La Casación En El Proceso Civil Peruano

El Tratamiento Legislativo De La Casación En El Proceso Civil Peruano

Monroy Gálvez Juan, nos detalla que el Perú ha contado con tres ordenamientos procesales civiles durante su vida republicana. Aunque tal enumeración no pretende desconocer que durante varias décadas, por lo menos hasta 1852, se mantuvo la vigencia de normas jurídicas españolas.

El Código de Enjuiciamientos en Materia Civil es el primer Ordenamiento Procesal netamente nacional, lo trascendente del mismo es que, en la materia en investigación, reguló la casación, atendiendo a los rasgos más esenciales que la tipifican: ello, tres años antes que la Ley de Enjuiciamiento Civil Española regulara la llamada “casación bastarda”.

Expresa el antes citado jurista, que este código nacional utilizó el nombre de un recurso extraordinario de nulidad, cuyos fines y procedimiento civil eran muy parecidos al recurso de casación. Así, la norma nacional reguló los casos en los que se procedía tal recurso, a las maneras o motivos casacionales: “Art. 1733. Se da a las partes el remedio del recurso extraordinario de nulidad, contra las sentencias o autos de las corte de justicia y de los demás tribunales superiores que causan ejecutoria, en los casos siguientes:

1.- Por falta de jurisdicción en los jueces, o de personería legítima en las partes;

2.- Por ocurrir alguno de los casos del artículo 1649;

3.- Por desnaturalizarse la causa, haciéndose ordinaria la que es ejecutiva o sumaria la que es civil y viceversa.

4.- Por infracción de los artículos constitucionales relativos a la administración de justicia.

5.- Por haberse pronunciado la sentencia contra ley expresa”.

Se dispuso que la parte impugnante precisará la naturaleza del vicio o error cometido: “Art. 1750. La declaratoria de la nulidad por ser dada la sentencia contra ley expresa y terminante, se motivará únicamente en la ley o leyes infringidas; y de ningún modo en deducciones, doctrinas o leyes extrañas.” Continua señalando el autor, que su singular y extraordinario mérito fue conceder a la Corte Suprema la facultad de resolver el fondo en los casos de error material: “Art. 1751. Cuando la Corte Suprema declare la nulidad, en caso del artículo anterior, fallará al mismo tiempo sobre lo principal”. Es decir, antes que la ley matriz española así lo dispusiera, una norma nacional eliminó el reenvió en los casos que la sentencia impugnada afectara la ley material. Se trata, dice de una impecable aplicación del principio de economía procesal, realizada años antes que la procesalística alemana iniciara los escarceos científicos que permitieron a Chiovenda varios lustros después, a comienzos del siglo XX, sentar las bases de la ciencia procesal civil. Merito extraordinario de la ley nacional, si nos atenemos a que en España recién la Constitución de 1812 regulo (Art. 261) un trámite para controlar la legalidad a través del llamado recurso de nulidad. Aunque, en estricto, es un Real Decreto del 20 de julio de 1852 el que recién utiliza la palabra casación. En todo caso, la ley peruana de 1812 regula un recurso que, llamándolo extraordinario de nulidad, tiene una considerable identidad con el de casación. Siendo así, podemos afirmar que nuestro recurso de casación, con nombre disfrazado, entro en vigencia tres años antes que fuese regulado sistemáticamente en España.

El 28 de julio de 1912, la justicia civil nacional empezó a ser regulada por el Código de Procedimientos Civiles, la exposición de motivos nos dice que el punto transcendental y de carácter previo que el comité tuvo que solucionar fue el de ver si debía convertirse a la Corte Suprema en un verdadero tribunal de Casación o subsistir como tribunal revisor, como una tercera instancia. Se optó por lo segundo, es decir, que cuando la Corte Suprema declaraba ilegal una resolución de vista, expedí a la vez que a su juicio debía corresponder, sin que fuese necesario el reenvío.

El legislador nacional condeno la casación por la demora que producía el reenvío, sin darse cuenta de que la norma que le sirvió de modelo –La Ley de Enjuiciamiento de España de 1881- había solucionado ese defecto:”Art. 1715. Si se estimare el recurso por todos o alguno de los motivos, la sala en una sola sentencia, casando la resolución recurrida resolverá conforme a derecho….”.

Por otro lado, la imposibilidad de apreciar las pruebas también había sido solucionada por la llamada casación bastarda española: “Art. 17515. El recurso de casación habrá de fundarse en alguno de los siguientes motivos:

1.- Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción.

2.- Incompetencia o inadecuación del procedimiento.

3.- Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte.

4.- Error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

5.- Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, que fueren aplicables para resolver las cuestiones de debate, como también lo había hecho antes el Código de Enjuiciamiento en Materia Civil, de acuerdo con lo antes descrito”

Al respecto, debemos tener en cuenta que la carencia de facultad de apreciar las pruebas es más impactante que sólida. En la práctica, la Corte Suprema ha tenido tal capacidad.

La Constitución Política de 1979 otorgaba a la Corte Suprema facultades casatorias: “Art. 241. Corresponde a la Corte Suprema fallar en última instancia o en casación los asuntos que la ley señala”. Tal redacción es muy confusa como para descartar la concreción de la Corte Suprema como una Corte de Casación, en tanto se le concede la facultad de casar. Posteriormente, la Ley Nº 23385 publicada el 20 de mayo de 1982 –Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales-, diseño la organización del primer órgano de control concentrado de la constitucionalidad en el país. Entre los artículos 42 al 47 reguló el recurso de casación. Uno de sus rasgos más saltantes es que la concedió contra las resoluciones denegatorias en los procesos de Hábeas Corpus y de Amparo: “Art. 42. Agotada la vía judicial y mediante recurso extraordinario interpuesto por la parte o el Ministerio Público, el Tribunal conocerá en casación de las resoluciones denegatorias de las acciones de Hábeas Corpus y de Amparo”.

Dicha ley reguló las causales por las que se concedía el recurso: “Art. 43. La casación tiene por objeto observar:

1.- Que las resoluciones no hayan violado la ley;

2.- Que en las resoluciones no se haya aplicado falsa o erróneamente la ley; y

3.- Que se hayan cumplido las formas prescritas por la ley para tramitar el procedimiento o para expedir el fallo.”

Aún cuando es importante precisar que éstas no se prescribieron como exigencias para la argumentación del recurrente, sino más bien como parámetros para la actuación del tribunal. Por otro lado, en la ley comentada se precisó que la discusión sobre hechos no correspondía al objeto de la casación. Si bien esto fue expresado indirectamente: “Art. 45. Las partes que intervienen en las acciones de hábeas corpus y de Amparo, cuyas resoluciones son objeto de casación por el tribunal, no pueden ofrecer nuevas pruebas ni alegar nuevos hechos ante éste”.

Finalmente, la norma, que insinuaba una posición de avanzada en la materia, canceló tal postura al regular el reenvío en todos los casos en que el tribunal declarara fundado el recurso, al indicar que se debía devolver los actuados a la Corte Suprema para que ésta se pronunciara de acuerdo con lo declarado:“ Art. 46. Cuando el tribunal estime que la resolución objeto de casación ha violado o aplicado falsa o erróneamente la ley, su fallo debe comprender;

1.- Declaración de la violación o de la falsa errónea aplicación de la ley, en que se funda la resolución casada.

2.- Declaración de la ley aplicable al caso.

Cuando el Tribunal estime que en el procedimiento cuya resolución es objeto de casación no se han observado las formas prescritas por la ley para su tramitación o para la expedición del fallo, su resolución señala la formalidad que no haya sido observada.

Dictado el fallo, el tribunal devuelve los autos a la sala de la Corte Suprema que conoció del asunto, para que se pronuncie con arreglo a lo resuelto por el Tribunal, con lo que queda agotada la jurisdicción interna”.

Posteriormente, en junio de 1982, se expide la Ley Nº 23436 según la cual procede casación contra las resoluciones que pongan fin a los procesos en los que intervenga el Estado, salvo los tramitados ante le Fuero Privativo de Trabajo.

A comienzos de 1992 entró en vigencia el Decreto Legislativo Nº 767, Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta norma de organización judicial ratificó la competencia de las salas de la Corte Suprema para conocer en sede de casación: “Art. 32. La Corte Suprema conoce de los procesos en vía de casación con arreglo a lo establecido en la ley procesal respectiva”. Sin embargo, derivó su aplicación a lo que los ordenamientos procesales prescribieran al respecto.

Aun cuando la Constitución actual adquirió vigencia desde fines de diciembre de 1993, es decir con posteridad a la vigencia del Código Procesal Civil, la citamos como antecedente de éste en tanto sólo constituye la ratificación de lo que sobre la materia había prescrito la Constitución derogada. Aunque no constituya otra cosa que una anécdota, destacamos la existencia de una norma: “Art. 141. Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforma a ley”. Asimismo, el artículo 173 establece que conoce en casación las resoluciones dictadas por el Fuero Militar en las que se imponga la pena de muerte.

Sin embargo, como las hipótesis para sancionar la pena de muerte son excepcionales, por disposición del artículo 140 de la actual Constitución: “La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de Traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”. No resultando difícil concluir que el recurso de casación, para los casos en que la Justicia Militar imponga tal pena, casi nuca será utilizado.

Llegamos al Código Procesal Civil, vigente en el país desde el 28 de julio de 1993, que regula el citado instituto dentro de sus artículos 384 al 400.

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Un comentario en “La Casación En El Proceso Civil Peruano

  1. quisera saber si han publocvado comentarios a las modificaciones últimas de mayo 2009 que ha recibido el recurso de casación que en mi concepto constituye un atrazo y de alguna manera se asemeja al recurso de nulidad antiguo.

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