional, lo ratifiquen y a partir de allí es norma para todos ellos, o bien por decisión de la asamblea general, como sabemos hacen recomendaciones y por tanto carece de fuerza coactiva si no es por una posterior ratificación por cada uno de los países y la tercera, que precisamente es la menos legal de las tres, es la de la creación por el consejo de seguridad de las naciones unidas, que es un órgano político dentro de lo que es el sistema de las naciones unidas y que por tanto no debería detener capacidad de crear este tipo de tribunales, sin embargo, la constitucionalidad, la legalidad de los dos que actualmente están funcionando y que no han sido en virtud de decisiones del consejo de seguridad de naciones unidas, ha sido reconocida entre otras por la sentencia de 1995 y 1997 de los tribunales de la ex Yugoslavia y Ruanda.

Qué sucede, con qué problema se presenta la decisión del consejo de seguridad de naciones unidas, como sabemos, hay una serie de miembros inaptos, cinco, entre ellos Inglaterra, Francia, Rusia, China y USA que tienen derecho de veto, tanto es así que el acuerdo unánime de estos cinco estados, cinco países, aunque la decisión sea por mayoría hasta los nueve que conforman el consejo de seguridad, basta que uno de ellos diga que no a la constitución de este tipo de tribunales para que no se produzca, y tenemos ejemplos históricos siempre idénticos, por ejemplo, ningún recuerdo puede ser que quede ya en la mente de casi nadie en el mundo sobre el genocidio de a partir de los años 53, principalmente en el 58,se produce como consecuencia de la invasión por parte de la China al Tíbet, fueron más de 2 millones de personas, autóctonas del Tíbet, las que perdieron la vida como consecuencia de la acción violenta sistemática de China sobre este pueblo, que además incluso, eso será digno que en su momento el tribunal penal internacional cuando se constituya, se pronuncie de que todavía al día de hoy se está produciendo el fenómeno del genocidio en el Tíbet. Como vital detalle hay una norma para controlar la natalidad en China, que sé prohíbe, para resumir a grandes rasgos, tener más de un hijo con la idea de que la superpoblación no siga creciendo de manera geométrica, sin embargo, en el Tíbet la norma es inversa, sé prohibe a los matrimonios tibetanos tener más de un hijo y se incentiva a los matrimonios chinos cuando tienen uno, dos o más hijos, con lo cual nos encontramos que al día de hoy se ha producido una inversión en la formación del Tíbet, y hay dos tercios de la etnia china y un tercio de la etnia autóctona del Tíbet, por tanto, es evidente que el genocidio continúa, si continúa, en algún momento cuando entre en vigor el estatuto de la corte penal internacional, debería pronunciarse al respecto. Hay otro ejemplo, el de los gemelos rojos en el régimen de Pol Pot en Camboya, donde no ha sido posible todavía una decisión unánime del consejo de seguridad, porque China se opone a que se constituya un tribunal penal internacional, aunque últimamente a partir del mes de noviembre del pasado año casi hay un principio de acuerdo para constituir ese tribunal penal internacional. Tal es el ejemplo de Indonesia con Suharto, ha sido China también en este caso, no es que se cargue las pilas contra China, sino porque la incidencia geográfica es evidentemente, la que marca el interés de una nación en concreto que es la reflexión final que se quiere establecer en este apartado, la que impide que se constituya ese tribunal penal internacional, es decir, el interés económico o de otra índole pero principalmente económico de una de las superpotencias, en un lugar geográfico determinado, determina la no creación, en gran medida, la creación o que se retrase más o menos la entrada en vigor de determinado tipos de normas que afectan a la protección de derechos fundamentales y que van en contra de la violación masiva de los testimonios.

La gran ventaja de la Corte Penal Internacional, el estatuto que la regula, es que ya no va a ser necesaria para la constitución de esa Corte Penal Internacional la decisión unánime de los cinco miembros del consejo de seguridad de naciones unidas, este conjunto de debate y de fricción importante a lo largo de los debates en Roma de junio y julio de 1998 porque los países de derecho de veto querían también aquí que se estableciera una suerte de veto que impidiera determinadas investigaciones de la Corte Penal Internacional.

Finalmente lo que se consiguió, el artículo 16 del estatuto, fue que todo lo de más y por decisión mayoritaria, por lo cual ya no es relevante el derecho de veto, es decir, puede haber una mayoría de 4, de 5 o de 6, independientemente de quien vote pueden suspender la investigación o el inicio de una investigación durante un año, prorrogable por otro, pero a partir de allí ya no hay ninguna posibilidad de veto alguno. Eso es uno de los problemas de los Tribunales Penales ad-hoc. Cuándo cabe la tercera forma, es decir, cuándo cabe que un país determinado investigue hechos que no han sucedido en su propio territorio, en el territorio jurisdiccional, cuando se extiende la soberanía política del país al que corresponde y, en virtud de la aplicación del Principio de Justicia Penal Universal, puede extender su jurisdicción a otros ámbitos territoriales. Ese principio debe de estar inserto dentro de la legislación internacional correspondiente, si hablamos de genocidio, tiene que estar prevista la posibilidad de la convención contra el genocidio de 1948, y lo está en el artículo 6 de la misma; si hablamos de tortura, cuando la tortura es un crimen internacional y no un crimen local, si fuera local sobra todo lo que estamos diciendo, aunque el delito de genocidio es por naturaleza un crimen internacional, no así el de tortura, también se prevé el principio de jurisdicción universal, de modo que todo país que haya ratificado la convención sobre la tortura tiene la obligación de perseguir el crimen internacional de tortura aunque no se haya cometido en su territorio, de modo que aunque ante una eventual reclamación por parte de un tercer país, si denegara esa entrega de la persona o personas afectadas, estaría obligada a juzgarlas de acuerdo con las propias normas de la jurisdicción nacional. En España existe el artículo 23° de la ley orgánica del poder judicial, el artículo 23° establece en el punto 4 un principio de jurisdiccional penal universal para determinar formas de delitos. Esas formas de delitos son las que al principio enunciamos, el narcotráfico, el terrorismo, crímenes de lesa humanidad, genocidio, también otros tipos de crímenes como puede ser la falsificación de monedas que por otro tipo de intereses y además en aplicación de la convención internacional sobre esta materia, se prevé prácticamente en todos los sistemas jurídicos y en todos los estados la persecución de la falsificación de monedas. Prevé la posibilidad, por tanto, de que la jurisdicción española persiga crímenes que no han sido cometidos en su territorio con independencia de la nacionalidad de las víctimas y con independencia de la nacionalidad de los agresores, es de gran importancia este principio porque de alguna forma los países que lo prevén cierran el ciclo de modo que no quede, en teoría, ninguna conducta impune cuando afecta derechos que violan o que atacan a la comunidad internacional, que son los que se ha señalado.

Obviamente, la aplicación de este principio presenta bastantes problemas, no tantos jurídicos sino de otra índole que se derivan principalmente de la aplicación de un planteamiento sobre la soberanía política o la extensión de la soberanía política cuando se trata de la aplicación jurídica de este principio. Dentro del estatuto de la Corte Penal Internacional, se trata de una norma complejísima que ha supuesto infinidad de problemas, pero que no se sabe bien porque las cosas suceden así, está marchando con una velocidad de crucero mucho mayor de lo que los más optimistas preveían; el día 24 de enero de 2001, Argentina ha ratificado el estatuto de la corte penal internacional, que todavía no ha decodificado el instrumento, en la sede de naciones unidas, pero es evidentemente ya está aprobado la ley de ratificación, por lo cual ya son 28 los estados de los 60 que son necesarios para que la corte inicie su andadura, y da igual que no estén los más poderosos ni los más grandes, basta con que hayan 60 para que en forma inmediata comience la vigencia del estatuto y a partir de ahí los delitos que se cometan serán objeto de investigación, persecución y sanción por parte de la corte internacional, con las limitaciones que establece el propio estatuto. Existen algunos principios, algunos datos, que resultan simples: el primero de ellos es que no se juzga al tacto, gran avance del estatuto es que rige el principio de culpabilidad personal, se va a enjuiciar a personas que cometen delitos, no a acusados que han motivado la agresión o el inicio de hostilidades dentro de cuyo marco se produce el delito que estamos enjuiciando. En segundo lugar, rige el principio de legalidad, o irretroactividad, lo cual significa que ninguna de las acciones delictivas que podamos definir o tipificar como integrados en los artículos del estatuto, que se hayan producido antes de entrar en vigor el estatuto va a poder ser perseguida por la Corte Penal Internacional. Esto tiene explicación, por ejemplo cuando se trata del delito de agresión que no está definido todavía y que probablemente se haga, pero no se entiende muy bien cuando se trata de delitos que ya están definidos con los mismos elementos que aparecen en el estatuto, como sucede con el delito de genocidio, pero obviamente, fue una decisión “necesaria” que se impuso para la firma de muchos países que tenían dentro de sus fronteras graves problemas de violaciones de los derechos fundamentales y que de no haberse introducido esta limitación podían verse sometidos a enjuiciamientos por parte de la Corte Penal Internacional donde no van a poder o no se podrían oponer, en un sistema de justicia internacional, leyes de amnistía y leyes de indulto y decretos de indulto y cualquier medida de gracia que contraviniera el orden jurídico penal internacional, como sucede en la actualidad en los que se ha pronunciado, reiteradísimamente La Comisión de Derechos Humanos, La Corte Interamericana, La Asamblea de Derechos Humanos de Iberoamérica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y tantos otros que no son de modo alguno vinculantes este tipo de normas que garantizan la impunidad dentro de las fronteras de un país determinado; por tanto están sometidas, si de aplicación del derecho penal internacional se hable, a ese principio de justicia penal internacional, y por tanto no pueden oponerse dichas normas. Hay en el artículo 7 del estatuto, que tipifica los crímenes contra la humanidad, una referencia interesante a dos aspectos que se refieren al propio encabezamiento de la norma y al delito de desaparición forzada. En el encabezamiento de este artículo habla que se entiende o que se va a perseguir los crímenes contra la humanidad, que después se enumera en un catálogo bastante amplio cuando supongan ataques contra la población civil, e introduce la expresión activamente. En el encabezamiento de este artículo no se incluía el adverbio “activamente”, pero en la discusión de las normas y de los procedimientos de los crímenes que después de julio del 98 se llevaron adelante y que concluyeron el 30 de junio en Naciones Unidas, en New York, introdujeron los delegados esta matización, este adverbio “activamente” y que puede tener importantes consecuencias. Se habla de políticas activas que perjudiquen o que ataquen a la población civil, no es que inmediatamente los penalistas se tienen que plantear qué pasa con los comportamientos omisivos, esa pasividad, en principio, quedaría al margen, es decir la omisión o incluso la comisión por omisión quedaría excluida en la persecución de las personas concretas que desarrollan esa política omisiva, es un matiz importantísimo el que por esta vía indirecta y las normas de los procedimientos y de los elementos de los crímenes tienen el mismo rango que el propio estatuto, se han derogado, se han modificado el artículo 7 del estatuto de Roma, tendremos que esperar en todo caso al inicio de las sesiones de la Corte Penal Internacional para saber si efectivamente esta introducción de esta limitación evidente tiene materia suficiente para determinar un pronunciamiento de la Corte. La segunda cuestión era la desaparición forzada de personas; la desaparición forzada, por primera vez, en un texto internacional de alcance sustantivo hasta ahora, si bien es verdad existe la convención iberoamericana de desaparición forzada de personas y la declaración de naciones unidas y el proyecto de convención dentro de las Naciones Unidas sobre la desaparición forzada de personas, no existía el delito de desaparición forzada de personas y no existe en muchas legislaciones, entre otras la propia legislación española, aunque sí se habla de otras formas con las que se les puede asimilar a esta figura delictiva. Hay países como una gran parte de Latinoamérica que han sufrido en forma especial esta forma de delincuencia de desaparición forzada de personas y obviamente, también, en el Perú se ha producido ese fenómeno como se ha puesto a relieve de manifiesto en distintos informes nacionales e internacionales. La desaparición forzada de personas puede ser una forma de tortura también, se prevé como desaparición forzada en el artículo 7 y también el artículo 7 habla de la tortura en sí misma considerada.

Por tanto, nos encontramos sin ningún problema de entendimiento en cuanto a cada una de estas dos figuras separadas, en cuanto a la primera como forma de la segunda, es decir, la desaparición forzada de personas como una forma de tortura, no está establecido en ningún sitio que esto sea así, pero sí ha producido una importante jurisprudencia internacional en torno ha ésta materia tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En los que sin lugar a dudas se establece, al margen de otras declaraciones de los Comités de Naciones Unidas de Derechos Humano y contra Torturas, etc., pero que no son o que no tenían carácter jurisdiccional establecen que la desaparición forzada de personas es una forma de tortura psicológica respecto de los familiares de la propia víctima desaparecida, y en tanto en cuanto no se produzca una información o razón cierta del paradero de la víctima por parte de aquellos que determinaron la desaparición o ejecutaron directamente o la permitieron. Al respecto, son de interés citar los casos de Blake, de enero de 1998 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia de 18 de mayo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que se resuelve el caso de una madre que reclamaba el conocimiento del paradero de su hijo contra el Estado de Turquía, y se condena a Turquía por no dar razón del paradero de la víctima. El problema es que la desaparición forzada de personas se interpreta o puede interpretarse como un delito complejo que no hay problema, porque afecta múltiples bienes jurídicos pero también y además como un delito permanente. Delito permanente significa que tanto en cuando no se hagan cesar los efectos, es decir, no aparezca la víctima o no se dé razón del paradero de la víctima, se continúa cometiendo el delito día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, y por tanto si esa situación se prolonga hasta la entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional a partir de ese momento podrá o podría ser competente para enjuiciar delitos de desaparición de personas que hayan sido cometidos con anterioridad de la entrada en vigor del Estatuto de la Corte Penal Internacional, porque no será ya la aplicación retroactiva de la norma sino que será la aplicación del derecho constante vigente a partir de que entre en vigor y se siga produciendo las situación de permanencia delictiva. Esto no es un axioma, es una opinión y una corriente científica, ni siquiera propia sino que se defiende por un sector de la doctrina científica y que sin lugar a dudas no se sabe si prosperará o no, lo que sí se puede decir es que se produjo bastante revuelo cuando se planteo la cuestión en la discusión de las normas de procedimiento, incluso se trato de introducir una nota a pie de página para que de alguna forma esto se limitara, porque algunos países indicaron que no continuarían la discusión de la norma sino se aclaraba éste concepto, finalmente no se aclaró en el sentido que pretendía éste grupo de países, sino que está allí aplazado a que se produzca el momento adecuado de la entrada en vigor del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

La Corte Penal Internacional obviamente no es una panacea para hacer frente a las violaciones masivas de derechos fundamentales, ni siquiera como se señaló al principio es la mejor norma que se pudiera haber hecho, aunque sí es una norma de equilibrios, de mínimos y por tanto, es conveniente y necesaria apoyarla y cada uno de nosotros, cada institución, cada organización que pueda tiene la obligación ética de propiciar que cada uno de los países ratifique cuanto antes ésta norma; la persecución penal de los delitos es una obligación ética, es una necesidad jurídica y es políticamente inaplazable. No es ni siquiera la mejor norma pero es la que tenemos y desde luego es lo que es en gran medida en virtud o por la labor de la sociedad civil, la importantísima intervención de las Organizaciones no Gubernamentales en el desarrollo tanto de las normas del Estatuto como de las discusiones sobre normas de cumplimiento y elementos de los crímenes y actualmente sobre la financiación ha sido tan decisiva que habría existido o no el Estatuto pero desde luego sería otro diferente, son más de mil cien organizaciones coligadas bajo la coalición de organizaciones no gubernamentales que han seguido de cerca, han apoyado, han dado incluso cobertura a países que no tenían posibilidades económicas ni conocimiento de la materia y han conseguido que efectivamente se esté avanzando por un camino que al final beneficia a todos. La importancia de la Corte Penal Internacional es doble, una en el ámbito preventivo y otra en el ámbito represivo. En el ámbito preventivo, su mayor logró es la propia existencia es decir, la consciencia, la seguridad de que violaciones masivas de derechos fundamentales en cualquier momento, sea en época de conflicto o de paz, va o puede ser sancionado, la misma amenaza legal que existe en la jurisdicción nacional de cada uno de los países; y represiva en la aplicación de una norma compleja porque aglutina no sólo derechos y deberes sino normas de derecho totalmente opuestos como puede ser anglosajón, el continental u otros de contenido de países árabes o de normas normativas que contradicen principios que para algunos países son evidentes, en cambio para otros no lo son tantos, pero en todo caso va haber la posibilidad que se aplique por igual a todos los países del mundo, se haya o no ratificado la Corte Penal Internacional. Es decir no por el hecho de que Estados Unidos, Irak, Libia, Rusia o China no ratifiquen el Estatuto de la Corte Penal Internacional, no van a ser exentos de la posibilidad de ser sometidos a enjuiciamiento, por tanto la jurisdicción es universal y por tanto aplicable a todos aquellos que desarrollen el tipo penal que se recoge en la norma; de todas formas habrá, hasta que ésta norma inicie su andadura y desde luego no se puede estar de acuerdo con la afirmación del presidente del Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el senador Jesey Hells, que es uno de los copatrocinadores de la Ley Hells-Bartronx, dijo en una carta a la Secretaría de Estado Margaret Alwright, el 16 de mayo de 1998, cuando dijo que el Estatuto que se pretendía aprobar en Roma era una norma muerta antes de empezar; pero los acontecimientos están demostrando lo contrario, probablemente en un tiempo no demasiado largo, a lo largo del 2001 se tenga los 60 países que han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional y las albricias de un nuevo organismo que sin lugar a dudas puede ser el gran fracaso de una ilusión desvanecida o el gran éxito de la comunidad internacional para perseguir las violaciones de derechos humanos vitales, más lacerantes para toda la comunidad internacional.

(*) Resumen de la conferencia realizada por el Dr. Baltasar Garzón Real, celebre juez español del caso Pinochet, realizada el 24 de enero de 2001, en el Colegio de Abogados de Lima, denominada “La Internalización de la Justicia y los Derechos Humanos”.

 

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