PLENO JURISDICCIONAL LABORAL NACIONAL


PLENO JURISDICCIONAL LABORAL NACIONAL


En los días 27 y 28 de junio del año en curso, se reunieron en la Capital, la mayoría de Vocales de las Salas Laborales con la finalidad de llevar a cabo el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral, para analizar y discutir algunos puntos que generan diferencias interpretativas en la labor jurisdiccional y establecer criterios homogéneos de aplicación de las normas jurídicas respecto a determinados temas de importancia general. El último pleno jurisdiccional se había realizado en el año 2000. En esta oportunidad, concurrieron los magistrados de segunda instancia que resuelven problemas laborales en las diversas salas especializadas de todo el territorio nacional. También estuvieron presentes en la reunión algunos vocales de la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, que resuelven los recursos de casación en materia laboral. El hecho que estos últimos se hubiesen encontrado presente en la reunión, no significa que estén obligados por los términos de las conclusiones de dicho acuerdo, pudiendo darse un pronunciamiento contrario al resolverse un recurso de casación. Las conclusiones a las que se han arribado, constituyen una actualización de algunos criterios existentes, así como también otros nuevos. En esta ocasión analizaremos solamente algunos de los temas tratados.

ALCANCES DE LO ACORDADO EN LOS PLENOS JURISDICCIONALES:

No existe ninguna norma legal que determine la obligatoriedad de aplicación de lo acordado en estos eventos. Para darle plena validez a las conclusiones de un pleno se haría necesario proponer las medidas legislativas del caso, tal como se plantea en una de las conclusiones aprobadas.

ANÁLISIS DE ALGUNAS DE LAS CONCLUSIONES DEL PLENO:

PRIMERA CONCLUSIÓN:

“COMPETENCIA DEL JUEZ ESPECIALIZADO EN LO LABORAL PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE TRABAJO”.

La Conclusión Plenaria tomada con respecto al tema de la competencia con relación a las acciones sobre daños y perjuicios concluyó por mayoría en favor de la competencia del juez laboral para el conocimiento de las acciones de indemnización por daños y perjuicios derivados del contrato de trabajo. El criterio actualmente vigente señala:

1.- Que procede toda acción indemnizatoria por actos derivados del contrato de trabajo, tanto las acciones interpuestas por el empleador contra el trabajador, y por éste contra el primero.

2.- Que el Juez de Trabajo es competente para conocer las demandas por indemnización de daños y perjuicios, salvo aquellas en que se demanda daño moral.

La primera conclusión se sustenta en lo señalado en el inciso c), Numeral 2 del artículo 4º de la Ley Procesal de Trabajo, que considera a los Juzgados de Trabajo como competentes para conocer del “incumplimiento de disposiciones y normas laborales cualquiera fuera su naturaleza”. No creemos que el dispositivo, que hace referencia a incumplimiento de disposiciones y normas laborales, permita concluir que de allí se deriva la competencia de los juzgados laborales para conocer de demandas indemnizatorias por tratarse de temas distintos, ya que la ley distingue con claridad entre una y otra situación.

En primer término, existe el dispositivo aludido (Numeral 2, inciso c) del artículo 4º de la Ley Procesal de Trabajo) -referido específicamente al incumplimiento de normas laborales-, el inciso j) hace referencia a la indemnización pero solamente a las acciones que interpone el empleador en contra del trabajador, no habiéndose regulado expresamente la situación contraria. El acuerdo no toma en cuenta lo señalado en el inciso j) del dispositivo mencionado que le otorga a los jueces la competencia de conocer de las pretensiones sobre “Indemnización por daños y perjuicios derivados de la comisión de falta grave que cause perjuicio económico al empleador, incumplimiento del contrato y normas laborales cualquiera fuera su naturaleza por parte de los trabajadores”. El inciso c) establece la competencia solamente en función del incumplimiento de las normas, lo cual faculta al juez a ordenar su cumplimiento, pero no se extiende a la de disponer una indemnización a favor del trabajador (en la medida que la hubiera demandado). No se ha considerado de manera expresa, como correspondía de acuerdo con lo señalado en el artículo 5º del Código Procesal Civil,1 la indemnización de daños y perjuicios por incumplimientos del empleador con respecto al trabajador. Se ha regulado una situación especial referida exclusivamente a la eventual responsabilidad de los trabajadores que son los únicos mencionados en el inciso j), que señala la competencia del juez de trabajo para conocer de las demandas interpuestas por el empleador contra el trabajador en los casos de: “indemnización por daños y perjuicios derivados de la comisión de falta grave que cause perjuicio económico  al empleador, incumplimiento del contrato y normas laborales cualquiera fuera su naturaleza por parte de los trabajadores”. Aquí es donde hay que reflexionar si el legislador reguló de manera expresa el tema de la responsabilidad indemnizatoria de los trabajadores con respecto a los empleadores, (lo que resulta excepcional). Debe interpretarse que por no haber hecho lo propio con respecto a la responsabilidad del empleador derivada de los daños que pudiera haber originado el incumplimiento de sus obligaciones, su intención no era otorgar la referida competencia a los jueces de trabajo, lo que significa que estaría dentro de la competencia de los especializados en materia civil.

¿Cuál sería el motivo para que el legislador procediera en el sentido indicado?

Es posible que el legislador hubiese querido que el juez de trabajo, conociera de los reclamos de los empleadores contra los trabajadores, para eventualmente tomar en consideración y aplicar los principios propios del derecho del trabajo, lo que no sería del caso en la situación contraria. No se puede dejar de considerar que la competencia solamente se puede dar por ley, y no a través de una conclusión de un ” Pleno Jurisdiccional”. El tema fue objeto de un acuerdo similar en el Pleno Jurisdiccional del año 2000. En todo caso, lo conveniente sería, proponer una modificación al artículo 4º de la Ley Procesal de Trabajo para ampliar la competencia de los jueces de trabajo a todas las demandas por indemnización derivada del incumplimiento de obligaciones laborales.

SEGUNDA CONCLUSIÓN PLENARIA:

“LAS REMUNERACIONES DEJADAS DE PERCIBIR CON OCASIÓN DEL DESPIDO DE UN TRABAJADOR REPUESTO MEDIANTE UN PROCESO DE AMPARO, PUEDEN SER RECLAMADAS EN UNO DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O EN UN PROCESO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. ESTAS PRETENSIO NES PUEDEN DEMANDARSE EN FORMA ACUMULATIVA O EN PROCESOS INDEPENDIENTES”.

El problema planteado en el Pleno responde a una diversidad de criterios que se venían aplicando como consecuencia de las acciones de amparo que se habían iniciado en sede constitucional, frente a las que eran resueltas en la vía laboral ordinaria. Cuando se planteaba la impugnación de un despido alegándose su inconstitucionalidad, lo que se hace en la vía constitucional respectiva, al ampararse la demanda no se disponía el pago de remuneraciones devengadas bajo el argumento de la inexistencia de la prestación, por lo cual las remuneraciones devengadas no eran ordenadas, como si sucede en los casos de nulidad de despido sustentada en fundamentos legales y no constitucionales. Ello no significaba la posibilidad que el trabajador reclamara dicho pago por vía de la acción indemnizatoria, lo que estaba sujeto a la demostración de los perjuicios ocasionados en cada caso. La Corte Suprema ha emitido algunos pronunciamientos por los que ha considerado que el pago de las remuneraciones dejadas de percibir procede por el hecho de que al anularse el despido por vía de amparo, se considera éste inexistente, procediendo por lo tanto el pago de las remuneraciones dejadas de percibir por el trabajador. La conclusión del pleno establece que en la hipótesis señalada (anulación del despido por infracción constitucional), procede el reclamo por el pago de las remuneraciones no percibidas. Pero también establece la posibilidad de iniciarse el reclamo “… en un proceso de indemnización por daños y perjuicios”, aclarándose que estas acciones puede tramitarse “… en forma acumulativa o en procesos independientes”. De esta manera la conclusión tomada considera que la reclamación se puede dar en cualquiera de las dos vías, esto es, por vía de la reclamación de pago de beneficios sociales, y por la otra a través de la acción indemnizatoria por daños y perjuicios, así como ambas en forma acumulada.

TERCERA CONCLUSIÓN PLENARIA:

“LOS INTERESES LEGALES EN LOS PROCESOS DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, EN MATERIA LABORAL, DEBEN CALCULARSE A PARTIR DEL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO”.

Para analizar los alcances de esta conclusión debemos tener en cuenta que la fijación o determinación de intereses reposa en criterios diferentes:

1.- En lo que se refiere a la inejecución de obligaciones (aplicable al incumplimiento de obligaciones en dinero), se aplica lo señalado en el artículo 1324º del Código Civil esto es los intereses se devengan desde el día en que el deudor incurra en mora.

2.- En el caso de la responsabilidad extracontractual, de acuerdo con lo señalado en el artículo 1985º del Código Civil los intereses se establecen desde la fecha en que se incurrió en el daño.

3.- En materia de incumplimiento de obligaciones laborales la regulación se encuentra en la Ley 25920 que considera que procede el interés, desde el día siguiente del incumplimiento, sin necesidad que se exija el cumplimiento de la obligación o sin haber sufrido daño alguno, exceptuándose los intereses en caso de utilidades, con regulación propia, Decreto Legislativo Nº 892, que considera que se calcula el interés, desde la notificación con la demanda al emplazado.

4.- El que se aplica a las demandas indemnizatorias en que aplicaría el interés desde la fecha del emplazamiento de la demanda. En cuanto al criterio que sustenta la conclusión, de acuerdo con las ponencias presentadas para debatir el tema, este tendría como fundamento principal el artículo 1334º del Código Civil que establece que en el caso de obligaciones de dar suma de dinero que requiere de determinación por vía judicial, los intereses corren a partir de la fecha del emplazamiento, criterio que resulta acertado en cuanto a que el monto de una eventual indemnización depende de lo que se establezca por medio de la sentencia. El criterio es el más adecuado en razón de lo señalado y además porque no sería de aplicación lo indicado en el artículo 1985º del Código Civil que está referido a la responsabilidad extracontractual, para el cuál inclusive existe una prescripción reducida.

CUARTA CONCLUSIÓN PLENARIA:

(ADOPTADA POR UNANIMIDAD): “EXISTE SOLIDARIDAD EN LAS OBLIGACIONES LABORALES NO SOLAMENTE CUANDO SE CONFIGURAN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 1183º DEL CÓDIGO CIVIL SINO, ADEMÁS EN LOS CASOS EN LOS QUE EXISTA VINCULACIÓN ECONÓMICA, GRUPO DE EMPRESAS O SE EVIDENCIA LA EXISTENCIA DE FRAUDE CON EL OBJETO DE BURLAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES”.

El acuerdo adoptado ha sido complementado por la sugerencia de que se formule una propuesta legislativa en el siguiente sentido: “Solicitar a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República para que en ejercicio de sus facultades presente una iniciativa legislativa respecto a la solidaridad en materia laboral”.

La conclusión plenaria nos lleva a los siguientes comentarios:

1.- El sólo hecho de formular un planteamiento en el sentido indicado pone en evidencia que actualmente no existe, ninguna norma que permita establecer la responsabilidad solidaria que se declara. A pesar de ello, señalamos la insistencia de los jueces laborales que consideran vigente la referida solidaridad, a pesar de que ella no está regulada en el Código Civil (artículo 1183º).

2.- Otra demostración de la falta de normativa que sustente la conclusión, es que en el Proyecto de Ley General de Trabajo, se pretende regular el mismo tema en términos muy claros, inexistentes actualmente en nuestra legislación.

3.- Actualmente, en su mayor parte, el concepto de solidaridad de grupo se está resolviendo sobre la base de normas sectoriales que no tienen connotación laboral. Se extiende así indebidamente el concepto de grupo desde una perspectiva tributaria o bancaria a una regulación que no corresponde.

4.- El tema de la solidaridad resulta complicado. El sólo hecho de que exista una vinculación económica, o una empresa forme parte de un grupo económico, no debe significar la existencia de una solidaridad por el cumplimiento de los beneficios que incumpla el empleador. La solidaridad, impuesta a todas las empresas del grupo por esta vinculación plantea más dificultades que beneficios, y además crea condiciones para la formulación de toda clase de reclamaciones, lo que a su vez congestiona al Poder Judicial, porque la experiencia demuestra que siempre se demanda a todos los eventualmente responsables por el cumplimiento de la obligación, aún en los casos de solvencia del empleador. La existencia de esta clase de solidaridad dificulta la actividad empresarial, en tanto, que limita en la práctica el cambio de propietario de las empresas que pertenecen a un mismo grupo, ya que su pérdida (por transferencia de la propiedad) posiblemente sea resistida por los propios trabajadores.

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3 comentarios en “PLENO JURISDICCIONAL LABORAL NACIONAL

  1. Sobre la publicación efectuada por el Sr. Jorge AGUIRRE, respecto a la competencia de los Juzgados Laborales para el conocimiento de las acciones que por daños y perjuicios puedan interponer los trabajadores en contra de sus empleadores, no se ajusta a la realidad determinada en el Pleno que nos importa, pues esta claramente determinada que la competencia esta derivada exclusivamente a los Jueces Especializados en lo Laboral, no hay interpretación entre lineas sobre este asunto. Y sobre la conclusion a la que arriba el Sr. Aguirre es mas confuso que el pleno, pues si en algo estoy de acuerdo es en el hecho de no haber determinado cual de los tipos de daños involucra a los Laborales, a efectos de evitar interpretaciones antojadadas y parcialmente beneficiadores a ciertos grupos (obviamente de poder economico).

    Este pleno esta realizado con sujeción a lo dispuesto por la LOPJ que tiene rango de Ley, por lo tanto al determinarse acuerdo plenarios sobre determinados temas son de obligatorio cunplimiento, pues de lo contrario por que estaria contemplada en la norma que la origina….?

  2. Estos acuerdos de las Salas Laborales, son disposiciones si no bien son normas legales, pero si de obligatorio cumplimiento, en razón que en una Sala Superior al resolver un conflicto son tres Vocales, en la Suprema son cinco vocales supremos; pero en estos acuerdos intervienen casi la totalidad de los Magistrados, otorgándoles a estos acuerdos de estricto y cabal cumplimiento.

    ES DE VERSE, EN EL ACUERDO SOBRE QUE LAS REMUNERACIONES DEJADAS DE PERCIBIR SE CONCLUYE QUE: ” LA NATURALEZA DE LAS REMUNERACIONES DEJADAS DE PERCIBIR SON INDEMNIZATORIAS “, ASI SEÑALAN TAMBIEN EN INNUMERABLES EJECUTORIAS DE LAS SALAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL, esto es, que si mediante norma legal se dispone el pago de las remuneraciones dejados de percibir, LA NATURALEZA INDEMNIZATORIA O DE RESARCIMIENTO POR EL DAÑO CAUSADO DEBE SER REPARADO POR LA INFRACCIÓN QUE LA PRODUJO CUANDO EL CESE ES INJUSTIFICADO O INCONSTITUCIONAL.
    LAS REMUNERACIONES DEJADAS DE PERCIBIR SON DE CARACTER INDEMNIZATORIAS PORQUE EL PERJUICIO O DAÑO CAUSADO AL NO PODER COBRAR LAS REMUNERACIONES EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD TRAE CONSECUENCIAS MUY DESFABORABLES DIFICILES DE SOLUCIONAR, ESTE REQUIERE DE LA PLENA RESTITUCIÓN QUE LA INFRACCIÓN PRODUJO. IMAGINESE UNO DE LOS MILES DE CASOS; EL CESE DE UN TRABAJADOR QUE POR RAZONES NORMALES COMPRA UN TERRENO O CASA PENSANDO PAGAR CON SUS REMUNERACIONES POR LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS Y SE HAYA ADEUDADO CON UN FAMILIAR O UN PRESTAMISTA O EL BANCO, Y SE LE CESA DEL TRABAJO INTEMPESTIVAMENTE, COMO SOLUCIONARIA ESTE INMENSO PROBLEMA; EVIDENTEMENTE CON OTROS PRESTAMOS FAMILIARES, SI LOS TUVIERA, HASTA SABE DIOS CUANDO CONSIGA OTRO TRABAJO, PERO CON SEGURIDAD PIERDA SU TERRENO O SU INVERSIÓN, EL DAÑO SE PRODUJO, ES POR ESTA RAZON LA NATURALEZA INDEMNIZATORIA DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES DEJADAS DE PERCIBIR.

  3. Una consulta soy ex trabajador de una AFP y en mi calidad de afiliador la SBS me asigno un codigo, el cual en forma arbitraria me fue suspendido por cuanto dicha AFP me inicio procedimientos administrativos por afiliaciones que realize y que no me comunicaron que me las habian iniciado… (Mucho tiempo despues que fui despedido Actualmente tengo un proceso laboral por despido arbitrario con la AFP)… lo cual conlleva a que no hiciera los descargos, una vez realizados ante la SBS me levantaron la suspencion, la SBS determino que dichas afiliaciones eran correctas y no tenian sustento lo indicado por la AFP, quiero indicar que estuve suspendido en el primer caso por un periodo de 1 año y en el segundo ya van seis meses, lo que me ha impedido de laborar en otra AFP, la consulta es: Procede interponerle una demanda por indemnizacion por daños y perjuicios en la via laboral?, teniendo en cuenta los plenos jurisdiccionales sobre la materia y que me han privado de mi derecho al trabajo….
    Muchas Gracias.
    Carlos Ledesma

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