La Buena Fe

La Buena Fe

Aproximaciones a una Categoría de Imprecisos Contornos

 

            Entre las expresiones técnicas que han trascendido del Derecho Romano a la terminología jurídica actual se cita la de buena fe, buona fede, bonna foi, boa-fé, good faith, treu und glaubenW En el orden gramatical la bona fides, como la nombraron los romanos, era sinónimo de honradez, honorabilidad, leal comportamiento. Nos da cuenta VON THUR que la buena fe era entendida en varias aristas del Derecho como bonae fidei possessor, en sede de obligaciones, como error excusable acerca de una situación jurídica, cuando se trata de saber si el deudor queda liberado por pagar a quien no era el verdadero acreedor y en materia contractual para calificar a un tipo de contratos llamados bonae fidei, en contraste con los contratos stricti iuris, entendidos los primeros como aquellos en que el acreedor no podía exigir una prestación determinada de antemano, sino aquello que el deudor hubiera de dar o hacer según la buena fe y en vista de las circunstancias todas del caso. Aquí la buena fe era entendida en el parecer unánime de las personas razonables y honradas que se refleja en los usos sociales, y determina los derechos que en determinadas circunstancias corresponden al acreedor.

 

En el Derecho romano este concepto revestía particular importancia, llegando a constituir un principio rector en los negocios jurídicos. Quien obraba de buena fe, es decir, con rectitud, honradez, lealtad, fidelidad, gozaba de toda la protección que pudiera brindarle el ordenamiento jurídico.

 

El principio fides era examinado con referencia a cada negocio jurídico en particular; así, v. gr., en materia de obligaciones y contratos significaba la ausencia de dolo o fraude con respecto a la persona con quien se contraía el vínculo o se celebraba el contrato; en lo que se refiere a los derechos reales, significaba en lo que concierne a la persona de quien recibía la cosa, que ella podía transferir su dominio por el hecho de ser o creer ser su legítima propietaria.

 

La buena fe se ha impuesto como criterio moralizador del comercio o tráfico jurídico. Acudir a ella supone buscar una fórmula “que excede ampliamente el marco jurídico, (con) un profundo contenido ético que importa un obrar conforme a (sic) la honestidad, la lealtad y la previsibilidad. La conducta ajustada a este principio, lógicamente, genera la tan ansiada confianza, que constituye el ‘mejor clima’ para el desarrollo de negocios jurídicos y es la base de la seguridad jurídica, valor tan arduamente perseguido en todos los tiempos”.

Arguye De los Mozos que “en cuanto a su contenido material, la buena fe ‘representa una de las más fecundas vías de irrupción del contenido ético-social en el orden jurídico’. Es el puente que permite una tempestiva moralización de la vida económica de la sociedad. Como expresa Larenz la buena fe es reflejo de la dirección que ha de seguirse para buscar una adecuada solución “ajustándonos a las exigencias generalmente vigentes de justicia, al criterio reflejado en la conciencia jurídica del pueblo o en el sector de que se trate”.

 

En la propia doctrina peruana De la Puente y Lavalle explica que la buena fe es considerada en forma consensual por la doctrina como “un elemento de la vida de relación humana que se ha incorporado al Derecho, pero que este no lo ha recibido tal como es sino dándole precisiones técnicas, lo cual ha determinado que se convierta en un concepto jurídico. En otras palabras, la buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su contenido, sino la adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres en la esfera más amplia de todas sus relaciones, pero que ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos, convirtiéndola así en una buena fe civil”.

 

2. Dimensiones de la buena fe

Sin necesidad de reiterar en el plano dogmático las disquisiciones que en torno a las manifestaciones de la buena fe se han suscitado desde la doble dimensión objetivo-subjetiva o a partir de una concepción unitaria de la buena fe (?), resulta suficiente precisar que estamos frente a una figura que tiene dos aristas o vertientes, a mi juicio, delimitadas en su modo de actuación. “Sin perjuicio de reconocer que en un plano muy elevado la buena fe responde a una misma idea o a un mismo valor ético, a efectos de la aplicación del Derecho encontramos la buena fe en situaciones diversas. En estas situaciones los problemas son también diferentes y por ello es preciso caracterizarlas y tratarlas por separado”.

 

Buena fe subjetiva. Comprende el desconocimiento de un hecho, un estado psicológico, valorable jurídicamente a los fines de determinar el tratamiento que el sujeto ha de recibir. Es la convicción o persuasión de actuar conforme a derecho, sin lesionar los derechos de tercero. Sin desdén del contenido ético que está subyacente en ella. Según la profesora Ferreira Rubio, la “buena fe subjetiva es la condición de un sujeto en una situación jurídica dada, con referencia al conocimiento o grado de conocimiento que tenga de las circunstancias generales de la misma”, a lo cual agrega que la buena fe “resulta de cierto estado psicológico, de una convicción sincera del espíritu, que debe estar fundada, por cierto, con moderada razonabilidad, y no en el simple creer candoroso. Consiste en una firme persuasión sobre la legitimidad con que se adquiere y mantiene una determinada situación jurídica”.

 

Por último, debe tenerse presente que la buena fe subjetiva es la convicción razonada y diligente del contratante que se atiene a lo que surge de la apariencia.

 

Buena fe objetiva.- Como estándar o patrón de conducta, implica un espíritu de lealtad, hábito viril de firmeza, claridad y coherencia, fidelidad y respeto a los deberes que, según la conciencia general, deben ser observados en las relaciones jurídico-sociales. Es un criterio objetivo de valoración, un estándar o prototipo de conducta, fundado en las reglas objetivas que tipifican la honradez en el comercio o en las relaciones sociales. Se trata del patrón de comportamiento del hombre medio, de la conducta social media, de la de aquel que procede con cuidado y previsión, de conformidad con lo que verosímilmente ha entendido o pudo entender.

 

3. Buena fe en sede contractual

En el terreno contractual, que es el que nos concierne, el artículo en cuestión constituye el cuartel de la buena fe en su dimensión objetiva, si bien con algunos atisbos de su vertiente subjetiva. La buena fe negocial supone un comportamiento leal y honesto de los sujetos, incluso antes de concertar el contrato, en la etapa de tratativas, cuando aún solo puede hablarse de pretensas partes contractuales, en los albores del ítercontractual.

 

Esta buena fe se expresa en la confianza depositada para cada sujeto en el actuar del otro. Se trata de “un componente de lealtad hacia la consecución del fin propuesto en el mismo contrato, así como de protección a la confianza que cada parte deposita en el accionar correcto de la otra, como la base que permite mantener un sistema de contratación privada, que constituye un pilar fundamental de la economía”.

 

La buena fe negocial comporta un nivel de diligencia en el sujeto ajustado a determinados cánones o están dar de conducta, similar al del buen padre de familia romano, o sea un prototipo de conducta social media, ello a partir del entorno en que se desenvuelve el sujeto, o sea, las circunstancias de tiempo y lugar en que cada sujeto despliega un comportamiento, que las normas éticas exigen su adecuación al arquetipo de conducta que se impone a dicho sujeto, con independencia de su creencia, o sea, la buena fe actúa como un baremo de la conducta, no del conocimiento, creencia, estado psicológico, convicción, o persuasión de actuar conforme con la ley.

 

De esta manera, el artículo objeto de exégesis entroniza la probidad de los sujetos en el tráfico jurídico. La doctrina española que ha estudiado el tema a partir de la regulación de la buena fe en su función integrad ora del contrato, con sede en el artículo 1258 de su Código Civil, ha expresado que la buena fe en este orden tiene una proyección normativa: U(…) se trata de un parámetro normativo de la conducta debida en una relación contractual, como hemos descrito en otra parte”. Constituye un modelo de conducta con un componente de lealtad hacia la consecución del fin que las partes se proponen por una parte y, por otra, supone la protección a la confianza que cada una de las partes deposita en la otra. Conducta modélica que se eleva por el ordenamiento jurídico a parámetro jurídico, creador de deberes jurídicos específicos en las relaciones contractuales, a partir de la naturaleza de cada tipo contractual.

 

Resulta evidente que la buena fe en el Código Civil peruano padece de una asimetría en su regulación. El legislador sigue distintos niveles de regulación al elevarlo al campo de principio general del Derecho en el artículo 168 en sede de hermenéutica del acto jurídico, en tanto que en este precepto en concreto le da el tratamiento de regla conductual o de comportamiento de los sujetos. Estamos frente a un precepto de naturaleza imperativa, tal comportamiento en el actuar de los sujetos no puede ser apartado ad libitum por aquellos, sin quebrantar toda conducta ajustada a un proceder ético apropiado. Se trata de una tapia infranqueable por la autonomía de la voluntad, lo contrario sería dar cabida a un proceder antinatural).

4. La común intención

 

Quienes han estudiado el Código Civil peruano y, concretamente, el artículo que se comenta, arguyen que “la intención representa la dirección teleológica de la voluntad, es la voluntad dirigida a un fin”, la intención común “consiste en la unificación del querer de ambas partes en el propósito de crear una obligación jurídica, en lo que los alemanes llaman la ‘voluntad del negocio’, atingente al contenido jurídico del contrato y no a los fines prácticos”.

La común intención ha de ser interpretada en concatenación con lo regulado por el propio Código en su artículo anterior como voluntad común. Por ello pudiera coincidir, desde un sentido lato, con el profesor De la Puente y Lavalle en que la “común intención” de la cual habla el artículo 1362 del Código civil de 1984 debe ser entendida como la “voluntad común” mencionada en el artículo 1361 del mismo Código, o sea la absoluta coincidencia de las voluntades de las partes en relación con el objeto del contrato, que es la creación (regulación, modificación o extinción) de la relación jurídica patrimonial.

Ahora bien, no dejaría de ser interesante el hecho de que la común intención deba ser interpretada en correspondencia con la “voluntad común” regulada en el precepto atinente a la obligatoriedad contractual (1361), no tienen por qué ser identificadas a plenitud, una cuestión es que “deba ser entendida” y otra que realmente lo sean. Desde este ángulo de análisis tendría mejor cabida la posibilidad de que la común intención, derivada como regla según el animus legislatoris, parificada a la buena fe en su dimensión objetiva, resulte de aplicación a la primera fase, o sea la de negociación contractual, cuando no es posible hablar aún de partes contratantes, como lo hace el legislador, ni de voluntad común, pero sí de común intención de los sujetos tratantes. Extremo que preocupó al eximio profesor peruano cuando en su razonamiento lógico en pos de la aplicación de la voluntad común en las tres fases a las que alude el precepto en cuestión, deja en entredicho la existencia de una verdadera voluntad común en la fase de negociación(18), lo cual es cierto, mas no puede dubitarse que la intención común debe ser una regla informadora de esta etapa del íter negocial, en cuanto para iniciar las tratativas contractuales, se requiere una intención común de los sujetos interesados en tratar de formar el consentimiento contractual, lo cual no quiere decir que, en efecto, en esta fase los sujetos parten de intereses contrapuestos o divergentes, eje del futuro acuerdo de voluntades, pero es que el solo hecho de iniciar las tratativas requiere una intención común de los sujetos dirigida a llevar a buen fin esta etapa de formación del contrato, hasta concertarlo definitivamente.

 

5. Buena fe en el íler contractual

5.1. En la fase de negociación

La realidad negocial moderna exige, a la par que ha demostrado la necesidad

de que el deber de buena fe exista desde que las partes entraron en conversaciones con miras a la celebración de un contrato, esto es desde antes de que haya sido emitida una oferta, en el curso de los denominados pourparlers. De este modo, a partir del criterio que asigna fuerza vinculante a la oferta cuando esta ha sido emitida con un término de vigencia, la aceptación oportuna debe dejar formado el contrato y, por lo tanto, quedar obligado el oferente a cumplir o a indemnizar. En los otros casos, quien se retira sin razón de las tratativas solo debe indemnizar el daño al interés negativo, comprensivo de los gastos y del lucro cesante en cuanto haya derivado de haber estado pendiente de esas tratativas.

En la etapa de formación del contrato las partes deben comportarse de buena fe para no frustrar injustamente las tratativas contractuales, aunque todavía no haya sido emitida una oferta; y el oferente está obligado, conforme con esa regla y según las circunstancias, a poner al alcance del destinatario de la oferta información adecuada sobre hechos relativos al contrato que puedan tener aptitud para influir sobre su decisión de aceptar.

 

Con este precepto se ensancha el marco de actuación del comportamiento con probidad que exigía el artículo 1328 del Código Civil derogado de las partes contratantes en la etapa de ejecución del contrato. El legislador sin miramientos, en franca armonía con la etapa contractual propiamente dicha, impone un proceder de buena fe en el resto de las etapas negocia les, a mi juicio de palmaria naturaleza objetiva, o sea, en el entendido de la buena fe-lealtad. Es cierto que durante esta etapa no podemos hablar de la existencia de obligatoriedad para los tratantes, estos se comportan como tales y van en la búsqueda de un contrato que les resulte provechoso en sus intereses y apetencias patrimoniales. Los tratantes son libres de no continuar las tratativas, momento a partir del cual se daría inicio, a un nuevo fenómeno de igual naturaleza, a saber la gestación de nuevas tratativas. Si no se llega a la oferta contractual es porque, sencillamente, la etapa inicial de la formación del contrato se frustró. De suerte que el deber de actuar conforme con la buena fe no supone sujetarse al cumplimiento de lo que las partes van a intentar dilucidar durante esta fase. Tratar no es contratar, ni tampoco conduce inexorablemente a ello. Sucede como con los seres humanos. Hay personas que tienen predisposición genética respecto de determinada enfermedad, pero ello no implica que esta tenga que debutar en determinado momento. Se juega en el campo de las probabilidades.

 

El incumplimiento de las tratativas no es de por sí una de las fuentes de las obligaciones que consagra el Libro VII del Código Civil peruano. El deber de buena fe en este estadio lo que impone es diligencia y prudencia, del cual se derivaría la configuración de una mala fe culposa. Al comportamiento correcto se le adicionaría una conducta cauta y diligente, para velar por los intereses del contratante. Los tratantes desean asegurar sus respectivas posiciones y colocarse en las mejores condiciones para contratar.

 

Como apunta el profesor De la Puente y Lavalle “la conducta exigible a los tratantes para llevar a cabo las tratativas según las reglas de la buena fe debe juzgarse según el Standard jurídíco del hombre correcto y razonable, que actúa con diligencia ordinaria que corresponda a las circunstancias del tiempo y del lugar (lo que excluye necesariamente la intención de causar daño), con el propósito razonable de llegar a celebrar el contrato que se proponen, pero sin llegar a pedírsele que proteja los intereses de su, podemos lIamarlo así, adversario”.

 

Esto impone deberes de información, claridad, confidencialidad y custodia entre los tratantes, con la consiguiente responsabilidad por la ruptura injustificada de las tratativas contractuales o culpa in contrahendo, o sea, cuando uno de los tratantes rompe sin justificación válida tratativas que han sido conducidas de manera tal que han inducido al otro tratante a confiar razonablemente en la celebración del contrato. Se considera que en estos casos la responsabilidad surge, no de romper inesperadamente las tratativas, sino de haber inducido dolosa o culposamente a la otra parte a tener esa confianza. Responsabilidad que ha de cubrir el interés contractual negativo, es decir, el que tienen los tratantes de no ser lesionados por la realización de las tratativas, en razón de haber confiado en la lealtad con que estas han sido conducidas. La indemnización por la frustración de este interés cubre los daños sufridos por el tratante, tales como los gastos que no hubiera hecho si hubiera podido prever que el contrato no se celebraría, o el perjuicio que le depara haber perdido oportunidades o rehusado ofertas de otras personas.

 

5.2. En la fase de celebración

La segunda de las etapas comprende desde la declaración de la oferta por el oferente hasta el conocimiento por este de la aceptación del destinatario de la oferta, que da lugar a la celebración del contrato, incluyéndose en la etapa las posibilidades de la retractación de la oferta, la contraoferta y la retractación de la aceptación. La buena fe en esta etapa de la celebración del contrato no radica tanto en la lealtad que deben tener, respectivamente, el oferente y el destinatario respecto a sus propias declaraciones, en el sentido de estar obligados a respetarlas, sino en la creencia o confianza que adquieren sucesivamente el destinatario y el oferente respecto a que la declaración del otro responde a su voluntad. “El sujeto no solo debe creer en la correspondencia entre su propia voluntad y su exteriorización, sino en la correspondencia de la voluntad de la otra parte y su exteriorización. No es, pues, una regla de conducta impuesta, sino una confianza razonable en la otra parte”.

 

Hay buena fe objetiva desde que a cada parte se impone el deber de lealtad al formular lo mismo la oferta como la aceptación, en tanto también se exige buena fe subjetiva o creencia razonable de que las partes se están comportando honestamente, a que la declaración de voluntad contentiva de la oferta coincide con la voluntad del oferente y a que la aceptación por el destinatario también coincide plenamente con su deseo de perfeccionar el contrato proyectado. Se exigen en esta etapa los deberes de exactitud, claridad e investigación.

 

5.3. En la fase de ejecución

Creada la relación jurídica contractual, corresponde su ejecución, o sea, el deber de quienes fueron los artífices del contrato de ejecutar las prestaciones derivadas de cada una de las obligaciones nacidas de la peculiar relación jurídica en la que el contrato desemboca.

 

En esta etapa es en la que la buena fe objetiva tiene un rol de integración del contrato, o sea, el contrato obliga no solo a lo expresamente previsto, sino también a todo aquello a que conforme con la naturaleza misma del contrato y a tenor de la buena fe, deba derivarse. Tiene la buena fe la misión de integrar y corregir la voluntad privada que ha dado vida al negocio. Según López y López, esta hace producir efectos no previstos por la voluntad privada de las partes del negocio, en tanto fuente de integración del contrato supone la inexistencia de disposición alguna de las partes.

 

El profesor Lasarte expresa, no sin razón, que si bien la buena fe resulta un medio evanescente de integración del contrato, no por ello deja de ser menos importante. Con él -apunta el autor-, se trata de que los efectos del negocio se adecuen al ambiente normativo, de manera que se intenta evitar que la inexistencia de normas legales o de usos en sentido normativo, lleven a conclusiones injustas y reprobables por la conciencia jurídica. De ahí que la función que cumple sea la de adecuar o ajustar los efectos del contrato a las reglas objetivas de conducta honorable que el tráfico jurídico exige. Se convierte así a la buena fe en un criterio normativo, un constante criterio moralizador en manos de los tribunales, cuya aplicación no solo es necesaria, sino que debe verse incrementado.

 

Ella misma crea deberes para los contratantes, entre ellos un deber de honestidad, pero a la vez de cooperación. Este deber de ejecutar de buena fe tiene como contenido esencial el que se actúe lealmente a fin de que las prestaciones a cargo de una parte se cumplan de la manera que resulten más beneficiosas para la contraparte, aunque, desde luego, ello no imponga a la parte sacrificios desmedidos. Se trata de la buena fe en su dimensión objetiva, la cual genera obligaciones secundarias pues las vincula con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor, incluyendo a las consecuencias virtualmente comprendidas en él, acorde con su naturaleza, a las negociaciones previas, a la conducta ulterior, a las prácticas establecidas entre las partes, a los usos si no han sido excluidos expresamente, ya la equidad, teniendo en cuenta la finalidad del acto y las expectativas justificadas de la otra parte.

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2 comentarios en “La Buena Fe

  1. tu inforacion esta muy buena, gracias por subirla

  2. Muy bueno este trabajo, toca todos los aspectos necesarios de Derecho Civil, Privado y Comparado con respecto de aspecto que todo ser humano reconoce cuando se obliga o lo ablogan a negociar o contratar: La Buena Fe. Gracias!!!

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