La Defensoria del Pueblo

La Defensoria del Pueblo

1.- Introducción.-

La Defensoria del Pueblo fue incorporada por primera vez en el ordenamiento jurídico peruano a través de la Constitución de 1993, la que acogió la figura del Ombudsman como una garantía orgánica para la protección de los derechos constitucionales en el ámbito de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos.

El desarrollo de la institución del Ombudsman en el Perú ha seguido desde entonces la misma línea que sus homólogas iberoamericanas, centrando su labor en la defensa y promoción de los derechos humanos frente a la actuación del Estado. A diferencia del modelo originario de Ombudsman sueco, y extendido en Europa, cuya actuación se concibió estrictamente para supervisar la legalidad de la administración estatal y corregir los actos de mala administración, el perfil institucional latinoamericano responde en gran parte a la realidad de muchos de los países de la región afectados por graves y sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos. Una historia marcada por el autoritarismo, la violencia, la presencia política de las Fuerzas Armadas, la desigualdad en las relaciones de género, las grandes brechas económicas, sociales y culturales, entre otros, han contribuido al debilitamiento del estatus de los ciudadanos y ciudadanas frente al poder estatal, con la consiguiente lesión de sus derechos más elementales.

En el marco descrito, el Ombudsman en el Perú trasciende las tareas concretas de defensa de derechos y supervisión de la gestión administrativa, incorporando a su misión la promoción de valores como la responsabilidad, la transparencia, buen gobierno y servicio al ciudadano, el fortalecimiento de la institucionalidad y la consolidación de una cultura democrática. Esta doble función le permite no solo aportar a la solución de casos individuales, sino plantear remedios colectivos para problemas que afectan a grupos más amplios de la población o a la ciudadanía en su conjunto.

2. Naturaleza y características de la institución

La Defensoria del Pueblo corresponde a la clásica figura del Ombudsman que viene desarrollándose en las democracias modernas, con especial énfasis en Ibero-américa, sobre todo a partir de su incorporación en la Constitución Española de 1978, fuente inspiradora de nuestras Constituciones en esta materia.

En el Perú, la Constitución de 1993 establece que el Defensor del Pueblo es elegido por una mayoría calificada de por lo menos dos terceras partes del número legal de miembros del Congreso de la República y por un periodo de cinco años.

Goza de total independencia en el ejercicio de sus funciones, no está sujeto a mandato imperativo, ni a las instrucciones de ninguna autoridad. La Constitución y la ley le otorgan las mismas prerrogativas que a un congresista específicamente, inviolabilidad, inmunidad y el beneficio procesal del antejuicio.

La autonomía constituye un aspecto esencial del marco jurídico que la Carta Fundamental diseña para la Defensoría del Pueblo, de manera que esta se encuentra provista de una garantía básica de rango constitucional para el cumplimiento de las funciones propias y especiales que le han sido asignadas.

Tal autonomía supone que la institución no se encuentre sometida a relación de jerarquía alguna o sujeción respecto de los demás órganos constitucionales, y menos aún respecto del Gobierno Central o Poder Ejecutivo. Opera en este sentido un criterio de especialidad, según el cual cada órgano debe desarrollar la específica atribución funcional del poder que la Constitución instituye con independencia y sin interferencias.

Ello cobra especial relevancia y funcionalidad en el caso de una institución como la Defensoría del Pueblo, cuya misión constitucional está referida a la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, y para lo cual debe supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal así como la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

Sobre la base de tal autonomía la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley N° 26520, faculta al Defensor del Pueblo a aprobar la organización interna más conveniente para la consecución de sus fines. En efecto, el artículo 7 de la ley señala expresamente que “El Defensor del Pueblo estará auxiliado por adjuntos que lo representarán en el ejercicio de las funciones y atribuciones previstas en esta ley”. En el mismo sentido, el artículo 33 de la ley señala que el Defensor del Pueblo podrá designar libremente los asesores necesarios para el desarrollo de sus funciones, teniendo como único limite las normas sobre ejecución presupuestal del Estado. A ello se agrega que el numeral 7 del artículo 9 de su ley orgánica, señala que el Defensor del Pueblo está facultado para dictar los reglamentos que requiera para el cumplimiento de sus funciones, lo que incluye sin duda los instrumentos de gestión institucional necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento.

En virtud de las normas citadas, mediante Resolución Defensorial N° 12-2001/DP publicada el6 de abril de 2002 en el diario oficial El Peruano, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Defensoría del Pueblo, cuyo artículo 5 define su estructura administrativa, precisando que entre los órganos de dirección y de línea se encuentran los adjuntos al Defensor del Pueblo, y entre los órganos desconcentrados, las Oficinas Regionales de la Defensoria del Pueblo. En la actualidad, la Directiva N° 001-2003/DP-PAD sobre Despliegue Territorial de la Defensoria del Pueblo, ha modificado la denominación de las Oficinas Regionales por Oficinas Defensoriales. El artículo 8 del citado ROF señala que “la Defensoria del Pueblo cuenta con adjuntos al Defensor del Pueblo los mismos que proponen y ejecutan la política de la institución y tienen a su cargo sus funciones de línea. Los Adjuntos son seis: Primer Adjunto al Defensor del Pueblo, Adjunto para la Administración Estatal, adjunto para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, Adjunto para los Servicios Públicos, Adjunto al Defensor del Pueblo en Asuntos Constitucionales y Adjunto(a) al Defensor del Pueblo para los Derechos de la Mujer”. Además, se cuenta con cuatro programas especiales: Asuntos Penales y Penitenciarios, Comunidades Nativas, Protección a las Personas Afectadas por la Violencia Política así como Descentralización y Buen Gobierno.

En consecuencia, el desarrollo de estas normas debe corresponder a la propia institución, dada su condición de órgano constitucional autónomo, lo cual implica la facultad de precisar su organización, sus objetivos institucionales y la prioridad de sus actividades, en función de sus disponibilidades presupuestarias. La estructura organizacional está orientada a desarrollar el mandato genérico señalado en la Constitución y en su citada Ley Orgánica, que busca abarcar de manera integral, eficiente y eficaz las competencias que se le asignan, mediante la optimización de sus recursos institucionales. .

3. Deber de colaboración

Con relación al deber de colaboración que establece la norma del artículo 161 conviene hacer la siguiente reflexión. El deber de colaboración es impuesto a las autoridades, funcionarios o servidores de la administración estatal para facilitar las investigaciones defensoriales. Esto último incluye la obligación de proporcionar la información solicitada así como facilitar las inspecciones, entrevistas y otras modalidades de actuación inherentes a la labor defensorial. Debe interpretarse que los pedidos o solicitudes del Defensor del Pueblo constituyen propiamente una orden emanada de un órgano constitucional debidamente facultado para exigir su cumplimiento, teniendo en cuenta además que el deber de colaboración constituye una obligación nacida de la Constitución y se desarrolla también la Ley Orgánica de esta institución.

En la tradición del Ombudsman existen dos mecanismos coercitivos que permiten garantizar el cumplimiento del deber de cooperación. En Escandinavia, en Suecia concretamente, se faculta al Ombudsman a imponer multas a las autoridades, funcionarios o servidores que no cumplan con brindar información y las facilidades requeridas para las investigaciones, las mismas que son de responsabilidad personal de quien incumple. En la mayoría de países se recurre a la figura penal de resistencia a la autoridad para exigir al juez que en última instancia haga cumplir al omiso el deber de cooperación.

En nuestro país podría pensarse en perfeccionar el marco legal actual para hacer más explícitos los mecanismos mediante los cuales la Defensoría del Pueblo pueda garantizar el cumplimiento del deber de cooperación de las autoridades, funcionarios o servidores bajo el ámbito de su supervisión. Así lo aconseja la experiencia internacional a la que nos mantenemos permanentemente atentos, gracias a la cooperación de nuestros pares en otros países y al apoyo de la comunidad internacional.

4. Misión institucional

En el Perú la Constitución de 1993 le ha asignado a la Defensoria del Pueblo tres funciones fundamentales que definen su competencia y que constituyen su misión en el ámbito de la administración estatal y de la prestación de servicios públicos:

defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de función de la administración estatal, y supervisar la prestación de los servicios públicos a la población.

Además, su ley orgánica, Ley N° 26520, le asigna la responsabilidad de promover los derechos humanos, lo cual supone una preocupación permanente por la vigencia de los valores éticos en el ejercicio de la función pública y la convivencia social, así como por la institucionalidad democrática en el país.

1. En ese sentido, el Defensor del Pueblo puede realizar las siguientes acciones:

Iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación para el esclarecimiento de los actos y resoluciones de la administración estatal y sus agentes que manifiesten un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, moroso, abusivo o excesivo, arbitrario o negligente de sus funciones y afecten la vigencia plena de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad.

Interponer y dar seguimiento a las acciones de inconstitucionalidad, hábeas corpus, amparo, hábeas data, acción popular y acción de cumplimiento. También puede intervenir en cualquier procedimiento de hábeas corpus iniciado por un tercero, para coadyuvar a su defensa.

Participar en procedimientos administrativos.

Promover iniciativas de mediación y conciliación e interponer sus buenos oficios.

Promover y difundir los derechos humanos a través de una labor educativa encaminada a difundir los derechos de las personas así como las vías para lograr su protección.

Promover la firma, ratificación o adhesión y efectiva difusión de los tratados sobre derechos humanos.

Elaborar informes y estudios especializados con sus correspondientes recomendaciones sobre el seguimiento de situaciones de violaciones a los derechos humanos, irregularidades en la administración estatal y los servicios públicos.

Promover iniciativas legislativas al Congreso para que apruebe leyes que garanticen los derechos fundamentales de sectores vulnerados.

Realizar un informe anual ante el Congreso sobre las gestiones y recomendaciones formuladas a los poderes públicos.

Representación de la persona o de la comunidad frente al Estado

Para cumplir con su mandato constitucional de protección, la Defensoría del Pueblo asume la representación de las personas que soliciten su intervención -generalmente a través de quejas y petitorios- o por su propia iniciativa, cuando el problema es de dominio público. El propósito es actuar como intermediario ante las autoridades, a fm de defender derechos constitucionales, exigiendo que quienes ejercen función estatal lo hagan cumpliendo sus obligaciones legales. El único norte es el respeto a la Constitución, la ley y los principios éticos que sustentan la vigencia de los derechos humanos y la legalidad democrática.

Constituye como institución un punto de equilibrio entre la sociedad y el Estado, entre gobernantes y gobernados, en consonancia con la idea de la democracia modero:! de abrir canales de participación directa que complementen el ejercicio del derecho de petición del ciudadano frente al Estado. En esta función de intermediación, compensa la débil posición del ciudadano frente al desproporcionado poder de la Administración Pública y de las fuerzas del mercado, permitiendo un mayor acercamiento a favor de la tutela de los derechos humanos y de la fiscalización social de los excesos u omisiones del poder.

Aunque la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo impida a cualquier autoridad administrativa dirigirse en queja a la Defensoría del Pueblo, se dan varios casos en que aquella toma la iniciativa de recurrir a la institución. Si la razón alegada se encuentra dentro del marco de las competencias de la Defensoría del Pueblo ~a protección de los derechos fundamentales de la persona en el ámbito de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos) la institución puede asumir la investigación e intervención correspondiente. No interviene cuando se trata de un diferendo exclusivamente entre autoridades.

5. Características de la investigación defensorial

Siguiendo la tradición del Ombudsman, la Defensoría del Pueblo desarrolla sus investigaciones mediante procedimientos siempre gratuitos, flexibles, expeditivos y transparentes, que tiene como propósito generar confianza en los interesados y en la autoridad, propiciando una mayor responsabilidad de esta última en el cumplimiento de sus funciones y en la rendición de cuentas correspondiente (accountabiliry).

Promueve de este modo prácticas de buen gobierno, tiende a fortalecer la gobernabilidad democrática y contribuye a la construcción de un Estado de derecho que dote a la sociedad moderna de la estabilidad y garantía (predictibidad) indispensables.

En este sentido, sin desconocer la percepción inicialmente confrontacional que algunas autoridades del Estado puedan ver en las actuaciones de la Defensoría del

Pueblo, su labor debe entenderse como una supervisión que, en última instancia, implica colaboración con el buen funcionamiento del aparato del Estado en general.

En este contexto, se ha dicho que el Ombudsman constituye un mecanismo de control de calidad del servicio que brinda la administración, en sus distintas facetas de la relación con el ciudadano.

Las actuaciones defensoriales durante una investigación incluyen la potestad de solicitar información a las autoridades sobre los temas examinados y tener acceso a documentación oficial (incluida judicial), aparte de llevar a cabo diligencias de inspección, verificación, revisión de documentos, entrevistas, elaboración de actas y todo aquello que contribuya al acopio de indicios o pruebas que puedan esclarecer la violación de derechos o el incumplimiento de los deberes de función. Con respecto a obtener información, documentación o testimonio de particulares, la aplicación de los principios de inmediatez y celeridad se complementan con la facilidad de acceso y la confianza que sustenta el funcionamiento de la institución. Ello abre el espacio necesario para que la Defensoría del Pueblo reciba versiones, indicios y evidencias de cualquier persona, las cuales son verificadas y evaluadas por la institución.

Es importante señalar que a partir de la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, de conformidad con su articulo 18, el Defensor del Pueblo tiene acceso a la información secreta, reservada o confidencial, en el ámbito de sus atribuciones para la protección de los derechos humanos.

6. Diferencia con la investigación jurisdiccional y límites de la competencia de la Defensoría del Pueblo en el ámbito de la administración de justicia

Debe distinguirse, sin embargo, el carácter de las investigaciones defensoriales de aquellas que otras autoridades, en particular jurisdiccionales, llevan a cabo. La Defensoría del Pueblo, por la propia naturaleza de sus funciones, desarrolla una investigación no jurisdiccional que no se confunde con la investigación preliminar que efectúa el Ministerio Público o con aquella que corresponde al Poder Judicial.

Así, con motivo de la tramitación de una queja o de su intervención de oficio, la Defensoría del Pueblo procederá a su investigación en forma sumaria para el esclarecimiento de los hechos, efectuando diligencias y solicitando la documentación, así como los informes que considere necesarios a las autoridades involucradas o comprometidas con la materia de la investigación.

Si en el desarrollo de sus labores y con motivo de su investigación el Defensor del Pueblo toma conocimiento de conductas o hechos presumiblemente delictuosos, remitirá los documentos que lo acrediten, informes y resultados de su propia investigación al Ministerio Público o al Poder Judicial para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. Esta es una manifestación de las relaciones de colaboración institucional que se pueden establecer entre dichos órganos constitucionales autónomos. La investigación no jurisdiccional a cargo de la Defensoría del Pueblo no puede sustituir ni interferir con las funciones constitucionales que corresponden al Ministerio Público y al Poder Judicial, su finalidad es contribuir a la defensa de los derechos fundamentales, así como a la vigencia de los valores y principios que rigen el Estado democrático de derecho.

Por otro lado, tratándose de investigaciones que estén referidas al propio funcionamiento de la administración de justicia y a las irregularidades materia de las quejas de los ciudadanos y ciudadanas contra los órganos que imparten justicia, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece que esta podrá recabar la información que considere oportuna de las instituciones y organismos competentes, sin que en ningún caso su acción interfiera con el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

Esta disposición, interpretada a la luz de la competencia de la Defensoría del Pueblo definida en el artículo 162 de la Constitución y de los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial, ha limitado la intervención de la institución en el ámbito de la administración de justicia a los supuestos de mal funcionamiento de la administración de justicia o de violación del derecho al debido proceso.

El artículo 139 inciso 2) de la Constitución señala que es un principio de la función jurisdiccional la independencia en su ejercicio y que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Ello debe concordarse con el derecho constitucional al debido proceso recogido en el mismo artículo inciso 3) y con el deber del Ombudsman de ejercer su defensa. En consecuencia, la intervención debe ser tal que protegiendo el derecho al debido proceso no interfiera con la potestad de impartir justicia. Una opción como la planteada supone distinguir entre la actividad jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial, y limitar la supervisión de la Defensoría del Pueblo a la actividad desarrollada por la administración de justicia en su calidad de servicio público, la misma que comprende el deber de respetar el debido proceso.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo ha realizado diversas actuaciones entre las que pueden destacarse aquellas referidas a dilaciones indebidas durante un proceso judicial, derecho de defensa, requisitoriados por terrorismo en comunidades campesinas de la sierra central, reforma de la justicia militar y cumplimiento de sentencias judiciales por parte de la administración estatal, entre otros.

Debe tenerse en cuenta además que un canal especial de intervención previsto para la institución del Ombudsman en el ámbito de la administración de justicia corresponde a su facultad para iniciar y seguir procesos constitucionales tales como hábeas corpus, amparo, hábeas data, acción popular y acción de cumplimiento para demandar el respeto de derechos constitucionales. La Defensoría del Pueblo ha orientado la oportunidad de su intervención bajo esta modalidad con criterio discrecional dependiendo de la certeza y gravedad de la violación, el estado de indefensión del afectado, su trascendencia colectiva y la posibilidad de someter a la jurisdicción la protección de los intereses difusos, especialmente de aquellas causas que comprometen el interés e importancia de sectores con mayores dificultades para acceder a la justicia.

7. Magistratura de la persuasión

La tarea fundamental de la Defensoría del Pueblo es ejercer la magistratura de la persuasión a favor de los derechos constitucionales de las personas. Efectivamente, su labor se concentra, en una alta proporción en velar por el respeto de los derechos de las personas o de la comunidad y exigir a las autoridades que cumplan con sus deberes de función. Si las actuaciones o pronunciamientos defensoriales no logran su objetivo inmediato ante la autoridad, la Defensoría del Pueblo está obligada a recurrir al inmediato superior, exigiendo que se respete el derecho violado y, si fuera el caso, invocando que se aplique la sanción correspondiente.

Las advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes de función, propuestas, señalamientos de responsabilidad o pronunciamientos tiene propósito persuasivo, mas no carácter vinculante, como no lo tienen nunca los actos del Ombudsmano Es por ello que la Defensoría del Pueblo no puede sancionar o remediar por sí misma un caso de abuso de autoridad o ejercicio negligente de los deberes de función. Tendrá que recurrir a la autoridad competente y convencerla -responsabilizarla, en definitiva- que en ejercicio de su deber tome la iniciativa de rectificar errores y sancionar a los responsables.

Esto no quiere decir que las actuaciones defensoriales carezcan de eficacia. Su eficacia quedará comprobada en la medida que las autoridades con potestad de actuar y sancionar -sea en el ámbito administrativo, sea en el ámbito jurisdiccional reaccionen a los requerimientos defensoriales, cumplan con su deber y efectivamente tomen la iniciativa de remediar el acto que afectó los derechos de la persona o de la comunidad y busquen imponer la sanción que corresponda a quien lo cometió. El deber del Defensor del Pueblo es abrir surcos, señalar el camino y persuadir a la autoridad competente a que lo siga en el respeto a los derechos humanos y a la legalidad democrática que sustenta el Estado de derecho. Su eficacia se sustenta en el “autoricta!’ o el valor que emana del respeto socialmente aceptado, de la confianza en el saber y en el sustento jurídico y ético de la causa que se defiende, o de la legitimidad de quien se pronuncia autónomamente. Así, el Ombudsman actúa como una permanente voz de la conciencia jurídica y democrática que acerque el ejercicio del poder al interés y al derecho de la persona humana, cuya dignidad es el fin último de la sociedad y del Estado.

De aquí que exista en la institución del Ombudsman una orientación fundamentalmente destinada a resolver problemas, antes que a buscar responsables. Esto último constituye una competencia y preocupación de otros funcionarios del Estado como policías, fiscales o jueces.

La tentación de dotar a la Defensoría del Pueblo de facultades coercitivas para imponer los resultados de sus investigaciones, sugerida en algunas ocasiones aquí y en el extranjero, llevaría a desnaturalizar la función clásica del Ombudsman y a confundirla con cualquier otra institución del Estado que tiene facultades jurídicamente vinculantes. En este caso, no tendría sentido conservar la naturaleza irrevocable de las intervenciones del Defensor del Pueblo, ni la imposibilidad de discutirlas en sede judicial alguna.

8. Reflexiones finales

‘Ombudsman” ha sido traducido como “persona que da trámite” o “representante de otra persona”[1], lo que pone de manifiesto dos características esenciales de su naturaleza institucional: su responsabilidad en la protección de los derechos de las personas; y su labor mediadora entre los ciudadanos y la administración a la que le corresponde supervisar. Sobre este último aspecto cabe señalar que en tanto institución mediadora y sin poderes de coerción es incapaz de restituir por sí misma los derechos vulnerados o de imponer sentencias o sanciones a la administración.

Estas líneas dibujan una institución de control del poder comprometida con los derechos fundamentales que se ha insertado con matices especiales según los sistemas jurídicos y la realidad política y social en las que se le ha acogido.

Así, el modelo de Ombudsman sueco, previsto para advertir a la administración estatal de las irregularidades o desviaciones de su actuación ha tenido que responder en América Latina, además, a problemas que ponen en cuestión el Estado de derecho y la institucionalidad democrática en los países de la región. En tal sentido, la Defensoría del Pueblo del Perú ha combinado la intervención dirigida al funcionario que de forma individual desvía su actuación de los cauces legales y constitucionales, con el diseño de mecanismos de solución a problemas colectivos de trascendencia general que arriesgan la vigencia de la Estado democrático de derecho.

Así, a pesar de carecer de facultades coercitivas la Defensoría del Pueblo ha podido construir su legitimidad y la eficacia de su intervención, sobre la base de la autonomía de su actuación, a la atención de quejas que atañen a los derechos de cada ciudadano y ciudadana, a la búsqueda de remedios de alcance general, a la promoción de valores democráticos y a la ética del servicio a la ciudadanía a quien se debe y representa.


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2 comentarios en “La Defensoria del Pueblo

  1. Me veo precisada a dirigirme a la DEFENSORA DEL PUEBLO del Perù por esta vìa, dado que ingresè una carta signada con el nùmero 031969 el dìa 8 de agosto, la cual al parecer ha sido “desaparecida” por el propio personal de esta entidad.

    Al parecer este personal està impidiendo que esta carta sea leìda por la DEFENSORA, dado mis comentarios expresados en èsta respecta a la inadecuada atenciòn sobre mi caso, el cual se negaron a ASUMIR, puesto que el Alcalde de mi distrito estaba atentando contra mis DERECHOS HUMANOS,
    Esta carta nunca me fuè respondida, yo estaba pidiendo una cita con la DEFENS. DEL PUEBLO….. espero que por esta vìa sea atendida mi solicitud.
    atte.
    Patricia Concha Nolte (Espero la llamada de la def. del PUEBLO – TLF.) 593-8670) p.d. he llamado infinidad de veces a la DEFENS. pero siempre me han respndido de forma inadecuada, habiendo desaparecido dicha carta

  2. Agradezco la publicaciòn de mi comentario referente a la OMISION DE CONTESTACION DE CARTA por la DEFENS. DEL PUEBLO, de la cual incluso ha sido DESAPARECIDO SU REGISTRO, para impedir que esta comunicaciòn sea leìda por la DEFENSORA del PUEBLO. El nùmero de ingreso es el “031969” del 08 de agosto de 2008.

    La LEY ORGANICA de esta entidad establece que deben velar por los derechos humanos de los peruanos, pero lamentablemente a mì se me negò ese derecho…. es por este MOTIVO que mi carta fue OCULTADA Y borrado su registro, tuve que acudir a las oficinas de varios congresistas para que se me conteste esta comunicac., pero los resultados son INFRUCTUOSOS.

    Es de imaginar cuàl es la opiniòn que tengo acerca de esta INSTITUCION, ya que varios comisionados e incluso la secretaria de la DEFENSORA , Gloria Bocanegra se NIEGAN a actuar como es debido, alentando asì la conducta transgresora de los funcionarios de la municipalidad de S.Borja que vienen atentando contra mi derecho a la Propiedad.

    Espero la llamada de la sra. DEFENSORA del PUEBLO, al menos quiero saber cuàl fue el destino de la carta que cursè hace màs de 3 meses.

    Patty (593-8670)

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