LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Oswaldo HUNDSKOPF EXEBIO

Javier GARCIA LOCATELLI

l. GENERALIDADES

Según refiere Verón(1). la organización de la sociedad anónima se relaciona con el modo en que ésta se manifiesta en la vida jurídica. Es por ello que la junta general de accionistas, como órgano de la sociedad anónima, resulta indispensable para la realización de su objeto social, y la disposición de derechos y adquisición de obligaciones que tengan que ver con los fines establecidos en el pacto social y estatuto.

Así pues, la junta general de accionistas debe establecer las directrices de la política económica y de la actividad jurídica de la empresa, pero no del gobierno de la sociedad, en vista de que no ejerce funciones ejecutivas de forma permanente. No obstante lo expuesto anteriormente, no se puede desconocer el carácter fundamental de la junta general de accionistas en el desempeño y desarrollo del objeto social, y sus plenas facultades y atribuciones en ese sentido, constituyendo así el órgano supremo de toda sociedad anónima.

Sobre el particular resulta oportuno citar lo expuesto por Joaquín Garrigues(2) en su tratado de Derecho Mercantil, respecto del funcionamiento de las sociedades. En efecto, el referido tratadista plantea una distinción entre los órganos de representación, a los cuales confía la ejecución de los negocios en curso; los órganos de vigilancia, encargados de examinar la gestión de los primeros; y los órganos deliberantes, en los que se manifiesta la voluntad colectiva o social, a la que están sometidos los demás órganos, los cuales dependen, en su nombramiento, actuación y revocación de este órgano soberano en la vida interna de la sociedad.

Obviamente, entre estos últimos se encuentra la junta general de accionistas, en vista de que su participación en la marcha de la sociedad es obligatoria y se encuentra prevista específicamente en la Ley General de Sociedades, a efectos de que cuando menos una vez al año se reúna para discutir sobre la gestión social del último ejercicio.

Sin embargo, la participación de las juntas generales en la adopción de decisiones trascendentales de sociedades anónimas se ve reducida en compañías de accionariado difundido como las sociedades anónimas abiertas, en las que ostenta gran poder el Directorio, como encargado de su administración. Un fenómeno totalmente opuesto se observa en la marcha de las sociedades anónimas cerradas de carácter familiar, o en aquellas que resaltan el carácter personalista y el vínculo que mantienen los accionistas, en cuyos casos éstos comúnmente participan en la gestión.

II. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

1. Concepto y características esenciales

Según manifestáramos anteriormente, la junta general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad, y se encuentra conformada por los titulares de acciones representativas del capital social, ya sean personas naturales o jurídicas, en cuyo seno se tratan, deliberan y resuelven aquellos asuntos que señala la ley o que se establecen en el estatuto.

Como bien refiere Carlos Gago, Luis Marío Gonzales y .José Alberto de Lía(3), no toda reunión de accionistas constituye una asamblea, debiendo entenderse que para que ella exista, debe haber sido convocada conforme a ley, ya los estatutos, para resolver las cuestiones previstas por éstos o los asuntos indicados en la agenda.

En su calidad de autoridad jerárquica suprema, aprueba o desaprueba la gestión social, elige a los integrantes del directorio, acuerda el destino a darse a las utilidades y resuelve aquellos otros asuntos de trascendencia para la sociedad.

Atendiendo a lo expuesto por Angel Rojo (4), ya la naturaleza jurídica de la sociedad anónima, y específicamente a la de sus órganos, al constituir la junta general de accionistas un órgano supremo e indispensable para la marcha de la sociedad, pero no permanente ni ejecutivo, requiere de otros órganos para aplicar e implementar sus decisiones, por lo que se debe distinguir su rol, del desempeñado por los demás representantes de la sociedad, quienes por efecto de la ley o la voluntad de la representada, suplen la limitación de la capacidad para obrar de éstas.

Cabe señalar que el derecho comparado contempla sin excepción al órgano bajo comentario, como base de toda sociedad anónima; diferenciándose únicamente el vocablo utilizado por sus legislaciones. En países de lengua francesa, italiana y portuguesa y algunos hispanoamericanos se le denomina “asamblea general”, pero en España y otros países de lengua castellana se denomina “junta general”, nombrándose por su parte, “meeting’: en países como Inglaterra y Estados Unidos, regulados por el Common Law.

Conforme lo dispone el artículo 111 de la LGS, por ser un órgano colegiado, los accionistas constituidos en junta general, debidamente convocada y con el quórum correspondiente, deciden por la mayoría que establece la ley, los asuntos propios de su competencia. Por ser una sociedad de estructura capitalista, cada acción da derecho a un voto, tomándose los acuerdos por mayoría de votos, y una vez adoptados éstos, son obligatorios por cuanto configuran la voluntad social, sometiendo inclusive a los disidentes ya los que no hubieren participado en la reunión.

En cuanto a las principales características esenciales de la junta general de accionistas, se entiende que la misma constituye un órgano necesario para la existencia de la sociedad, que se reunirá cuando la ley o el estatuto así lo requieran, cuando la convoque el directorio o cuando de manera convencional, accedan a hacerlo mediante la instalación de una junta general universal.

Al haber aceptado como premisa que la junta general de accionistas constituye un órgano de la sociedad anónima, debemos tomar en cuenta las consecuencias derivadas de tal condición, desarrolladas por Víctor Verón (5), según lo detallado a continuación(6):

a) El sujeto titular de los derechos y obligaciones es la sociedad y no la junta, por lo tanto, la capacidad de obrar compete a la sociedad misma.

b) Mientras los contratantes responden con todo su patrimonio por las obligaciones asumidas en cualquier contrato(7), el voto emitido en la Junta no obliga alas accionistas personalmente, ya que obran como órgano social.

c) La voluntad social la define el órgano y no los accionistas individualmente considerados, lo que implica que incluso si los accionistas que no concurren a la junta o los disidentes, son más en número y en representación de acciones que los órganos que concurren, queda como voluntad social la que resulte de lo votado y decidido por estos últimos.

d) Sea cual fuere el número de accionistas que votaron en la decisión aprobada por la junta, otra reunión puede dejarla sin efecto, sin que para ello sea preciso que concurran aquellos mismos accionistas ni que se repitan el mismo quórum y mayoría.

e) Constituida la junta con el quórum legal o estatutario requerido, los accionistas ausentes no cuentan, ya que es el órgano el que actúa.

f) En cuanto órgano, opera exclusivamente con efectos internos, en el sentido de carecer de facultades de representación hacia el exterior, y sus decisiones se ejecutan normalmente a través de los administradores.

g) Las decisiones de la junta en cuanto órgano son supremas en sí mismas, ya que no necesitan de la aprobación o confirmación por otro órgano social para que surjan en plenitud sus efectos.

h) La junta como órgano es independiente de la administración, ya que puede funcionar válidamente incluso si aquélla transitoriamente no existe, en tanto que no es concebible una sociedad anónima sin accionistas, y por lo tanto, sin posibilidad de celebrar juntas.

i) Limitación del poder de las juntas. La junta encuentra en el ejercicio de sus funciones, limitaciones tales como la obligación de observar las normas imperativas y respetar aquellas establecidas en protección de terceros y de accionistas, no cuenta con poderes omnímodos, ya que su poder se restringe también por leyes imperativas de orden público, por las buenas costumbres y, en su caso, por el estatuto social, es decir, que a menos que se trate de modificaciones del acto constitutivo, no debe excederse de la natural competencia fijada por la ley, el acto constitutivo y el estatuto social.

j) Se requiere para la validez de las juntas, de capacidad genérica y específica, consentimiento no viciado de los participantes, por error, violencia, dolo, decisión inspirada por el interés social, causa lícita, convocatoria regular, reunión, deliberación, votación y acta.

2. Clases de juntas

La actual Ley General de Sociedades ha eliminado la distinción tradicional entre junta general ordinaria y extraordinaria que había prevalecido en nuestra legislación desde la Ley de Sociedades Mercantiles N° 16123 del año 1966.

Al efecto, la Comisión Redactora que tuvo a su cargo la elaboración del proyecto de ley, consideró necesaria la eliminación de esa distinción, dado que ella estaba fundamentalmente referida a la época en que se realizaba la junta general ordinaria, es decir, al final del ejercicio, o en aquellas otras oportunidades que estuviesen previstas en el estatuto; en cambio, la junta extraordinaria era aquella que se realizaba en cualquier época del año, sea por iniciativa del directorio, o por solicitud de un grupo de accionistas que representase, cuando menos, el 20% del capital pagado.

Considerando que ambas son en el fondo una misma institución, que requiere de la participación de los mismos miembros, la nueva legislación se refiere únicamente a la junta general de accionistas, contemplando una única excepción en el artículo 114, que alude a la realización de la llamada junta obligatoria anual. Como se sabe, ésta es la que se realiza una vez al año con motivo del cierre del ejercicio económico, a efectos de que se delibere sobre la gestión social, el balance, y los resultados económicos expresados en los estados financieros del ejercicio anterior, la distribución de utilidades, si las hubiere, la elección del directorio y la retribución a otorgarse a sus miembros, la designación de los auditores externos y cualquier otro asunto que le sea propio o que se haya consignado en la convocatoria, pero que en nada difiere de la naturaleza jurídica de las demás juntas generales.

Asimismo, debemos precisar que el estatuto puede prever la realización obligatoria de otras juntas generales de accionistas, que tendrán esa misma exigibilidad, al haber otorgado esta licencia el artículo 113 de la ley.

Es por ello que, según lo expuesto, el solo hecho que la referida reunión deba realizarse dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico, no resulta relevante ni justifica la creación de categorías jurídicas distintas en la institución estudiada.

Ahora bien, de otro lado, los otros asuntos que la anterior ley sometía a la decisión de la junta general extraordinaria, están ahora considerados como de competencia de cualquier junta general de accionistas válidamente instalada, al haberse eliminado la distinción entre las juntas ordinarias y extraordinarias, correspondiendo al órgano supremo societario pronunciarse, en la oportunidad en que se le hubiere convocado, sobre la remoción de los directores, la modificación del estatuto, el aumento o reducción del capital, la emisión de obligaciones, la realización de investigaciones y auditorías especiales, la transformación, la fusión, escisión, reorganización, y disolución y liquidación de la sociedad, etc.

3. Convocatoria

Por no ser la junta general un órgano permanente, los accionistas deben ser convocados a una sesión de junta general a través de un aviso en el cual se especifiquen el lugar, día y hora de celebración de la junta general, así como los asuntos a tratar, pudiendo constar asimismo en el aviso, el lugar, día y hora en los que si así procediera, se reunirá la junta en segunda convocatoria. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley, entre la primera y segunda reunión deben mediar no menos de tres ni más de diez días.

Lo normal es que la convocatoria se haga por iniciativa del directorio en razón a que este último órgano social tiene a su cargo la administración y gestión de la sociedad y por tanto conoce de cerca la problemática de la misma, lo que le permite identificar los problemas que se susciten y, en los casos en que se necesite, por el nivel de competencia, requerir de una decisión de la junta general para lo cual hace la convocatoria respectiva.

No obstante lo expuesto, el artículo 117 de la LGS establece que también es posible que uno o más accionistas que representen no menos del 20% de las acciones suscritas con derecho a voto, soliciten notarialmente la celebración de la junta general, en cuyo caso el directorio debe publicar el aviso de la convocatoria dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la solicitud, el que deberá indicar los asuntos que los solicitantes propongan tratar, debiendo celebrarse la junta dentro del plazo de 15 días de la fecha de publicación de la convocatoria.

Si fuere el caso que la mencionada solicitud fuese denegada, o transcurriesen más de 15 días de presentada sin efectuarse la convocatoria, el o los accionistas acreditando que reúnen el porcentaje exigido de acciones, podrán solicitar al juez de la sede de la sociedad que ordene la convocatoria por el proceso no contencioso. En el caso de que el juez amparase la solicitud, ordena la convocatoria, señala lugar, día y hora de la reunión, su objeto, quien la presidirá, y el notario que dará fe de los acuerdos.

También prevé la ley una convocatoria judicial a pedido del titular de una sola acción suscrita con derecho a voto, en los casos en que la junta obligatoria anual o cualquier otra ordenada por el estatuto, no se convoquen dentro del plazo y para sus fines, o en ellas no se traten los asuntos que correspondan, en cuyo caso será. convocada por el juez del domicilio social, por el proceso no contencioso.

4. Forma y plazos

Tratándose de junta obligatoria anual, el aviso de convocatoria debe ser publicado con una anticipación no menor de 10 (diez) días al de la fecha fijada para su celebración; y en los demás casos, la anticipación de la publicación será no menor de tres días. Adviértase al respecto que para ciertos casos específicos como el acuerdo de fusión o escisión, la anticipación de la publicación es de diez días.

5. Junta universal y especial

Se entiende por junta universal aquella en la cual están presentes accionistas o personas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto, y acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos que en ella se propongan tratar, en cuyo caso, la junta general se entiende C0nvocada y válidamente constituida sin necesidad de convocatoria previa.

De otro ládo, se entiende por junta especial aquella que se celebra con la participación de accionistas titulares de una clase determinada de acciones, cuando puedan preverse futuros acuerdos de la junta general que puedan afectar los derechos particulares de dicha clase de acciones. Para estos casos, la junta especial será como una junta previa, en la que participarán únicamente los titulares de acciones de la clase afectada, para adoptar la posición que llevarán a la junta general, aplicándose las reglas generales que rigen para el órgano supremo de la sociedad sobre convocatoria, quórum y acuerdos.

6. Sesiones

a. Derecho de concurrencia y representación Tienen derecho a concurrir a la junta, los titulares de acciones con derecho a voto que figuren inscritas a su nombre, en la matrícula de acciones con una anticipación no menor de dos días al de la celebración de la junta general. En el caso de una sociedad anónima abierta, conforme al artículo 256 de la ley, la anticipación con que deben estar inscritas las acciones es de 10 días.

Ahora bien, no es obligatoria la asistencia a junta general, razón por la cual, conforme al artículo 122, cualquier accionista con derecho a participar en ella, puede hacerse representar por otra persona, pudiendo el estatuto limitar esta facultad, reservando la representación a favor de otro accionista, o de un director o gerente.

Este artículo precisamente le permite a las sociedades familiares impedir que terceros no accionistas conozcan el manejo interno de la sociedad.

En cuanto a la formalidad de la representación, ésta debe constar por escrito y con carácter especial para cada junta general, siendo suficiente una carta poder simple. Es posible también que los poderes se otorguen de manera permanente por escritura pública.

En cualquier caso, los poderes deben ser presentados ante la sociedad con una anticipación no menor de 24 horas a la hora fijada a la celebración de la junta general.

Asimismo la representación ante la junta general es revocable en el sentido de que la asistencia personal a la junta, del accionista representado, producirá la revocación del poder conferido tratándose de poder simple, y dejará en suspenso el otorgado por escritura pública, salvo tratándose de poderes irrevocables.

b. Lista de asistentes

Con la nueva ley, toda sesión de junta general debe ser debidamente planificada de forma tal que se sepa con antelación quiénes son las personas que asistirán físicamente a la misma. Al efecto, el artículo 123 señala que antes de la instalación de una junta general, se debe elaborar una lista de asistentes, expresando el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que concurren, agrupándolas por clases si las hubiere.

De esta manera, una vez elaborada la lista, se debe conocer perfectamente cuántas acciones representa cada persona concurrente a la junta y el porcentaje que agrupa respecto del total de las mismas, o respecto del capital social, indicando cuando fuere el caso el porcentaje respecto de cada una de las clases de acciones que las hubiere. Como veremos posteriormente, la elaboración de la lista de asistentes cobra singular importancia en los casos en los que se requiera utilizar el sistema de voto acumulativo para la elección del directorio.

7. Normas sobre el quórum y la configuración de la voluntad social

En cuanto al quórum de las juntas, éste es el porcentaje mínimo de acciones que tienen que estar presentes o representadas para que se pueda instalar la sesión. Con la ley anterior el quórum siempre se computó sobre la base del “capital pagado”, lo cual complicaba la adopción de acuerdos cuando de un lado existían acciones íntegramente suscritas y pagadas, y de otro lado acciones pagadas en diferentes proporciones, en cuyo caso el cómputo se tenía que hacer no considerando las acciones de la junta, sino estableciendo el importe pagado de cada acción, con lo cual ello se reflejaba en el voto, discriminándose indebidamente a los accionistas que se habían acogido a una facilidad de la ley y que sin haber incurrido en mora, aún debían los saldos de las acciones parcialmente desembolsadas. Es pertinente señalar que a dichos saldos deudores se les denomina en la ley como “dividendos pasivos”.

En la nueva ley se ha rectificado este criterio y se ha establecido que lo que se computan son las acciones suscritas con derecho a voto, con prescindencia de los montos pagados por ellas, en razón a que, si la propia sociedad ha otorgado a sus accionistas facilidades para el pago del valor que corresponde a las acciones y el titular se encuentra al día en los pagos acordados, no existe ninguna razón por la cual se tenga que efectuar el cómputo sobre la base del capital pagado. Se trata, pues, de una rectificación saludable respecto del anterior criterio que, además, simplificará la celebración de las juntas, ya que todas las acciones suscritas con derecho a voto generan los mismos derechos para sus titulares.

Diferente es el caso del accionista moroso, vale decir, de aquél que al vencimiento del plazo máximo establecido en el pacto social o por la junta general, no ha cumplido con cancelar los dividendos pasivos, en cuyo caso las sanciones establecidas en el artículo 79 de la LGS son muy severas según-se detalla a continuación:

. Perderá el derecho de voto y del derecho de suscripción preferente. Sus acciones no se computarán para el quórum, ni para las votaciones.

. Los dividendos que le correspondan se aplicarán a amortizar o cancelar los dividendos pasivos.

Específicamente en el caso de sociedades anónimas, la nueva ley distingue con absoluta claridad asuntos que son trascendentales en la vida de una sociedad en los cuales se requiere de quórum y de mayoría calificada, de aquellos otros asuntos no trascendentales, que requieren de quórum simple y de mayoría no calificada.

Desarrollando el concepto anterior, el artículo 126, remitiéndose expresamente a los casos de los incisos 2, 3, 4, 5 Y 7 del artículo 115, exige que para que la junta se reúna en primera convocatoria deben estar presentes o representados accionistas que constituyan 2/3 de las acciones suscritas con derecho a voto, es decir el 66.66% del total de las acciones con voto, y en segunda convocatoria, exige la concurrencia de al menos 3/5 partes de tales acciones, es decir el 60%, pero esta norma sobre el quórum está acompañada además de una norma adicional concurrente y complementaria contenida en el artículo 127, la cual establece que para la adopción de acuerdos trascendentales, se requiere que éste cuente con el voto favorable de un número de acciones que represente cuando menos la mayoría absoluta del total de las acciones suscritas con derecho a voto.

En el caso de acuerdos no trascendentales se exige un quórum simple, lo que representa que la junta general queda válidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentren representadas cuando menos el 50% del total de las acciones suscritas con derecho a voto, y en segunda convocatoria será suficiente la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto.

Es importante señalar al respecto que, tratándose del quórum y de la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos, a través del estatuto se pueden establecer porcentajes mayores a los señalados anteriormente, pero nunca inferiores.

Otra innovación interesante de la nueva Ley General de Sociedades es la que se refiere al cómputo del quórum, el cual ahora, de conformidad al artículo 124, se establece al inicio de cada junta, de forma tal que una vez comprobado éste, el presidente declara instalada la junta. Esta norma evita tener que computar el quórum cada vez que se tengan que votar algunos de los temas de la agenda, lo cual en la práctica ha facilitado la adopción de acuerdos, ya que el quórum se computa una sola vez, al inicio, y si con posterioridad a ello los accionistas se retiran de la junta, es bajo su responsabilidad.

Asimismo, el mencionado artículo establece que en las juntas generales convocadas para tratar asuntos que conforme a la ley o al estatuto requieren concurrencias distintas, cuando un accionista así lo señale expresamente y deje constancia al momento de formularse la lista de asistentes, a su solicitud, sus acciones no serán computadas para establecer el quórum requerido para tratar alguno o algunos de los asuntos trascendentales que requieren de quórum y mayoría calificada.

Adicionalmente, sobre el quórum, también se ha incluido como innovación en la ley que en los casos de accionistas que ingresen a la junta después de haberse instalado y después de haberse formulado la lista de asistentes, sus acciones no se computarán para establecer el quórum, pero sí se podrá respecto de ellas, ejercer el derecho de voto.

Respecto de los asuntos propios de la competencia de la junta, Francesco Galgano(5) manifiesta que la sociedad anónima, al momento de adoptar acuerdos a través de la junta general, no debe actuar para realizar el interés egoísta de los socios, o la aspiración al beneficio de los capitalistas que podrían manejar dicho órgano, sino que debe actuar para realizar un interés que trasciende al de los socios, y que consiste en el interés de la eficiencia productiva de la empresa, siguiendo los principios siguientes:

– La dirección de la empresa debe ser sustraída, en la medida de lo posible, de los socios, dado que éstos, por su disposición natural, están dominados por intenciones egoístas de ganancia.

– La dirección de la empresa debe ser confiada a un órgano de administración que sea lo más independiente posible de los socios, y por consiguiente, capaz de evaluar autónomamente las exigencias de la empresa (consejo de administración, mesa directiva o directorio).

En este orden de ideas, consideramos que no debe confundirse el carácter soberano de dicho órgano con la potestad omnímoda para decidir válidamente en toda clase de asuntos y cuestiones. La soberanía de la junta estádelimitada por la órbita de su propia competencia, y así lo manifiesta la mayor parte de las posiciones doctrinarias existentes. En efecto, la discusión radica en la estructura organizativa de toda sociedad anónima, que en principio, y a nuestro entender, permite un equilibrado reparto del poder entre la junta general de accionistas y el directorio. No obstante lo expuesto, ello no debe entenderse de modo alguno como Un acto por el cual la junta renuncia a atribuciones que le han sido conferidas por la ley o el estatuto social, sino a la justificada especialización de sus funciones, en virtud a su carácter no permanente y a las facultades propias del órgano de la administración, que en nuestra legislación se denomina directorio.

8. Derecho de información

El artículo 130 de la nueva Ley General de Sociedades consagra el derecho de información del accionista en las sociedades anónimas, señalando a la letra lo siguiente:

“Artículo 130 desde el día de la publicación de la convocatoria, los documentos, mociones y proyectos relacionados con el objeto de la junta general deben estar a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad o en el lugar de celebración de la junta general, durante el horario de oficina de la sociedad.

Los accionistas pueden solicitar con anterioridad a la junta general o durante el curso de la misma los informes o aclaraciones que estimen necesarios acerca de los asuntos comprendidos en la convocatoria y el directorio estará obligado a proporcionárselos, salvo en los casos en que juzgue que la difusión de los datos solicitados perjudique el interés social. Esta excepción no procede cuando la solicitud sea formulada por accionistas presentes en la junta que representen al menos el veinticinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto”.

Similar regla, con algunas modificaciones y mejoras en la redacción, estaba contenida en el artículo 132 de la anterior Ley General de Sociedades.

El derecho de información se encuentra vinculado con el de voto, y se refiere a la posibilidad de que, antes de asistir a las deliberaciones y emitir su voto en la junta general, el accionista cuente con los elementos de juicio suficientes.

Es por ello que se establece con carácter imperativo la obligación para la sociedad de poner a disposición de los accionistas los documentos, mociones y proyectos relacionados con el objeto de la junta a celebrarse desde el día de la publicación de la convocatoria; es decir, en las sociedades anónimas ordinarias, diez días antes de la reunión para el caso de la junta obligatoria anual o de las demás previstas en el estatuto, y tres días tratándose de otras juntas. En el caso de la sociedad anónima abierta, la información debe ser puesta a disposición de los accionistas, veinticinco días antes de la celebración de la junta.

La norma bajo comentario tiene por objeto proteger a los accionistas minoritarios, quienes podrían verse afectados por maniobras poco transparentes de quienes detentan el control de la sociedad.

Nótese que en el segundo párrafo del artículo analizado se establece una excepción a la obligación del directorio de entregar información a los accionistas que la soliciten; y es cuando a criterio del propio directorio, la publicidad de la información solicitada puede perjudicar los intereses de la sociedad. Sin embargo, en caso de que la solicitud sea efectuada por accionistas presentes en la junta que representen al menos el veinticinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, la excepción antes mencionada no procede.

Asimismo debe precisarse que el derecho de información de los accionistas no es irrestricto, sino que debe ejercerse de buena fe y con la intención de contar con mayores elementos de juicio para participar en las juntas. Hacemos esta salvedad porque la posesión de cierta información por parte de accionistas in escrupulosos obtenida en virtud del derecho aquí comentado, podría poner en peligro a la sociedad, e incluso servir para revelar secretos industriales o comerciales a sociedades competidoras. Corresponde al directorio de las sociedades anónimas analizar, en cada caso concreto, la procedencia de entregar la información solicitada por los accionistas.

9. Derecho de aplazamiento

El derecho a solicitar el aplazamiento de la junta general, estrechamente relacionado con el derecho de información del accionista, se consagra en el artículo 131 de la Ley General de Sociedades, que a continuación transcribimos:

“A solicitud de accionistas que representen al menos el veinticinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, la junta general se aplazará por una sola vez, por no menos de tres ni más de cinco días y sin necesidad de nueva convocatoria, para deliberar y votar los asuntos sobre los que no se consideren suficientemente informados. Cualquiera que sea el número de reuniones en que eventualmente se divida una junta, se la considera como una sola, y se levantará un acta única. En los casos contemplados en este artículo es de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 124”.

Sin bien es cierto que la norma comentada es similar, en el fondo, a su antecesora, contenida en el artículo 136 de la Ley General de Sociedades anterior, presenta algunos cambios e innovaciones.

En primer lugar, la norma anterior otorgaba la posibilidad de solicitar el aplazamiento de la junta a accionistas que representen la tercera parte del capital pagado en la junta; actualmente se habla del veinticinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, siguiendo la tónica empleada en la redacción de la nueva ley.

Asimismo, la nueva norma concede un plazo más amplio para efectuar la solicitud de aplazamiento que el contemplado en la norma anterior, queu era solo de tres días.

El hecho de considerar a la junta como una sola y levantar un acta única independientemente del número de sesiones en que ésta pueda dividirse, constituye una novedad de la nueva ley. Lo mismo sucede con la aplicación a los casos contemplados en este artículo de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 124 de la misma ley, según el cual el quórum se computa y establece al inicio de cada junta; una vez comprobado el quórum, el presidente la declara instalada.

Definitivamente, ésta ha sido la manera más sana que ha encontrado la ley para salvar la eventualidad de que los accionistas asistan insuficientemente informados a la junta y, por consiguiente, sin los elementos de juicio necesarios para decidir sobre su voto. Así, a través del aplazamiento de la junta, los accionistas que invoquen la falta o insuficiencia de información, pueden exigir a los administradores que les proporcionen los datos que requieren.

De hecho, al exigirse una proporción mínima del capital social para poder aplazar la junta, se entiende que lo que se pretende es la protección de la minoría. Sin embargo, sobre la base del principio del que puede lo más, puede lo menos, la mayoría podría solicitar el aplazamiento de la junta, convirtiendo este recurso en una maniobra malintencionada. Por ello, la mayoría deberá probar que el aplazamiento solicitado tiene como finalidad obtener mayor información respecto de los puntos a discutir en la junta.

Otro aspecto importante a destacar es que, de la redacción del artículo 131, se deduce que el aplazamiento de la deliberación y votación se referirá a los asuntos específicos respecto de los cuales los accionistas no se encuentran debidamente informados; sobre las demás mociones y asuntos, la junta 10. Actas, libros y copias certificadas

Uno de los aspectos formales al que con frecuencia se presta poca atención, es el referido a las actas de las sociedades en general, y en el caso de las sociedades anónimas, a las actas de las juntas generales y del directorio. Ocurre muy a menudo que quienes incursionan en la actividad empresarial suelen cumplir con los trámites formales para la constitución de la sociedad, pero luego de ello, unas veces por falta de tiempo y otras por desconocimiento, descuidan las formalidades que tienen que ver con su funcionamiento.

Cada una de las actas de los libros respectivos constituye instrumento en el que se plasma de manera precisa la marcha de la sociedad, pues en ella consta la voluntad social. En tal sentido, servirá como importante medio de prueba de lo acontecido al interior de la sociedad durante toda su existencia, y como base para el ejercicio de los derechos de los socios, y para supervisar y acreditar los acuerdos relacionados con el devenir de la sociedad.

Respecto de la junta general, el artículo 134 de la ley señala que los acuerdos adoptados en ellas deben constar en actas que expresen un resumen de lo acontecido en la reunión. A nuestro modo de ver, esta precisión es importante toda vez que antes las actas prácticamente transcribían textualmente el desarrollo de la junta, las intervenciones de los accionistas y los demás hechos acaecidos en la junta, todo lo cual ahora es innecesario ya que lo primordial es el texto de los acuerdos en sí mismos. Tales actas pueden presentarse en un libro especialmente abierto debidamente legalizado, en hojas sueltas o en cualquier otra forma que permita la ley.

Además de constar en el acta, el lugar, fecha y hora en que se realizó la junta, debe indicarse si se celebró en primera, segunda o tercera convocatoria, el nombre de los accionistas presentes o de sus representantes, el número y clases de acciones de las que son titulares, el nombre de quienes actuaron como presidente y secretario, los detalles sobre los avisos de convocatoria y la forma y resultado de las votaciones.

Todos los demás detalles respecto a la metodología para la aprobación del acta están señalados en el artículo 135 de la ley, debiéndose destacar lo siguiente:

a) Que cualquier accionista concurrente a la junta está facultado a solicitar que quede constancia en el acta el sentido de su voto y la sustentación del mismo, lo cual es muy importante en los casos en los que se deseara ejercitar el derecho de separación regulado por el artículo 200, o el derecho de impugnación de los acuerdos.

b) Que las actas tienen fuerza legal desde su aprobación.

Si fuere el caso de que si por alguna circunstancia no se puede asentar el acta en el libro o en hojas sueltas, conforme al artículo 136 ella se extenderá y firmará por todos los accionistas concurrentes, en un documento especial que se adherirá o transcribirá al libro o a las hojas sueltas, cuando éstos se encuentren disponibles.

Un derecho especial que tienen los accionistas es el contenido en el artículo 137 de la ley, por el cual aunque no hubiesen asistido a la junta pueden solicitar copia certificada del acta correspondiente, o de la parte específica que señale, en cuyo caso el gerente general de la sociedad está obligado a extenderla bajo su firma y responsabilidad en un plazo no mayor de 5 días contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

Es importante señalar al respecto que en caso de incumplimiento en la entrega, el accionista puede recurrir al juez del domicilio de la sociedad por la vía del proceso no contencioso, a fin de que ésta exhiba el acta respectiva con la finalidad de que el secretario del juzgado expida la copia certificada, para su entrega al accionista solicitante.

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