DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO

El DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO

1. LA NATURALEZA CONFLICTIVA DE LAS RELACIONES LABORALES

La palabra conflicto, tiene su origen en la voz latina conflictus, derivada a su vez del verbo confligere que significa chocar; por lo que etimológicamente conflicto significaría choque, desacuerdo, combate, controversia. En el Derecho Laboral, la Doctrina coincide mayoritariamente que una de las características fundamentales de las relaciones de trabajo es su carácter conflictivo. Según RENDON “el mundo de las relaciones de trabajo se caracteriza por la presencia de una conflictividad permanente entre las dos partes intervinientes en esas relaciones: los empleadores y los trabajadores, muy aguda en ciertos momentos, atenuada en otros, pero siempre evidente. Esta beligerancia tiene como causas la oposición de los intereses económicos de uno y otro grupo, y su diferente posición en la empresa”. Por su parte PASCO explica el origen de la conflictualidad en las relaciones de trabajo diciendo que: “… la subordinación, que es elemento esencial del contrato de trabajo, determina por sí sola diferencias que se manifiestan en una múltiple desigualdad: jurídica, económica, social, que es por eso mismo fuente de tensión y de insatisfacción; por otra parte, los intereses de unos y otros no sólo son diversos, lo que es casi connatural a toda vinculación contractual, sino marcadamente opuestos; el contrato de trabajo, finalmente se desenvuelve de manera tan continua y permanente que coloca a las partes en un contacto personal, casi físico, inmediato y constante, lo que produce el caldo de cultivo para roces y dificultades en la vida cotidiana”. Podemos afirmar, pues, que la contraposición de intereses entre trabajadores y empleadores, que subyace al interior de las relaciones entre ambas partes origina que las mismas sean de naturaleza conflictiva. Pero en el ámbito de las relaciones laborales no sólo encontramos los conflictos entre trabajadores y patronos, sino que también se presentan otros, como los que surgen entre las propias organizaciones representativas de los trabajadores y entre éstas y sus afiliados; incluso si desbordamos los límites de la empresa, descubriremos que también existen muchas veces conflictos entre los trabajadores y el Estado.

2. CLASIFICACION DE LOS CONFLICTOS DE TRABAJO

La Doctrina ha formulado a través del tiempo diversas clasificaciones de los conflictos de trabajo, algunas de las cuales trataremos de sintetizar a continuación.

Por razón de los sujetos que intervienen en la controversia, los conflictos pueden ser individuales o colectivos. Serán individuales, si se presentan entre el trabajador individualmente considerado y su empleador; serán colectivos si surgen entre una organización sindical o grupo de trabajadores concertados, por una parte y un empleador u organización de empleadores, por la otra. Por su contenido, los conflictos pueden dividirse en jurídicos y económicos. Los primeros están referidos a la aplicación correcta de la ley o convenios colectivos; los segundos están orientados a la obtención de nuevos derechos de carácter remunerativo o lograr la creación o modificación de condiciones de trabajo. Por razón del antagonismo interno entre los propios sujetos laborales, los conflictos pueden ser intersindicales, intrasindicales e interpatronales. Los conflictos intersindicales son aquellos que se presentan entre dos o más sindicatos; los conflictos intrasindicales son aquellos que se originan en disputas al interior de un mismo sindicato, sea entre un trabajador individual o entre juntas directivas; finalmente los conflictos interpatronales son aquellos en los cuales dos o más empleadores se imputan mutuamente responsabilidades por el cumplimiento de obligaciones laborales.

3. SOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE TRABAJO

Todas las controversias antes mencionadas pueden ser resueltas a través de formas autónomas o heterónomas de solución de conflictos. Las formas autónomas son aquellas en que las partes directamente o con la intervención de un tercero no dirimente solucionan sus controversias; a la primera modalidad pertenece la conciliación, a la segunda la mediación. Las formas heterónomas son aquellas en que la solución del conflicto depende de la intervención de un tercero habilitado por las partes, tal como es el caso del arbitraje; o por el contrario está a cargo de un órgano del Estado competente para resolver los conflictos de trabajo, tal como sucede cuando interviene la autoridad Administrativa de Trabajo o el Poder Judicial.

4. CONCEPTO DE DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO

En la Doctrina existen variadas definiciones de lo que es el Derecho Procesal del Trabajo, motivo por el cual a continuación citaremos algunas que resultan interesantes para luego formular la nuestra. Según PASCO “el Derecho Procesal del Trabajo tiene por objeto la solución de las controversias y conflictos de trabajo”. Para CAMPOS RIVERA ” el derecho procesal laboral es el conjunto o sistema de normas de carácter jurídico que regula la intervención tanto de los particulares como de las autoridades de trabajo en la solución de los conflictos – individuales o colectivos, jurídicos o económicos, de carácter oficial o privado- que se originen directa o indirectamente en la prestación de un servicio personal subordinado”. Por su parte, ROMERO MONTES considera que “el derecho procesal del trabajo se puede definir afirmando que se trata de una rama o parte del derecho, que tiene por objeto el estudio de la naturaleza, comportamiento y fines del proceso laboral, como instrumento de solución de los conflictos que se dan en ámbito social del trabajo”. Nosotros consideramos que el Derecho Procesal del Trabajo puede definirse como un conjunto de principios y normas legales destinadas a regular la solución heterónoma de los conflictos de trabajo que surjan entre los trabajadores, sea en forma individual u organizados sindicalmente y los empleadores; así como los que se presenten entre los trabajadores con sus organizaciones sindicales; y los que surjan entre los trabajadores y sus organizaciones representativas con el Estado.

5. LAS FUENTES DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO

La palabra fuente proviene de la voz latina fontis, que significa manantial de agua que brota de la tierra. Trasladando esta metáfora al ámbito laboral, podemos decir que las fuentes del Derecho Procesal del Trabajo son todos aquellos acontecimientos jurídicos que originan la creación, modificación o extinción de las normas propias de esta disciplina jurídica. En la Doctrina son numerosas las clasificaciones que se han hecho de las fuentes del Derecho; sin embargo resulta especialmente interesante aquella que las divide en materiales y formales. Las fuentes materiales, llamadas también reales, son factores de índole social, económico, cultural, ideológico, moral, que originan formas de derecho orientadas hacia valores jurídicos; mientras que las fuentes formales son las modos como el derecho se manifiesta. Las primeras constituyen la sustancia, mientras que las segundas expresan ese contenido. Para efectos del presente artículo sólo nos ocuparemos de las fuentes formales del Derecho del Trabajo que a saber son: la legislación, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho.

5.1.- La legislación

Es el conjunto de normas jurídicas escritas, dictadas por los órganos competentes del Estado, con sujeción a las disposiciones constitucionales. La legislación, en materia de Derecho Procesal del Trabajo, está conformada por la Constitución y la ley procesal.

La Constitución.

Con un criterio normativo podemos definir la Constitución como la norma jurídica de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico de un país, la cual regula los derechos y obligaciones fundamentales de las personas así como la organización y funcionamiento del Estado, sin que sus disposiciones puedan ser objeto de contradicción por otras normas de menor jerarquía. La Constitución de 1993, resulta ser fuente del Derecho Procesal del Trabajo, pues, en su Título IV, Capítulo VIII, artículos 138° a 149° regula la organización del Poder Judicial y consagra los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional. Es innegable que en los procesos laborales resultan de plena aplicación las disposiciones constitucionales como inspiradoras del mismo.

La Ley Procesal

Es una norma jurídica escrita de carácter general y obligatorio, dictada por el Poder Legislativo, siguiendo el procedimiento establecido por la Constitución. La ley presenta como características principales: generalidad, obligatoriedad, irretroactividad y permanencia. En el Perú, la norma más importante en materia de Derecho Procesal del Trabajo es la Ley No. 26636 Ley Procesal del Trabajo promulgada el 21 de junio de 1996, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 24 del mismo mes y vigente desde el 23 de septiembre de 1996. Desde antes de la fecha de su entrada en vigencia y con posterioridad a la misma, la Ley Procesal del Trabajo ha sufrido las modificaciones siguientes:

a) La derogatoria del inciso 2) de su artículo 98°, por la Primera Disposición Derogatoria del Decreto Legislativo N° 845 Ley de Reestructuración Patrimonial promulgada el 20 de setiembre de 1996 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 del mismo mes y año. Debemos precisar que actualmente esta norma se encuentra derogada por la Ley N° 27809 Ley General del Sistema Concursal promulgada el 05 de agosto del 2002.

b) La reforma de su Capítulo III del Título I de la Sección Quinta, dispuesta por la Ley N° 27021 del 22 de diciembre de 1998, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de diciembre del mismo año, que modificó las disposiciones relacionadas con el Recurso de Casación.

c) La modificatoria de sus artículos 4° y 52° por la Ley N° 27242 del 23 de diciembre de 1999 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de diciembre del mismo año, referente a la competencia de los jueces de paz letrados sobre materia relativa al Sistema Privado de Pensiones y al otorgamiento de la calidad de títulos ejecutivos a las liquidaciones de cobranza de aportes provisionales del Sistema Privado de Pensiones.

d) La derogatoria de su Título Tercero que regulaba al Proceso Contencioso Administrativo por la Primera Disposición derogatoria de la Ley N° 27584 del 06 de diciembre del 2001 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 07 del mismo mes y año.

e) La modificación del inciso b) del numeral 2, de su artículo 4° por la Quinta Disposición final y Complementaria del Ley N° 27942 del 26 de febrero del 2003, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 27 de febrero del mismo año, referente a la prevención y sanción del hostigamiento sexual. También debe considerarse como fuente del Derecho Procesal del Trabajo las normas sustantivas de trabajo en la medida que ellas contengan disposiciones de carácter procesal.

5.2 La jurisprudencia

Por jurisprudencia como fuente de derecho podemos entender el conjunto de fallos uniformes y reiterados que respecto a determinada cuestión jurídica emiten los tribunales de justicia en última instancia. La jurisprudencia resulta de gran importancia en la medida que interpreta y aplica las disposiciones legales, las costumbres o los principios generales del Derecho. En el Perú el órgano judicial de mayor jerarquía es la Corte Suprema de Justicia de la República, conformada por Salas Especializadas Permanentes y Transitorias en materia Civil, Penal y de Derecho Constitucional y Social. Las decisiones jurisdiccionales de las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden adoptar las formas siguientes:

Fallos comunes: son aquellos por los cuales se soluciona un conflicto de intereses declarando el derecho aplicable al caso concreto. Esta clase de sentencias vincula a las partes que han participado en el proceso constituyendo fuente de obligaciones para ellas.

Fallos normativos: son aquellos que si bien recaen en un caso particular, de su contenido puede extraerse principios de alcance general, que facilitan la interpretación y aplicación de las normas legales.

Fallos anulatorios: son aquellos pronunciamientos emitidos en los procesos de Acción Popular contra reglamentos o normas administrativas de carácter general que infrinjan la las leyes o la Constitución. Debemos dejar constancia que en nuestro ordenamiento jurídico, no sólo el Poder Judicial emite sentencias anulatorias, sino también lo hace el Tribunal Constitucional al resolver las acciones de inconstitucionalidad, las que como sabemos se interponen contra las normas que tienen rango de ley, tal como es el caso de leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.

Doctrina Jurisprudencial: esta clase de decisiones judiciales tiene su fundamento en el artículo 400° del Código Procesal Civil, según el cual, cuando una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República lo solicite, en atención a la naturaleza de la decisión a tomar en un caso concreto, los magistrados supremos se reunirán en Sala Plena para discutirlo y resolverlo. La decisión que se adopte por la mayoría absoluta de los asistentes a dicho pleno constituye doctrina jurisprudencial y vincula a los órganos jurisdiccionales del Estado, hasta que sea modificada por otro pleno casatorio, y, en esa medida dicho acto jurisdiccional constituye una fuente de derecho. Actualmente en nuestro medio, la jurisprudencia en materia de trabajo es generada por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en mérito a la competencia que le ha sido atribuida por la Resolución Administrativa N° 163-2005-CE-PJ del 02 de agosto de 2005, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 06 de agosto del mismo año; la cual la faculta a conocer los Recursos de Casación tramitados con arreglo a la Ley Procesal del Trabajo N° 26636. Como sabemos por mandato del artículo 54 inciso b) de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636 modificado por la Ley N° 27021 del 22 de diciembre de 1998, uno de los fines esenciales del Recurso de Casación es la unificación de la jurisprudencia nacional laboral.

5.3. La doctrina

La doctrina está constituida por los estudios y opiniones emitidas por los especialistas en Derecho Procesal del Trabajo, con la finalidad de interpretar y facilitar la aplicación de las normas adjetivas laborales. En el Perú, existe un creciente interés de los autores por el estudio del Derecho Procesal del Trabajo, lo que hace que cada día se genere una valiosa doctrina en el campo de esta disciplina jurídica.

5.4. Los principios generales del derecho

Los principios generales del derecho son conceptos de naturaleza axiológica orientadores de la conducta humana, cuya existencia es anterior a la de la norma positiva y que sirven de fundamento para su creación, aplicación e interpretación. En cuanto fuente del Derecho Procesal del Trabajo, los principios generales del derecho pueden ser aplicados para cubrir las lagunas de la ley, estando el Juez de Trabajo autorizado para ello por el Artículo VIII del Título Preliminar del Código Civil; sin embargo, debemos advertir que antes de recurrir a los mismos, deberá aplicar los principios propios del Derecho Procesal del Trabajo y sólo en defecto de estos últimos utilizar aquellos Los principios generales del derecho pueden ser consagrados o no por la legislación, sin embargo, ello no es obstáculo para su existencia y aplicación.

6. AUTONOMIA

La doctrina admite que una rama del Derecho es autónoma cuando cuenta con una autonomía jurídica, científica y didáctica. TORRES DE LEON afirma que “… la autonomía del Derecho procesal del trabajo –o de cualquier rama del Derecho- se funda en la existencia de distintos elementos, tales como la didáctica, la legislación, la jurisdicción y la doctrina científica“. Aplicando estos criterios al derecho peruano, la autonomía del Derecho Procesal del Trabajo queda demostrada de la manera siguiente:

La Autonomía Didáctica

Está basada en el hecho que el Derecho Procesal del Trabajo puede ser objeto de estudio en forma separada de otras disciplinas jurídicas. Esta autonomía facilita que pueda ser estudiado en todas las Facultades de Derecho de las universidades del país.

La Autonomía Jurídica

El Derecho Procesal del Trabajo tiene autonomía jurídica porque cuenta con principios doctrinarios propios y una legislación especial, independientes de otras ramas del derecho que pudieran tratar de abarcarlo.

La Autonomía Científica

Se aprecia en el hecho que las instituciones del Derecho Procesal del Trabajo son susceptibles de ser sistematizadas orgánicamente dando como resultado un orden de estudio homogéneo y extenso.

La Jurisdicción

En nuestro país no existe una jurisdicción privativa de trabajo, sin embargo, la Ley Procesal del Trabajo otorga competencia en materia laboral a los Jueces de Paz Letrados, así como establece la existencia de Juzgados y Salas Superiores, especializados en materia laboral; igualmente prevé que en la Corte Suprema de Justicia de la República las causas laborales sean objeto de conocimiento por la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de dicha Corte.

7. RELACION CON OTRAS RAMAS DEL DERECHO

No obstante ser una disciplina autónoma, el Derecho Procesal del Trabajo se relaciona con otras ramas del Derecho.

Con el Derecho Constitucional: en razón que la Constitución, contiene en su artículos 138 a 149 normas relativas a la organización judicial así como a los derechos y principios de la función jurisdiccional, los mismos que son de obligatorio cumplimiento en toda clase de procesos incluidos los laborales. Con el Derecho del Trabajo: esta es la rama del derecho con la que tiene una relación más directa, pues, constituye el instrumento que permite la aplicación efectiva de las normas sustantivas de trabajo solucionando los conflictos que sobre aplicación de las mismas pudieran presentarse.

Con el Derecho Administrativo: sobre todo cuando los reclamantes son trabajadores que se encuentran sujetos al régimen laboral de los servidores públicos, pues, a éstos se les exige que antes de recurrir ante el Poder Judicial deban agotar previamente la vía administrativa. Igual deberá recurrirse al Derecho Administrativo cuando se trate de procesos de ejecución de resoluciones administrativas, pues, el juzgador en estos casos deberá evaluar si las resoluciones que se acompañan como título de ejecución han quedado firmes conforme a la legislación administrativa. Con el Derecho Procesal Civil: existe una estrecha relación , pues, a menudo la Ley Procesal del Trabajo presenta vacíos que la hacen insuficiente para regular en su integridad el proceso laboral, por lo que se tiene que recurrir a la aplicación supletoria de las disposiciones del Código Procesal Civil para llenar los mismos.

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2 comentarios en “DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO

  1. informacion de acumulacion en el derecho procesal del trabajo para tarabajo si me la envian antes antes del miercoles por fabor gracias bay

  2. Felicito por el extracto en materia Laboral, asi mismo manifestarles que nos gustaria contar con la participacion de la semana juridica de drecho de la UPN en Trujillo y seria un honor tenerlo de ponente al Dr. Mario Pasco, le enviariamos sus pasajes de Avion y una feria gastropnomica en Huanchaco…quedamos a la espera de pronta respuesta, gracias y un buen dia.

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