Detención Arbitraria

Si un requisitoriado es detenido sin mandato alguno, ¿se produce una detención arbitraria?

Mediante la STC recaída en el Exp. N. ° 2252-2007-PHC/TC, publicada en el portal institucional el 18/01/2008, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de hábeas corpus interpuesta por Hugo Quispe Vilca. Precisemos, en primer lugar, que la demanda fue declarada fundada en parte en segunda instancia, e infundada en la parte que se dirige contra el Capitán de la PNP. Así, el recurso de agravio constitucional lo formula cuestionando el extremo en el que se declara infundada la demanda.

Sobre el particular corresponde hacer algunas precisiones. Primero, el objeto del proceso de hábeas corpus no es la de determinar responsabilidades de los agresores, sino la de evaluar si un acto vulnera o no el derecho a la libertad personal o un derecho conexo a esta. En ese sentido, el artículo II del Título Preliminar, y los artículos 1 y 2 del Código Procesal Constitucional (CPConst.), señalan que son fines de los procesos constitucionales la protección de derechos fundamentales y la garantía de la supremacía constitucional, los cuales se logran, en el caso de los procesos constitucionales de la libertad, reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos alegados. Sin embargo, ello no obsta para que, en aplicación del artículo 8 del CPConst., el juez constitucional derive lo actuado al órgano judicial competente para que, conforme a sus atribuciones, sea el juez competente -penal- el que inicie las investigaciones y establezca las sanciones que corresponda. Pero debe tenerse en cuenta que esta no es la finalidad del proceso de hábeas corpus, sino solo una facultad que tiene el juez constitucional durante su conocimiento.

Ahora bien, se puede decir que el objeto de interponer el recurso de agravio constitucional cuestionando el extremo del fallo declarado infundado, era vincular al capitán de policía al fallo del hábeas corpus, para que de este modo se tomen las medidas necesarias para evitar que el acto vulneratorio vuelva a repetirse. En todo caso consideramos, que no se puede solicitar en el recurso de agravio constitucional que se determine la responsabilidad de un funcionario, o que el juez constitucional aplique el artículo 8 del CPConst. En efecto, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y al artículo 18 del CPConst., el recurso de agravio constitucional procede para brindar una adecuada protección a los derechos fundamentales o para restablecer el orden constitucional o para solicitar la ejecución de una sentencia constitucional, cuyo cumplimiento haya sido desconocido por el órgano judicial competente para la ejecución de la misma.

En ese sentido, si se ha comprobado la existencia de un acto lesivo que vulnera el derecho alegado y el juez constitucional no ha actuado conforme al artículo 8 mencionado, siempre le quedará la posibilidad al justiciable de acudir a las vías regulares para denunciar un acto ilícito.

De otro lado, el Tribunal Constitucional hace mención al artículo 9, sobre la ausencia de etapa probatoria en los procesos constitucionales, y pareciera señalar que por ello se debe derivar la investigación de los actos cometidos por el demandado a la Inspectoría de la Policía Nacional. Sin embargo, como se señala líneas arriba no es propósito de un proceso constitucional de la libertad determinar la responsabilidad del agresor, por lo que resultaría impertinente la cita a dicha disposición normativa.

Asimismo, si la legislación ha previsto la ausencia probatoria, ello se debe precisamente al objeto y la forma de protección que brindan estos procesos, y por ello mismo es que los presupuestos procesales son especiales. En los procesos constitucionales no se determina si hay o no derecho, si existe o no acto lesivo, como sí ocurre en los procesos ordinarios en los que sí hay etapa probatoria. Tanto el derecho constitucional como el acto lesivo deben estar perfectamente acreditados, para que a partir de ello se pueda proteger el derecho reponiendo las cosas al estado anterior a dicha afectación. Estos procesos perderían su razón de existir si en su interior tuviera que determinarse la titularidad de un derecho fundamental o la existencia del acto vulneratorio. Por eso la actividad probatoria es mínima, pues los medios presentados deben bastar, en principio, para acreditar lo alegado.

En el caso, observamos, que el Tribunal Constitucional consideró pertinente que la conducta del Capitán PNP sea investigada en el marco de la Ley N. º 28338 -Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú- como posible delito de función: pasible de procedimiento y sanción administrativo-disciplinarios. Al respecto, la Undécima Disposición Complementaria, Transitoria y Final de esta ley señala, empero, que los encargados de la administración disciplinaria, ya sea en la etapa de investigación o decisión, que tomen conocimiento de la comisión de un delito o hallen indicios de tales hechos, tienen la obligación de informarlo a la autoridad que corresponda para que se adopten las acciones del caso, sin perjuicio de continuar con la tramitación del procedimiento administrativo disciplinario que corresponda.

Por otro lado, y respecto del fondo de la controversia planteada ante el colegiado constitucional, este ha dicho que la ilegitimidad de la detención se produce por el  incumplimiento de la PNP del procedimiento establecido para el caso de las detenciones de personas requisitoriadas, específicamente del artículo 4 de la Ley 27411. Sin embargo, se debe precisar que el requisitoriado no tenía orden de detención, sino solo impedimento de salida del país. Así el elemento esencial que debió considerarse era sí existía un  mandato de detención, y si este cumplía con las exigencias constitucionales.

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/02252-2007-HC.html

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Un comentario en “Detención Arbitraria

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