SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

LA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Alfredo FERRERO DIEZ CANSECO

Agradezco especialmente al Dr. Eduardo García-Godos Meneses por su valiosa contribución al presente trabajo.

l. INTRODUCCIÓN

La sociedad comercial de responsabilidad limitada encuentra su origen en Europa el siglo XIX como derivación de la sociedad anónima y recibió un tratamiento paralelo similar en diversos países.

Como no podía ser de otro modo, su origen respondía a la necesidad de regular aquellas actividades no bien atendidas eficazmente por los modelos societarios vigentes.

Hasta ese momento la sociedad anónima se había implantado como el único modelo legal disponible para las iniciativas empresariales cualquiera fuera el capital involucrado. Sin embargo, aquellas actividades emprendidas por un grupo reducido de personas, relacionadas en muchos casos por vínculos familiares o de amistad veían serias dificultades en su estructura, considerando a la sociedad anónima como muy rígida y formal lo cual le restaba dinámica a una organización de dimensión mediana o pequeña que pretendía ser suficientemente flexible. En este sentido, la SRL ofrecía así una propuesta adecuada para empresas de pocos socios quienes mantenían lazos personales estrechos y con goce de autonomía patrimonial a través de la responsabilidad limitada.

Manuel Broseta Pont, observó que el origen de la SRL ofrecía un planteamiento contradictorio y si se quiere paradójico pues se pretendía conjugar la irresponsabilidad de los socios por las deudas sociales (propia de la sociedad anónima) con la mayor libertad posible en orden a su organización interna (rasgo característico de las sociedades de personas y en particular, de la colectiva) en una estructura unitaria y cerrada de la sociedad.

Tras comprobar la necesidad de respaldar jurídicamente el tipo de iniciativa empresarial, diversos países comprendieron en sus ordenamientos la estructura básica de dicho modelo. Así, en el Reino Unido fue incorporado en el Companies Actde 1862, correspondió lo propio en Alemana mediante la Ley del 20 de abril de 18921a cual, por cierto, tuvo una gran influencia legislativa en Europa. En España, la regulación de la sociedad de responsabilidad limitada estuvo contenida en la Ley del 17 de julio de 1953. Esta última, comparte elementos en común con el modelo escogido por el legislador nacional y sus características serán comparadas frecuentemente en el presente trabajo.

II. LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN EL PERÚ

1. Antecedentes

El modelo societario fue regulado por primera vez de manera orgánica en el Perú en la Ley de Sociedades Mercantiles de 1966; sin embargo, algunos autores consideraron que podría encontrarse en el Código Civil de 1936 un antepasado remoto en la sociedad civil de responsabilidad limitada la que fue propuesta como un instrumento “familiar” para efectuar la división de los pequeños patrimonios sin eliminar la personalidad de los socios, facilitándoles a su vez la administración y directa fiscalización de los intereses comunes.

El diseño de la SRL, que respondía a un patrón generalmente aceptado, contenía elementos de las sociedades capitalistas por cuanto, como su denominación lo sugiere, la responsabilidad alcanza únicamente hasta el monto de los aportes efectuados. Asimismo, se incorporaron elementos personalistas en tanto se establecían limitaciones en cuanto al número de socios así como a la transmisibilidad de las participaciones sociales, de modo que se pretendía dificultar la entrada de terceras personas a fin de mantener la cohesión de la sociedad.

La SRL tuvo una amplia acogida en virtud de su compatibilidad con los negocios medianos y pequeños así como su flexibilidad en su regulación.

Como se sabe la Comisión Redactora del Anteproyecto de la Ley General de Sociedades (LGS) vigente no incluyó en el texto presentado a la SRL, en virtud que la creación de la Sociedad Anónima Cerrada (SAC) cumpliría el rol antes desempeñado por dicho modelo aunque tuviese rasgos distintivos particulares que más bien constituían una mejora. Fue la Comisión Revisora del Congreso de la República la que insistió en mantener a la SRL por razones básicamente socio-políticas que merecerían ser tomadas en cuenta. Se sostuvo al respecto, que son generalmente las pequeñas y medianas empresas las que adoptaban dicho modelo societario y dada la probable precariedad de su situación les sería sumamente oneroso afrontar los costos de una adecuación estatutaria a la nuevas regulaciones.

En segundo lugar, diversos especialistas llamaron la atención en el hecho que la SRL había representado una ventaja importante para captar inversiones extranjeras en proyectos de gran envergadura, dado que podía ser calificada como una asociación de personas o “partnerships”, para efectos tributarios. Se daba cuenta del caso de empresas multinacionales que están sujetas a imposición tributaria en su propio país y en el país receptor de la inversión, tal como acontecía en el caso de Estados Unidos de Norteamérica.

La calificación como “partnership” que recaía sobre la SRL permitía al inversionista aprovechar un régimen tributario especial a través del cual podía deducir en los Estados Unidos la totalidad del impuesto pagado en el Perú. Dicha calificación, atribuida a sociedades de carácter personalista, es fundamentalmente por la carencia de dos elementos propios de las sociedades de capitales como son la libre transferencia de participaciones y la administración centralizada.

El artículo 283 de la LGS ha reproducido literalmente el de su inmediato antecedente en la ley derogada describiéndola como una sociedad con un capital dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles que no pOdrán ser incorporadas en títulos valores ni denominarse acciones. Asimismo, limita el número de socios a veinte y consagra, desde luego, la responsabilidad limitada. Es decir, desde ya, el modelo societario contenido en la SRL no se ha visto afectado en cuanto a su estructura, sin embargo en el marco de la reforma introducida a raíz de la entrada en vigencia de la nueva LGS en 1998, sí redefine el escenario y el rol de la SRL como lo veremos más adelante.

2. Características generales de la SRL

De acuerdo a lo expuesto se podría decir que la SRL ha sufrido una evolución de lo que vendría a ser un modelo predominantemente personalista hacia uno que ha adoptado otros elementos propios de un modelo de naturaleza capitalista conforme se verá oportunamente. Recogiendo lo afirmado por el Dr. Elías Laroza:

“En un principio la SRL se estructuró sobre la base de las sociedades personalistas en las que predomina el elemento intuito personae y el affectio societatis, limitándose la responsabilidad de los socios a su aporte, rasgo característico de las sociedades de capitales. Es decir, tomó elementos de las formas soeietarias que habían existido hasta esa época para dar origen a un nuevo tipo con características tanto personalistas como capitalistas”.

La limitación en el número de socios constituye así uno de los rasgos sintomáticos más característicos de la naturaleza cerrada de la SRL.

Ahora bien, es evidente la similitud de la SRL con el modelo de la SAC lo cual como se indicó líneas arriba fue advertido oportunamente pues la SAC fue concebida a su vez para sustituir a la SRL. Vamos a detenemos un instante para comparar las características de ambas, sin perjuicio de los comentarios que deban realizarse a lo largo de este trabajo.

En primer lugar, conforme se indicó en la introducción, la Comisión Revisora vio conveniente mantener la SRL por los costos “sociales” que ocasionarían más que por una deliberación de orden técnico. Ello en virtud del gran número de empresas que tendrían que abandonar el modelo de constitución de sus sociedades para transformarse en otra, así como las dificultades que ocasionarían en el reconocimiento de una organización distinta por parte de otros países con inversiones en el Perú especialmente los Estados Unidos de Norteamérica.

La SAC y la SRL comparten una estructura similar. En líneas generales, ambas sociedades son de responsabilidad limitada y el número de socios no. puede exceder de veinte. No obstante, la SAC resulta ser una modalidad de la SA que ha sido dotada de elementos personalistas, lo que la hace “cerrada” –como su misma denominación lo sugiere- para hacerla compatible aquellas iniciativas empresariales de grupos reducidos o familiares. Ambas sociedades son de responsabilidad limitada y el número de socios no puede exceder de 20. Asimismo, la SAC, al derivarse de una estructura capitalista es algo más flexible en el régimen de la administración, permitiendo la existencia del Directorio, a su vez, el régimen de transferencia de acciones resulta ser menos rígido que su similar en la SRL, conforme se verá al abordar dicho tópico.

Es importante anotar que a diferencia de otras experiencias, la dimensión de esta sociedad no ha exigido que el legislador imponga un límite máximo al capital como sucedió en España antes de la publicación de la Ley 19/1909 (aunque sí se contempla un capital mínimo) lo cual se puede justificar por el hecho que la dimensión del negocio a través de la inversión no necesariamente le quita la naturaleza de “cerrada”.

III. LA DENOMINACiÓN SOCIAL DE LA SRL

El artículo 273 de la anterior LGS dispuso expresamente que la SRL llevaría una denominación objetiva o razón social. El enunciado fue cuestionado dado que la “razón social” corresponde a las sociedades con responsabilidad ilimitada. En ese sentido, la actual ley ha corregido dicha imprecisión indicando que la SRL lleve una “denominación social” al igual que la sociedad anónima.

La denominación social sufrió además un cambio en la abreviatura del modelo societario. Actualmente, la sociedad comercial de responsabilidad limitada debe llevar las siglas “S.R.L” a diferencia de la anterior ley que establecía que estas debían ser “S.R.Ltda.”.

IV. ÓRGANOS DE LA SRL

La SRL no ha sufrido mayores modificaciones en cuanto a la estructura orgánica de la forma societaria. Los acuerdos más importantes de la sociedad son adoptados por los socios, conforme al procedimiento que acojan para este efecto, correspondiendo la administración de la sociedad a los gerentes.

La incorporación de la SAC aporta sin duda nuevos elementos para un análisis comparativo entre la funcionalidad de ambos modelos. Como se anticipó a diferencia de lo que acontece con la SRL, la SAC puede instituir un Directorio como órgano intermedio aproximándose a la estructura de la sociedad anónima ordinaria. Esta posibilidad está negada para la SRL dada la necesidad de mantener su estructura a pesar de las innovaciones sobrevenidas con la SACo

La organización de la SRL en base a estos dos órganos pretende darle dinámica Y fluidez en la gestión. Debe recordarse para estos efectos que las actividades empresariales compatibles con este modelo son generalmente pe. queños y medianos negocios en los cuales los socios también ejercen la gestión de la sociedad. En este sentido, la habitual concentración de capital y gestión a este modelo podía hacer innecesaria la función de un órgano intermedio.

1. Los socios

La disposición sistemática de la nueva LGS ubicó lo referido a la formación de la voluntad social antes de ocuparse de la administración de la SRL, en un orden jerárquico, mejorando así la organización prevista en la anterior ley.

El artículo 286 de la LGS señala que la voluntad de los socios que representen la mayoría del capital social regirá la vida de la sociedad, dejando que se establezca estatutariamente los mecanismos que garanticen su autenticidad. En ese sentido aunque se le ha denominado junta de socios, la LGS no -ha previsto la constitución de un órgano con dicha nomenclatura, tal como sucede con la junta de accionistas, ni impone formalidades especiales para la celebración de las juntas, salvo lo previsto en el último párrafo del artículo 294 que nos remite al régimen de la SA para los casos de la convocatoria y celebración de las juntas así como la representación.

En esa misma línea, la LGS exige que los acuerdos se adopten con el voto favorable de mayorías del capital social. Ello es en virtud que la LGS no impone que los acuerdos se adopten necesariamente en juntas ni que por ello se apliquen diferentes tratamientos entre la mayoría del capital social y la mayoría del capital concurrente a una junta, dejando a salvo en todo caso a los socios que decidan la forma cómo adoptar acuerdos específicos.

La junta general ha sido definida como reunión de socios debidamente convocados para deliberar y decidir por mayorías los asuntos relativos a la vida de la sociedad en la órbita de su propia competencia(S). Entonces, la denominación de junta de socios sugeriría que se convoca a los socios a una reunión, cuyo objeto sea deliberar y eventualmente, decidir sobre ciertos asuntos de interés de la sociedad o los socios.

El texto de la actual norma mantiene el espíritu de la legislación anterior lo cual pudiera otorgarle flexibilidad a esta forma societaria al prescindir de la denominación de junta de socios. Y es que el número reducido de socios que estas sociedades suelen tener, hace que la voluntad social pueda manifestarse sin necesidad de convocar a una junta o asamblea.

Las posibilidades pueden presentarse desde una SRL que cuente con dos socios de los cuales uno de ellos -que concentre la mayoría del capital social- podrá “decidir” el destino de la sociedad, hasta grupos mayores que podría adoptar acuerdos en un contrato u otro documento que únicamente garantice autenticidad.

La libertad estatutaria se torna bastante flexible para la adopción de acuerdos que reflejen la voluntad social, no siendo siquiera necesario que éstos consten en un Libro de Actas y menos que sea legalizado. Asimismo, se resolverá en ese nivel estatuario relativo al quórum y votación. Sin embargo, un documento en el cual consten los acuerdos de los socios disminuye considerablemente los conflictos que pudieran presentarse entre ellos. Ello posibilita recurrir a formas alternativas de registro o archivo de los acuerdos siempre y cuando la voluntad de los socios quede puesta de manifiesto de manera indubitable. Del mismo modo, se permite que la convocatoria a reunión o junta de socios pueda realizarse mediante esquelas bajo cargo, facsímile, correo electrónico u otro medio de comunicación que permita obtener constancia de recepción.

2. La administración de la SRL

a. Generalidades

El artículo 287 concentra una serie de disposiciones referidas a la administración de la sociedad. La posibilidad de encargar la administración a más de un Gerente supone brindar mayor flexibilidad en la gestación de la sociedad designando varios responsables.

A diferencia de la SAC, en la SRL no se permite un órgano intermedio como el directorio a cargo de la administración de la sociedad. En ese sentido, la identidad entre la propiedad y administración pudiera ser más visible, a diferencia de lo que suele ocurrir en la SA tradicional en la cual a medida que va dispersándose la propiedad de las acciones de las sociedades, resulta menos frecuente que coincidan en las mismas manos la propiedad y administración de los títulos.

Sin embargo, esta realidad propia de la SA de desvincular capital y gestión ha llevado a que diversas legislaciones no exijan la calidad de socio para ser nombrado administradora>. Tal es el caso de nuestra LGS que ha dispuesto que los Gerentes pueden ser socios o no posibilitando que la sociedad cuente con personas expertas en la actividad que la sociedad vaya a emprender. Al comentar un enunciado similar previsto en la ley española Joaquín Garrigues señala que:

“En la regulación de esta materia chocan de nuevo el principio que atribuye el carácter de gestor de todo socio por el solo hecho de serio y el principio colectivista que funda la gestión en una relación jurídica independiente de la realidad de socio (organicismo de terceros).”

La LGS ratifica la personería de los Gerentes al precisar que éstos representan a la sociedad en las actividades que constituyen su objeto social. La forma y modo de ejercicio deberá ser dispuesto por la junta general en el acto de nombramiento o cuando así lo considere.

Broseta Pont señala al respecto que:

El órgano de administración en las diferentes modalidades que permite la Ley (Ley de Sociedad de Responsabilidad Limitada Española) reviste un carácter eminentemente ejecutivo gestionando y representando a la sociedad bajo las indicaciones de la Junta General. Se trata por tanto de un órgano permanente con una doble vertiente: interna (en tanto gestor de la sociedad) y externa (por su capacidad de representar a la Sociedad Anónima frente a terceros.)(9).

El artículo 278 de la Ley General de Sociedades anterior establecía drásticamente que no tendría validez contra terceros cualquier limitación en las facultades representativas de los gerentes, lo cual a nuestro entender le restaba eficacia organizativa a la sociedad al no asignar eficientemente las responsabilidades de los gerentes.

La ley actual corrige el criterio anterior eliminando dicha restricción y se limita a señalar que los gerentes representan a la SRL en todos los asuntos relativos a su objeto. De este modo, los socios pueden limitar válidamente el alcance de las facultades de representación de los gerentes, sin perjuicio, claro está, de lo dispuesto en el artículo 12 que dispone que los terceros no se verán afectados por los actos de los representantes celebrados dentro de los límites de las facultades que les hayan conferido aunque tales actos comprometen a la sociedad a negocios u operaciones no comprendidos dentro de su objeto social.

No obstante ello, el artículo bajo comentario establece desde ya que los gerentes o administradores gozan per se de las facultades generales y especiales de representación procesal por el solo mérito de su nombramiento. La opción legislativa sigue el derrotero previsto para la SA en cuanto a los alcances de las facultades de los gerentes lo cual simplifica la determinación de su ámbito de acción en atención a la naturaleza de esta “persona órgano” como representante de la sociedad. Finalmente, cabe indicar que en aplicación del último párrafo del artículo 14 de la LGS estas facultades pueden ser eventualmente recortadas, ampliarse o ser asignadas de otro modo, si así se dispone en el estatuto o lo acuerdan los socios.

b. Nombramiento de los administradores El nombramiento de los gerentes corresponde sin duda a los socios, dada

la ausencia de un órgano intermedio que se ocupe de ello. El acto de nombramiento pone de manifiesto que la relación entre el administrador y la sociedad es de naturaleza orgánica y no contractual, nacida de un acto social unilateral aunque de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la LGS dicho acto surta efectos desde la aceptación expresa o tácita del cargo.

Asimismo, como nos lo recuerda Elías Laroza será necesario que se otorgue a los gerentes las facultades necesarias para la administración de la sociedad. Tales facultades pueden conferirse según la función que cada gerente desempeñe, cuidando que al menos uno de ellos tenga suficientes facultades para celebrar los actos y contratos ordinarios correspondientes al del objeto de la sociedad.

Por otro lado, la LGS prohíbe a los Gerentes dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo género de negocios que constituye el objeto de la sociedad. El precepto descrito se sustenta en un deber de lealtad consustancial a la condición de administrador previniendo así un aprovechamiento indebido en beneficio propio o incluso de terceros (a través de labor por cuenta ajena) de la información a la cual se accede con ocasión del cargo.

La disposición es claramente prohibitiva pero sugiere la idea si acaso los socios pudieran permitir o autorizar al gerente a realizar dicha actividad si consideran que ello no afectaría la gestión desempeñada en la sociedad.

La legislación española prevé que dicha limitación pueda ser salvada si media el acuerdo expreso de la junta de socios autorizando la actividad competitiva. Según Broseta Pont, la doctrina no ha valorado positivamente la posibilidad de soslayar la prohibición por la vía del acuerdo de la junta y, para impedir, abusos pide que la autorización se conceda en forma singular e individualizada; por su parte, el artículo 53.2b) de la Ley española dispone que el acuerdo sea adoptado con la concurrencia de al menos 2/3 de los votos correspondientes a las participaciones en que se divide el capital social.

c. Obligaciones y responsabilidades de los administradores

Conforme se explicó, la administración de la sociedad se encarga a uno o más gerentes, sean socios o no. La administración tal como sucede en las demás formas societarias es un órgano necesario y permanente al que la Ley confía todas las funciones inherentes a la gestión o administración y a la representación de la sociedad.

La similitud estructural con laSAC, incluso para el régimen de la administración, ha llevado a que desde el punto de vista organizacional algunos autores califiquen a la SRL como una SAC sin directorio ya que a diferencia de la facultad prevista para esta última, la SRL no tiene posibilidad de insertar un órgano intermedio como el directorio. Las razones que sustentan la opción legislativa (recogida de la legislación precedente) son consistentes con la dimensión de la sociedad, que permite que frecuentemente los socios se vean involucrados en la gestión directa de las operaciones.

La entrega de la administración en una pluralidad de personas no permite deducir con claridad que se pueda constituir un órgano colegiado siendo más bien que el ejercicio es individual aunque se pueda disponer el ejercicio conjunto de determinadas facultades.

Ciertamente, las innovaciones en la LGS en cuanto a la regulación de la administración de las sociedades anónimas ha proveído de nuevas herramientas para la adopción de los esquemas de administración más compatibles con las necesidades comerciales de la SRL. Así, estimamos que la gestión de la administración podría ser encargada a una persona jurídica, socia o no de la sociedad y ejercer las atribuciones análogas a las previstas en el artículo 188 de la LGS.

Ahora bien, con relación a los deberes de los administradores debemos necesariamente remitimos a las normas que gobiernan lo propio en la SA.

Estimamos así que son aplicables a los administradores los mismos estándares de probidad y profesionalismo exigidos para aquellos de las SA. Señala Broseta Pont:

“El nivel de diligencia exigido a los administradores de una sociedad limitada en el ejercicio del cargo coincide con el que se impone en sede de la sociedad anónima al referirse a los directores”.

Como se sabe, una de las grandes dificultades enfrentadas por la doctrina ha sido la interpretación del enunciado “ordenado comerciante y representante legal”, indicado en el artículo 171 de la LGS al referirse a los directores de las sociedades anónimas.

No es el propósito tratar un tema que, en extenso, será tratado en los comentarios al régimen de la administración en las SA. Solamente a modo de repaso merece indicarse que la diligencia de un ordenado comerciante y representante legal constituyen los parámetros que nos permiten calificar la situación de un administrador. Las exigencias de la ley están referidas a la actuación de un comerciante, es decir, de un profesional del comercio, lo cual lleva implícito una experiencia y unos conocimientos que no son los mismo que los de una persona que no ejerce el comercio.

En cuanto al deber de actuar con lealtad, cabe citar a Ernesto Eduardo Montorell quien sostiene que este deber:

“Constituye la contrapartida de la confianza depositada por los socios en la designación de aquellos y se vincula con el plexo de facultades

con que ha sido investido el administrador para el cumplimiento del. objeto social, las cuales habrán de ser ejercidas en interés de la compañía”.

El artículo 288 establece que los gerentes responden frente a la sociedad por los daños y perjuicios causados por dolo, abuso de facultades o negligencia grave. Previamente, la sociedad debe decidir la acción de responsabilidad por mayoría simple del capital social.

Sin embargo, la antigua Ley General de Sociedades disponía en el segundo párrafo del artículo 280 que los gerentes responderían en los mismos supuestos (daños por dolo, abuso de facultades o negligencia grave), también frente a los socios o acreedores sociales cuando hubieran lesionado directamente los intereses de cualquiera de ellos.

Cabe por ello preguntarse si se eliminó deliberadamente lo referido a la responsabilidad frente a terceros o socios, que sí está prevista de modo expreso al regular la gerencia en el caso de las SA (al igual que la parte correspondiente en la anterior Ley). Al respecto, estimamos que aun cuando la LGS no haga una remisión expresa al régimen de la SA, éste podría ser de aplicación y por tanto, le corresponde al gerente responder por los daños a terceros y socios.

Cabe recordar que en el caso de la SA se acoge un doble tratamiento en la responsabilidad de los administradores. El primero se refiere a la pretensión social de responsabilidad (artículo 181 de la LGS) la cual procede en tanto se ha producido un daño al interés social. El segundo, se refiere a las pretensiones individuales en caso se haya afectado directamente a los socios o terceros.

Ahora bien, los comportamientos indebidos del gerente que lo hacen responsable son el dolo, abuso de facultades y la negligencia grave. Merece comentar esto último dado que la ley LGS ha optado por excluir a la negligencia leve como causal de responsabilidad poniendo así fin al debate sobre si el Standard de “ordenado comerciante” y “representante leal”, lo haría también responsable por la negligencia leve.

d. Remoción de los administradores

Ahora bien, los gerentes podrán ser removidos por los socios requiriendose para ello la mayoría simple de aquellos que representen las participaciones sociales. Sin embargo, el sesgo personalista de este modelo queda de manifiesto al establecer que cuando el nombramiento del gerente hubiese sido condición del pacto social, solo podrá ser removido judicialmente y por dolo o culpa o inhabilidad para ejercer el cargo (art. 287 de la LGS).

El o los administradores desempeñan un doble rol: en tanto órgano societario dotado de facultades de representación ante terceros, con deberes y derechos provenientes de su estatus y la dimensión de trabajador en tanto se presenten los elementos esenciales que la ley establece.

En ese sentido, la remoción no enerva aquellos derechos que el socio haya adquirido por el ejercicio del cargo, como los de naturaleza laboral que el gerente que reúna a su vez la condición de trabajador gozará de la protección que la ley le franquea.

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7 comentarios en “SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

  1. k si es una buena imformacion

  2. bueno k le falta gregar modelos de minutas ,estyutos o pactos sociales , pero e sbuena

  3. para la realizacion de actividades de construccion entre otras e incluso de negocios con el extranjero, que es lo que mas me conviene
    EIRL
    SRL
    SA
    SAC

    Gracias

  4. para constituir una empresa de servicios de Taxis ., con 8 unidades ., solo 2 personas como socios ., recien para empezar y con bienes de capital con los vehiculos 6 y 2 por cada socio-., cual seria la sociedad que me convenga mas y mejor ., por favor los socios son padre e hijo.
    por favor necesito saber que sociedad seria mejor
    atentamente
    boni

  5. bueno me parec muy bien su trabajo desarroolado ya que nos aporta esclarecer las dudas respecto al tema

  6. HOLA ,su informacion con respecto a la sociedad comercial en el pais ,me parece interesante y me a ayudado en mis trabajos;espero volver ingresar a esta pagina…
    Ademas .dejenme contarles que yo tambien soy estudiante de ULADECH pero en la sede de cañete…

  7. interesante

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