El Animus Difamandi

CRÍTICA A LA EXIGENCIA JURISPRUDENCIAL DEL ANIMUS DIFAMANDI

Aporte: Doctor Iván Meini – ex procurador anti corrupción y docente de la PUCP en materia penal

Sumario: 1. Introducción. 2. El argumento gramatical como mecanismo de rechazo del animus difamandi. 3. La naturaleza del delito de difamación y la necesidad de otorgar una adecuada protección al bien jurídico protegido como argumento que demuestra la innecesidad de exigir el animus difamandi. 4. Disfunciones dogmáticas y procesales generadas por el animus difamandi. I. Dogmáticas. II. Procesales. 5. Epílogo.

1. INTRODUCCIÓN

1. Para imputar responsabilidad penal por la comisión de un delito contra el honor en la modalidad de difamación, la jurisprudencia exige, de manera prácticamente unánime, la presencia de un animus difamandi o infamandi. Acorde con ello, la tipicidad subjetiva de este delito estaría conformada no solo por el hecho de que el sujeto haya actuado dolosamente, esto es, con conocimiento y voluntad de que su comportamiento perturba el honor y/o la reputación en cuanto bienes jurídicos protegidos, sino que, además, tiene que haberlo hecho con un ánimo específico. Así, se ha dicho que “se exige en el sujeto activo una peculiar intención o ánimo, éste es el llamado animus difamandi”(1); “en cuanto a la tipicidad subjetiva es necesario el dolo y el animus difamandi”(2); “… requiriendo necesariamente el dolo; además se exige un elemento subjetivo de tipo, concretado en el animus difamandi… el animus difamandi que se requiere además para configurar el delito de difamación”(3); “se requiere como aspecto subjetivo la presencia del animus difamandi…”(4); “careciendo además el comportamiento de los agentes del especial animus injuriandi que exige el tipo penal”(5); “analizando los elementos del delito investigado (difamación e injuria) como el animus infamandi y el iniuriandi…”(6). Incluso la Corte Suprema ha calificado a este animus “como requisito sine qua non para la configuración de los delitos contra el honor”(7).

La doctrina nacional participa también de este proceder. Y, en esta línea, se ha definido al animus difamandi como “intención, expresada en forma perceptible o inducida de las circunstancias concurrentes de lesionar el bien jurídico del honor(8)” o simplemente como “ánimo especial de difamar”(9).

2. En las líneas que siguen pretendo demostrar, en primer lugar, que la difamación, a la luz de la legislación nacional, no exige ni requiere elemento subjetivo distinto del dolo alguno, satisfaciéndose su tipicidad subjetiva únicamente con el dolo. En segundo lugar, intentaré poner de relieve las disfunciones dogmáticas y procesales que acarrea la exigencia del animus difamandi.

2.      EL ARGUMENTO GRAMATICAL COMO MECANISMO DE RECHAZO DEL ANIMUS DIFAMANDI

1. Desde hace ya varios decenios, la doctrina jurídico-penal acepta de manera unánime la existencia de elementos subjetivos del injusto (subjektive unrechtsmerkmale). Su descubrimiento(10) y desarrollo(11) se debió a que, en plena vigencia de corrientes causalistas que concebían al injusto (tipicidad y antijuridicidad) como el aspecto objetivo del delito y a la culpabilidad como el subjetivo, no se pudo obviar el hecho de que en no pocas oportunidades el legislador incorpora elementos de claro contenido subjetivo en la descripción de la conducta incriminada. Ello obligó a la doctrina a aceptar que, si bien el dolo y la negligencia se concebían como formas de culpabilidad ajenas a la tipicidad, en ésta, algunas veces, concurrían elementos subjetivos(12). Estos elementos recibieron la denominación de elementos subjetivos del tipo (subjektive tatbestandsmerkmale). El ejemplo, por antonomasia, lo constituye el ánimo de lucro con el que tiene que realizarse el apoderamiento del bien mueble ajeno para que se pueda hablar de hurto. Este ánimo no requiere ser realizado, pues para la consumación del delito basta con que el sujeto haya actuado con tal ánimo, siendo indiferente que lo materialice o no.

Pese a la discusión en torno a si estos elementos subjetivos pertenecen sistemáticamente al injusto o la culpabilidad no es pacífica(13), su reconocimiento por parte de la doctrina se vio favorecido, en gran parte, por la adopción del concepto de injusto personal, que trajo como consecuencia la ubicación del dolo y la imprudencia en la tipicidad(14). De ahí que en la actualidad se hable de elementos del tipo distintos del dolo o de especiales elementos subjetivos del tipo (besondere subjektive tatbestandsmerkmale).

De estos datos históricos se desprende claramente que en la tipicidad a veces se incorporan elementos subjetivos que no son abarcados por el dolo, y que a diferencia de éste no tienen en el tipo un elemento objetivo equivalente que abarcar(15). Y fue precisamente esta observación la que obligó a la doctrina a reconocer la existencia de los elementos subjetivos del tipo distintos del dolo: ¿cómo explicar que en la descripción de una conducta delictiva el legislador introduzca en el tipo términos que hacen clara alusión a tendencias, ánimos, finalidades, en definitiva, elementos subjetivos que caracterizan la voluntad de quien actúa al estar referidos a la forma de comisión del hecho, al objeto sobre el que recae la acción típica o al propio bien jurídico(16), cuya consecución no se requiere para la consumación del delito, y que al no proyectarse sobre un elemento objetivo del tipo no pueden formar parte del dolo? Solo se pudo responder esta interrogante admitiendo la existencia de los elementos subjetivos del tipo distintos del dolo.

2. Siguiendo la clasificación de Mezger(17), que es la goza de mayor aceptación en la doctrina nacional(18), se puede sostener que los delitos que incorporan en su tipicidad elementos subjetivos distintos del dolo pueden ser, en primer lugar, delitos de intención (absichtsdelikte), también denominados delitos de tendencia interna trascendente. Éstos se caracterizan por que el elemento subjetivo indica una finalidad que trasciende la realización del tipo, pues el autor persigue un resultado que debe considerar para cumplir con el tipo pero que no es necesario que alcance para consumar el delito. Debe pues existir una relación de mediación, en virtud de la cual el comportamiento es el medio para alcanzar la intención(19).

Estos delitos a su vez se subclasifican en delitos mutilados de dos actos, en donde la acción del autor es realizada como medio para poder realizar luego, él mismo, una actividad posterior. En estos casos la finalidad trasciende el ámbito del dolo, pues donde termina el objeto del dolo (conciencia y voluntad de la acción básica) empieza el elemento subjetivo (fin ulterior trascendente del ámbito del dolo)(20). Ejemplos: el robo (artículo 188 CP), en la medida en que exige que el agente actúe “para aprovecharse de él (del bien mueble robado)”; la usurpación (artículo 202.1 CP), pues sanciona al que “para apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruye o altera los linderos del mismo”; y el proxenetismo (artículo 181 CP), en tanto que se reprime a quien “compromete, seduce, o sustrae a una persona para entregarla a otro con el objeto de practicar relaciones sexuales”. Son también delitos de tendencia interna trascendente los delitos de resultado cortado, en los que el autor persigue la consecución de un resultado que debería producirse sin su intervención. Tal es el caso del delito de abuso de poder económico (artículo 232 CP), que refiere que se tiene que actuar “con el objeto de impedir, restringir o distorsionar la libre competencia”, o del delito de rebelión que tipifica el artículo 346 CP, pues establece que el alzamiento en armas ha de ser “para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional”.

En segundo lugar, y siempre según la clasificación de Mezger, existen delitos de tendencia (tendenzdelikte), conocidos también como delitos de tendencia interna intensificada o de elementos de ánimo(21). Éstos no suponen que el autor actúe con una finalidad que trascienda al tipo, sino, más bien, que su comportamiento se encuentre dominado por un sentido subjetivo específico, que es el que confiere la especial peligrosidad para el bien jurídico(22). Ejemplo de esta clase de delito es el asesinato del artículo 108.3, que demanda que se mate a otro “con gran crueldad o alevosía”. Y el tercer grupo de delitos en función a los elementos subjetivos son los delitos de expresión (äusserungsdelikte), en los que se requiere una singular forma de manifestación o un determinado presupuesto cognitivo del autor. Tal es el caso del delito de denuncia calumniosa del artículo 402 CP: “El que denuncia a la autoridad un hecho punible, a sabiendas que no se ha cometido…”. La doctrina se muestra escéptica para admitir esta tercera categoría (delitos de expresión), pues se dice, a mi modo de ver con razón, que la contradicción entre lo que se sabe y lo que se expresa queda abarcada por el dolo(23). Así, en el ejemplo ofrecido, el conocimiento que se tiene de que el hecho punible que se denuncia no se ha cometido, no es sino el aspecto cognitivo del dolo. Además, el empleo de locuciones como “a sabiendas” o “con conocimiento”, etc. significa que se exige dolo directo en la comisión del delito y que, por lo mismo, se descarta el dolo eventual(24).

3. Al margen de que se acepte esta clasificación o no, lo que no se puede negar es que los elementos subjetivos del tipo distintos del dolo han de estar expresamente consignados en el tipo del delito de la parte especial(25). Y no puede ser de otro modo, pues así lo exige el más mínimo respeto al principio de legalidad. Luego, el proceder de la jurisprudencia y de cierto sector de la doctrina que exigen para la difamación la concurrencia de un elemento subjetivo distinto al dolo, solo podría quedar justificado si es que el artículo 132 CP incluyera en su estructura típica aquel elemento subjetivo. No obstante, ni una ni otra mencionan en qué elemento del tipo legal del artículo 132 CP ubican el pretendido animus, ni siquiera de qué elemento típico se podría desprender. Únicamente se limitan a definirlo(26). Y no puede ser de otra manera porque el delito de difamación no presenta en su redacción elemento subjetivo distinto del dolo alguno. No encuentro en el artículo 132 CP término, partícula o palabra que se refiera directa o indirectamente a un elemento subjetivo que no sea el dolo. No se ha descrito la conducta típica de la difamación utilizando las locuciones “para”, “con el objeto”, “con el propósito”, “en perjuicio”, “con el fin de”, “con una intención especial”, “con un ánimo específico”, etc. En todo caso, el único delito que podría generar dudas a este respecto sería la calumnia (artículo 131 CP), pues en ella se habla de atribuir falsamente a otro un delito, lo que podría dar pie a que se le considere un delito de expresión. No obstante, desde mi punto de vista, tal como he manifestado en el párrafo anterior, esto significa solamente que el delito ha de ser cometido con dolo directo.

Así, si se observa detenidamente, la difamación no puede ser un delito de tendencia interna trascendente, toda vez que el tipo no requiere que cuando el sujeto atribuye a otro una cualidad, hecho o conducta, lo haga con una intención que trascienda la posibilidad de que pueda perjudicar su honor o la reputación. Tampoco es la difamación un delito de tendencia interna intensificada, ya que lo único que se exige es que el sujeto actúe con la voluntad de perjudicar el honor o la reputación de un tercero (pero esto, como se verá(27), es el elemento volitivo del dolo) y no que lo haga con un especial ánimo o intención. Y tampoco podría ser un delito de expresión, pues la ley no requiere para su consumación que el sujeto activo atribuya a otro una cualidad, conducta o hecho a sabiendas de su falsedad.

4. El hecho de que la jurisprudencia y cierto sector de la doctrina exijan un animus en la configuración de la difamación se origina, en mi concepto, porque tanto una como otra se han valido de doctrina foránea para interpretar el tipo penal del artículo 132 CP, perdiendo de vista que los autores foráneos, lógicamente, interpretan su propia ley y no la peruana; o simplemente porque lo han hecho sin comparar las diferencias que existen entre nuestra ley y la extranjera a la hora de interpretar las disposiciones del Código nacional.

5. Todo esto no quiere decir, sin embargo, que quien comete una difamación no pueda actuar con animus difamandi, solo que la ley no lo exige, o lo que es lo mismo, que no tiene que hacerlo para poder ser reprimido penalmente. Así las cosas, el desvalor de acción de estos delitos no requiere en modo alguno la concurrencia de un específico ánimo en la conducta del agente y, en caso concurra, ello en nada afecta a la tipicidad del delito. Tal animus, de concurrir, podrá ser relevante, únicamente, para la graduación de la pena que debe realizar el juez de conformidad con el artículo 46.6 CP.

6. Al este argumento gramatical no se le puede oponer la idea de que como quiera que para la admisión de las causas de justificación se exige un elemento subjetivo(28) que no se encuentra previsto expresamente por la ley sino que su admisión, reconocimiento y exigencia es mérito de la doctrina, habría que proceder de igual forma con los elementos subjetivos del tipo distintos del dolo. No, en primer lugar, porque de admitirse esta idea se tendría que asumir, a renglón seguido, que todos los delitos de la parte especial del Código Penal tendrían que portar en su estructura típica algún elemento subjetivo distinto del dolo, pues los elementos subjetivos de las causas de justificación se exigen para todas las causas de justificación. Ello llevaría a reconocer que se tendría que recurrir a un criterio adicional para discriminar y determinar en qué delitos sería de recibo la inclusión de un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, careciendo de importancia, entonces, para estos efectos, los elementos subjetivos en las causas de justificación. Y, en segundo lugar, porque es en sede de tipicidad en donde se plasma el principio de legalidad de la ley penal, en el sentido de que solo las conductas que se encuentran prohibidas a título de delitos pueden ser merecedoras de sanción penal. Por eso, solo cuando el sujeto realice todos los elementos que componen la conducta prohibida podrá ser sancionado(29). Por el contrario, en sede de antijuridicidad lo que se busca es la solución de un conflicto de intereses protegidos por el Derecho Penal, acudiendo a los principios del interés preponderante y de la falta de interés en la protección jurídico-penal por parte del agente(30). Así, cuando el legislador regula una causa de justificación lo que hace es establecer los elementos mínimos que han de concurrir para su admisión, correspondiendo a la jurisprudencia y dogmática dotarlos de contenido cuando sea el caso. Sucede así, por ejemplo, cuando en el artículo 20.3 lit. a) CP se exige, para la legítima defensa, una agresión ilegítima. El que se considere a ésta como presupuesto de la legítima defensa, y que se exija que tiene que ser practicada por una persona y ser previa y actual al acto de defensa, son datos que no vienen previstos en la ley, pero que se aceptan por la naturaleza de la legítima defensa y la lógica jurídica que así lo demanda.

Y lo mismo cabe afirmar respecto a aquella corriente de opinión que sostiene que existen elementos del tipo que no están previstos expresamente (ungeschriebene tatbestandsmerkmale)(31), y que ponen como ejemplo la posición de garante en los delitos impropios de omisión(32). En efecto, la exigencia de una posición de garante en los delitos de omisión impropia quedaría justificada porque en los comportamientos omisivos a los que se les imputa un resultado tiene que existir un criterio que permita argumentar que no todos los que omiten la acción positiva van a ser responsables por el resultado, pues de no ser así, en cada omisión impropia habría que sancionar a todos. Luego, si se observa con detenimiento la posición de garante, si bien es un elemento del tipo de la omisión impropia, no es un elemento de la conducta típica del delito que se imputa en omisión impropia.

3.      LA NATURALEZA DEL DELITO DE DIFAMACIÓN Y LA NECESIDAD DE OTORGAR UNA ADECUADA PROTECCIÓN AL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO COMO ARGUMENTO QUE DEMUESTRA LA INNECESIDAD DE EXIGIR UN ANIMUS DIFAMANDI

1. También en la naturaleza de la difamación y en la naturaleza del bien jurídico en ella protegido se puede encontrar un argumento que permite descartar la exigencia de un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo. En efecto, si se parte de que son razones de política criminal las que llevan a incluir elementos subjetivos distintos del dolo en la tipicidad de algunos delitos(33), que tienen que ver con la necesidad de acotar el campo de lo punible, dejando de lado la represión de aquellos comportamientos dolosos que a pesar de que puedan perturbar el bien jurídico no llegan a cubrir el desvalor de acción que es penalmente relevante; hay que responder luego a la interrogante de si el bien jurídico honor necesita, para su adecuada protección jurídico-penal, que en su estructura típica se incluyan elementos subjetivos distintos del dolo.

2. El honor como bien jurídico penalmente protegido es uno de los conceptos más difíciles de definir y sobre el que hay diversas opiniones. En todo caso, la doctrina mayoritaria parte de un concepto interpersonal de honor (interpesonaler ehrbegriff), en virtud del cual el honor se deriva de la dignidad de la persona y se encuentra fundado en la propia condición de persona en tanto ser que se relaciona con sus semejantes(34). Las divergencias se advierten luego, cuando se constatan las insuficiencias de los distintos conceptos que de honor se han ensayado(35) y se apuesta por la existencia de un criterio que permita establecer diferentes grados de afectación del bien jurídico honor, en función del rol de la víctima en la sociedad y de las expectativas que ésta tiene frente a su comportamiento(36). Sin entrar al debate en torno al bien jurídico honor, lo que ahora me interesa es precisar que según lo indica el Código Penal, el bien jurídico protegido en el artículo 132 es el honor y la reputación (“…pueda perjudicar su honor o reputación”). Esto indica que para la ley el concepto de honor, en cuanto bien jurídico protegido, no es un concepto fáctico objetivo, entendido como el juicio de valor que de uno tienen los demás miembros de la sociedad, pues eso es reputación, que es, según la propia ley, también el objetivo jurídico protegido en el artículo 132 CP. Ello no quiere decir que el término honor tenga que conceptuarse, a contrario, según un criterio subjetivo, que llevara a identificarlo con la autoestima.

Si se atiende al tipo de lo injusto del delito de difamación, se percibe que el legislador lo ha configurado como un delito de peligro concreto(37), en tanto que para la consumación exige no la lesión del honor o de la reputación, sino que éstas puedan verse perjudicadas. Esto es totalmente coherente con la propia naturaleza del honor, cuya efectiva lesión difícilmente podrá ser comprobada empíricamente. En todo caso, lo que me interesa es llamar la atención de que al ser un delito de peligro, el grado de afectación del honor y de la reputación no tiene que ser el de lesión, sino el de peligro concreto, situación ésta que se acreditará a través de un juicio de idoneidad ex post sobre la expresión proferida que indique si, en el caso concreto y en las circunstancias dadas, pudo perjudicar al bien jurídico. Y esta situación de peligro concreto, y no otra, es la que tiene que ser abarcada por el dolo.

La idea que aquí pretendo explicar: que la protección penal del honor y la reputación que lleva a cabo el artículo 132 CP no requiere de un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, se puede entender mejor si se recuerda que, por un lado, los elementos subjetivos del tipo distintos del dolo caracterizan la voluntad de quien actúa al estar referidos a la forma de comisión del hecho, al objeto material del delito o al propio bien jurídico; y, por otro lado, que el animus difamandi, tal como lo define la jurisprudencia (especial intención de ofender a un tercero), sería un elemento subjetivo referido al bien jurídico y a su afectación. Luego, no tiene sentido indagar por la existencia de un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo en la difamación que esté referido al bien jurídico, ya que al ser éste un delito de peligro, basta con el que sujeto haya actuado con dolo de peligro, es decir, que haya sabido que con su conducta podía perjudicar el honor o la reputación de un tercero y que haya querido actuar de tal manera. El animus difamandi (especial intención de ofender) es pues incompatible con el dolo de peligro de la difamación, ya que el ánimo indicaría una especial intención de perjudicar el honor o la reputación, mientras que el elemento volitivo del dolo del artículo 132 CP se satisface con menos: con el querer que la expresión difamatoria pueda perjudicar el honor o la reputación. No sería lógico entonces que por un lado se exija simplemente la voluntad de poder perjudicar el bien jurídico (dolo) y, por otro, que se actúe con una especial intención o tendencia de lesionarlo.

3. Hay también quienes sostienen que aunque el tipo de la difamación no lo mencione expresamente, cabe una interpretación restrictiva del precepto que exija el animus como sobreentendido en el tipo, pues tal interpretación no solo es dogmáticamente posible sino político-criminalmente conveniente para una adecuada delimitación del ilícito civil contra el ilícito penal, que ha de ser más grave(38). Personalmente entiendo que en estos casos donde lo que se busca es delimitar el campo de aplicación del ilícito civil del penal, pueden ser solventados si se recuerda que el Derecho Penal es ultima ratio y su utilización ha de estar inspirada por la subsidiaridad y fragmentariedad. No hay que perder de vista, además, que el delito de difamación contiene una serie de elementos objetivos (fundamentalmente la difusión de la expresión difamatoria) cuya concurrencia permite afirmar que el desvalor de acción de la difamación es un elemento importante en la diferenciación entre una infracción civil al honor y un delito de difamación.

4.      DISFUNCIONES DOGMÁTICAS Y PROCESALES GENERADAS POR EL ANIMUS DIFAMANDI

I.     Dogmáticas

1. La primera disfunción consiste en que si se quiere incluir un elemento subjetivo de tendencia en la configuración típica de la difamación, que es lo que la jurisprudencia y cierto sector de la doctrina hacen cuando asumen la tesis del animus difamandi, ello no sería necesario pues el animus sería en realidad el aspecto volitivo del dolo de la difamación. Y aquí no hay que confundir lo expresado anteriormente, cuando se dijo que el animus difamandi es incompatible con el dolo de peligro de la difamación, pues una cosa es el minumum que la ley requiere para poder considerar cometido el delito de difamación (en lo que aquí interesa: que se actúe con dolo de peligro) y otra totalmente distinta que el sujeto actúe con una voluntad que no solo satisfaga aquel minimum, sino que lo exceda. Lo que ahora se afirma aquí es otra cosa: según el concepto de animus difamandi que ofrecen la jurisprudencia y doctrina nacional, tal ánimo sería el aspecto volitivo del dolo.

Así las cosas, vale la pena recordar las definiciones que en doctrina y jurisprudencia se han dado de animus difamandi: “Una peculiar intención o ánimo”, “intención, expresada en forma perceptible o inducida de las circunstancias concurrentes de lesionar el bien jurídico del honor” o “ánimo especial de difamar” o, en el colmo de la confusión, “animus difamandi… es decir, conocimiento y voluntad de estar socavando el honor y la dignidad de otra persona”(39). La situación en torno al concepto de animus difamandi se agrava cuando se afirma que “…no aparece hecho que refleja un animus injuriandi que afecte la estima personal de sus representantes ni menos el animus infamandi que lesiona el honor y la reputación de los mismos”(40), ya que un ánimo, se conciba como se conciba, no puede lesionar un bien jurídico penalmente protegido, pues ello sería tanto como reprimir no por comportamientos sino por ideas. El contenido del elemento volitivo del dolo en el delito de difamación, por su parte, es el querer, con mayor o menor intensidad, perturbar el honor o la reputación. Y la intensidad de la voluntad con la que el sujeto realiza esta conducta no puede ser tenida como un argumento para admitir el animus difamandi, bajo el entendido de que si el agente desea ferviente, intensa o especialmente lesionar el honor o la reputación de otro, habrá actuado con animus difamandi, pues ello, a contrario, conllevaría a admitir el absurdo de que cuando no se actúe con esa especial intención se cometería el delito de difamación pero sin animus, lo cual significaría otro absurdo, que el animus difamandi que la jurisprudencia demanda no dependería del tipo de la difamación sino del comportamiento del sujeto activo. Por el contrario, este argumento solo puede ser utilizado para determinar si el sujeto ha actuado con dolo directo (de primero o segundo grado) o eventual.

Se advierte así pues que el mentado animus difamandi es la parte volitiva del dolo en los delitos contra el honor –al igual que el animus necandi y el animus lubricus forman parte del dolo del homicidio y de la violación de la libertad sexual, respectivamente–(41). En este sentido se expresó la correcta sentencia del 7 de octubre de 1991 (Tercer Juzgado Penal de Lima): “El tipo subjetivo de la figura (difamación) supone actuar dolosamente, lo que es lo mismo que el animus de difamar… no existe una diferencia entre el dolo y el animus de difamar (…) no siendo necesario ningún otro elemento subjetivo diferente del dolo”. Aquí se ha seguido el mismo procedimiento que se esgrime cuando se rechaza la existencia de los delitos de expresión(42), en el sentido de que en tales casos la falsedad de la expresión queda abarcada por el dolo, negándose, en consecuencia, la existencia de elementos subjetivos (de expresión) del tipo distintos del dolo.

2. Es también disfuncional el hecho de que el animus difamandi se utilice como criterio para solucionar el conflicto entre la libertad de expresión y el honor. Según la jurisprudencia, “desaparece la ilicitud del acto cuando éste se ejecuta con otra intención distinta a la de difamar; este es el problema de los peculiares ánimos que excluyen el animus difamandi, tales como el animus narrandi, el informandi, el corrigendi, etc.”(43); “la posibilidad de superposición de otro ánimo excluyente de la intención injuriosa es consecuencia de la propia naturaleza de este delito. En efecto, como delito de tendencia, desaparece la ilicitud del acto cuando éste se ejecuta con otra tendencia distinta a la de injuriar o difamar. Este problema de los peculiares ánimos que excluyen el animus difamandi. Se estima como ánimos incompatibles con el de difamar el animus narrandi, el informandi, el corrigendi, etc. El animus narrandi excluye la difamación, cuando la expresión se pronuncia para relatar un suceso y el animus corrigendi, que excluye la intención injuriosa o difamante de las expresiones que tienen por fin señalar y corregir vicios o defectos”(44). En buena cuenta, la consecuencia práctica de concebir a la difamación como delito de tendencia radicaría en que podría calificarse de impunes las expresiones dolosas vertidas con animus iocandi, animus corregendi, animus defendendi, animus criticandi, animus informandi; es decir, con cualquier ánimo distinto al animus difamandi(45).

Este proceder, en mi concepto, es equivocado, porque el animus difamandi (si existiera) en modo alguno sería incompatible con un animus iocandi, corregendi, defendendi, criticandi, informandi, narrandi, etc., pues la naturaleza del ser humano permite que éste pueda actuar con dos o más intenciones, tendencias, ánimos, u objetivos simultáneamente. De aquí se sigue que la presencia de una intención distinta al animus difamandi no tiene por qué excluirla, sino que, por el contrario, son perfectamente compatibles(46). Sucede así, por ejemplo, cuando el periodista realiza un reportaje injurioso de un personaje público por el que siente desprecio; el que desarrolle su trabajo con animus difamandi no impide que lo haga, simultáneamente, con animus informandi, criticandi y/o narrandi. Este razonamiento se infiere también de la STS de 23 de enero de 1998, cuando señala que “otra Sala Penal Superior debe realizar un estudio más pormenorizado del proceso material de juzgamiento, analizando los elementos del delito investigado como el animus difamandi y el iniuriandi o solo se limita al animus narrandi”(47).

Asimismo, un argumento adicional para fortalecer esta idea lo constituye el artículo 133.1 CP (“no se comete injuria ni difamación cuando se trata de ofensas proferidas con ánimo de defensa por los litigantes, apoderados o abogados en sus intervenciones orales o escritas ante el juez”), pues la validez de este precepto se encuentra condicionada no solo a que el sujeto haya cometido la injuria o difamación con un ánimo de defensa, sino también a que lo haya hecho (obviamente al mismo tiempo) con dolo, es decir, con el conocimiento y la voluntad de que su conducta puede perturbar el bien jurídico penal honor o reputación. Y es así porque es la única manera de interpretar coherentemente este precepto, ya que si se dijera que no es necesario que el sujeto actúe con dolo, sino simplemente con ánimo de defensa, la conducta sería atípica por ausencia de dolo y sería ocioso entonces establecer un precepto como el artículo 133.1 CP.

Por otro lado, no es seguro que siempre y en todos los casos el animus iocandi, corregendi, defendendi, criticandi o informandi tengan que desplazar al difamandi, y con eso la libertad de expresión tenga que prevalecer sobre el derecho al honor, pues eso depende, en definitiva, de una necesaria y casuística ponderación entre el uno y las otras, en donde se tomen en cuenta las especificidades del caso en concreto(48).

El razonamiento de la jurisprudencia en virtud del cual el animus difamandi sirve como criterio para solventar el conflicto entre el derecho al honor y la libertad de expresión es, además, sistemáticamente incoherente. En efecto, resulta extraño que se diga que la consecuencia de la exclusión del animus difamandi por la concurrencia de otro ánimo es que el comportamiento es lícito, y no atípico, cuando el animus difamandi constituye para la jurisprudencia un elemento subjetivo del tipo. Para la jurisprudencia una expresión difamatoria proferida con un ánimo distinto al difamandi, como puede ser el informandi, criticandi, corrigendi, defendendi o narrandi, significa actuar al amparo de la causa de justificación “ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo” del artículo 20.8 CP. ¿Cómo conciliar entonces el hecho de que la exclusión de un elemento típico (animus difamandi) constituya una causa de justificación? Si los elementos subjetivos del tipo (en este caso, el presunto animus difamandi) se comprueban en sede de tipicidad y una vez afirmada ésta recién se pasa al juicio de antijuridicidad, la concurrencia de la causa de justificación “ejercicio legítimo de un derecho” (la libertad de expresión representada por el animus criticandi, narrandi o informandi) obligaría a retroceder a nivel de tipicidad y concluir con el carácter atípico de la conducta cuando anteriormente ya se había afirmado lo contrario(49). Esto es lo que resulta contradictorio y metodológicamente incorrecto, y de nada vale afirmar en contra de este argumento que la causa de justificación “ejercicio legítimo de un derecho” se da por la presencia del animus criticandi, narrandi o informandi y no por la ausencia del difamandi, pues el argumento jurisprudencial es que los primeros desplazan al segundo, y ante la ausencia de un elemento típico no tiene sentido indagar por la existencia de una causa de justificación pues el comportamiento es ya atípico.

Ciertamente que la causa de justificación “ejercicio de un derecho” es de suma importancia en la resolución de aquellos casos de conflicto entre el derecho al honor o intimidad y la libertad de expresión e información, pero las razones que inspiren la admisión del ejercicio de un derecho como causa de justificación poco tienen que ver con los animus. Por el contrario, aquí hay que recurrir a los criterios de la relevancia social de la información (en el sentido de que la información ha de contribuir a la formación de la opinión pública en asuntos de interés público), la veracidad objetiva versus diligencia exigida y que no se trate de expresiones vejatorias(50).

II.     Procesales

1. La disfunción que ocasiona el animus difamandi en el terreno procesal está dada por las dificultades de prueba. En efecto, si el aspecto volitivo del dolo y el mentado animus difamandi son lo mismo, la prueba en juicio de este último será sumamente complicada: si ya se ha probado que el sujeto ha actuado con dolo, es decir, en lo que aquí interesa, que quiso que sus expresiones perturbaran el honor o la reputación de otra persona, y luego se pretende demostrar que su comportamiento estuvo dirigido por un ánimo de difamar (que no es otra cosa que voluntad de difamar), se estaría exigiendo la demostración de algo que ya se ha probado anteriormente (el aspecto volitivo del dolo), pero sin conceder la oportunidad de recurrir a aquellos datos que han servido para probarlo, pues eso sería una doble utilización de los mismos datos para demostrar la concurrencia de distintos elementos del tipo. En esta línea, aquella afirmación de que no toda difamación dolosa es delito, sino que se requiere además el animus, no sería factible de comprobación científica(51). De esto se deduce directamente que la exigencia del animus difamandi produce un efecto político-criminal distorsionante, debido a la tendencia subjetivizadora que genera, y que conlleva que la prueba del animus difamandi conduzca a una peligrosa desprotección del bien jurídico honor(52).

En efecto, la comprobación del animus difamandi, al ser imposible, se obtiene mediante presunciones que emanan de la concurrencia, en el caso concreto, de los elementos típicos objetivos de la difamación, los cuales no vienen dados por la expresión proferida, sino por las circunstancias, modo, lugar y ocasión en que tales fueron emitidas por el agente(53). Así, en buena cuenta, lo que hace la jurisprudencia cuando intenta determinar si el sujeto ha actuado o no con animus difamandi es analizar las circunstancias objetivas en que la expresión se produce. Esto se aprecia, por ejemplo, cuando se afirma que “efectivamente el procesado ha tenido el animus difamandi en las declaraciones vertidas el 18 de diciembre de 1995 ante radio “Melodía” habiendo propalado mediante este medio de comunicación declaraciones en contra de los agraviados, pues además de haber asegurado que han tenido pingües ganancias ofreciendo la entidad agraviada, desprendiéndose así que no hace la salvedad de hacer críticas con las reservas del caso, sino por el contrario lo señala en forma directa, excediéndose en sus declaraciones y perjudicando a los agraviados”(54). En este dictamen se entiende que concurre el animus difamandi por el simple hecho de haber incidido en la crítica efectuada y haberla hecho de manera directa, cuando estas dos circunstancia objetivas pueden perfectamente no indicar ánimo alguno, pues es posible que una misma crítica se realice todos los días y de manera directa, pero en interés, por ejemplo, de una causa pública. De esto se deduce entonces que las buenas intenciones de quienes reivindican un animus en la difamación y que con ello pretenden restringir la tipicidad a los ataques más graves al honor, se quedan en eso, en buenas intenciones, puesto que si la prueba de la concreta intención que haya tenido el sujeto al proferir la expresión difamatoria (animus difamandi) se hace depender de las circunstancias objetivas en que ésta se produce, se deja de la lado la expresión en sí misma, así como la averiguación de los verdaderos móviles, tendencias o ánimos que haya tenido el sujeto activo.

2. Otra cosa distinta es que la valoración de las condiciones objetivas en las que se profiere la expresión difamatoria sea interpretada de manera deficiente. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la sentencia del 8 de abril de 1998(55), en la que se afirma, a razón de unas expresiones presuntamente difamatorias, que “éstas no fueron vertidas intencionalmente, sino como producto del estado emocional en que se encontraba el procesado, si se tiene en cuenta que éste sufrió traumatismo encéfalo craneano moderado (…) no ha habido la conciencia y voluntad de dañar el honor del agraviado, máxime que éste al declarar a fojas cuarentaiocho se retracta de las expresiones que en un determinado momento emitió”. Aquí llama la atención que se niegue la intencionalidad de la difamación por el traumatismo que sufría el procesado, ya que ello sería motivo, en todo caso, y en la medida en que concurriesen los demás elementos, para afirmar la inimputabilidad momentánea que pudo padecer el procesado (artículo 20.1 CP). Esta situación conllevaría a afirmar la falta de culpabilidad del sujeto y no su falta de intencionalidad, dado que la consecuencia del traumatismo encéfalo craneano no es impedir la voluntariedad, sino evitar, como posible causa de alteración de la conciencia, que el hecho antijurídico (y por tanto intencional) sea atribuido al agente. Además, es también curioso que se diga que no hay conciencia y voluntad de dañar el honor porque el procesado se ha retractado. Es curioso, en primer lugar, porque el retractarse presupone haber hecho algo de lo cual el sujeto se retracta, que aquí solo puede ser el haber proferido una expresión difamatoria, pues en cualquier otro caso no tendría sentido retractarse. En segundo lugar, el retractarse de una expresión no puede ser visto como desistimiento voluntario (artículo 18 CP), puesto que es posterior a la expresión difamatoria. Por lo mismo, solo puede ser visto como un mero arrepentimiento, lo que supone que el delito se ha cometido.

5.      EPÍLOGO

Lo que he pretendido en este espacio ha sido demostrar que el artículo 132 CP que regula el delito de difamación no prevé un elemento subjetivo del tipo distinto al dolo, no solo porque así lo demuestran consideraciones gramaticales, sino también porque no es necesario desde el punto de vista de la naturaleza del delito y de la necesidad de protección jurídico-penal del bien jurídico honor y reputación. No he analizado los tipos de los delitos de injurias y calumnia, para los cuales la jurisprudencia y doctrina, en gran número, exige también un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo (animus iniuriandi y calumniandi¸ respectivamente). Al respecto considero válidos los argumentos que he expuesto en torno al animus difamandi. Tampoco he entrado al debate en torno al concepto de honor y reputación como bienes jurídicos protegidos en el delito de difamación, ni efectuado un análisis exhaustivo del tipo de lo injusto de la difamación. Simplemente me he limitado a analizar una tendencia jurisprudencial que, a mi modo de ver, no solo no tiene respaldo normativo, sino que, lejos de permitir una adecuada protección del honor, genera una serie de disfunciones dogmáticas y procesales que entorpecen su tutela penal.

Por último, me interesa llamar la atención sobre un peculiar dictamen fiscal(56), cuyos argumentos fueron luego recogidos por la Corte Suprema(57), en donde teniéndose la oportunidad de señalar que el animus difamandi no forma parte del tipo de la difamación (pues este dato aparecía en el escrito de querella), se optó, una vez más, por la teoría del animus difamandi: “El querellante reconoce: si bien no me atribuye la comisión de un delito, al dejar entender que puedo cometerlo, me está atribuyendo no un hecho ni una conducta, sino una cualidad que… puede perjudicar mi honor o reputación. Para al final concluir, que ‘la ausencia de ánimus difamandi o injuriandi no puede ni debe confundirse con la falta de dolo’. Afirmaciones que fluyen del propio escrito de querella, que desvanecen la existencia del delito de difamación sancionado por el artículo 132 del Código Penal…”. Resulta anecdótico que cuando el querellante pone en bandeja los argumentos que han de ser tomados en cuenta a la hora de resolver el caso, éstos sean utilizados en su propia contra por una indebida interpretación de la ley penal, en concreto, del tipo de lo injusto de la difamación.

NOTAS:

(1)      Sentencia del 14 de mayo de 1988, Expediente 944-98 (caso Luis Rey de Castro en agravio de Ricardo Belmont Casinelli)

(2)      Sentencia del 18 de junio de 1998, Expediente 6562-97-A, que confirma la resolución que declara infundada la excepción de naturaleza de acción deducida en el proceso seguido contra Jorge Lúcar de La Portilla y otra por la comisión de delito de difamación en agravio de Leonor La Rosa Bustamante.

(3)      Sentencia del 8 de abril de 1998, Expediente 2000-98 (caso José Luis Carranza de Vivanco en agravio de Luis Ruth Barinotto por la presunta comisión de delito de difamación por medio de la prensa).

(4)      Sentencia de 3 de noviembre de 1998, Expediente 3895-98  (caso José Arévalo Soplopuco por delito contra el honor –difamación e injuria– en agravio de Ivonne Sussana Díaz Díaz)

(5)      Recurso de Nulidad Nº 4165-96, del 1 de octubre de 1997, en ROJAS VARGAS, Fidel. “Repertorio de Jurisprudencia Penal”. Tomo 1. Lima, 1999. Págs. 321 y 322.  El que aquí se haga mención al animus injuriandi en vez del animus difamandi debe ser interpretado solo como un error de redacción, pues la imputación sobre la que versa el proceso penal es por delito de difamación.

(6)      Sentencia de la Corte Suprema (SCS) de 23 de enero de 1998, Expediente Nº 4732-97. También la SCS del 22 de enero de 1998, Expediente Nº 3748-97 y su Dictamen Fiscal Nº 3709-97-MP-FN-2º FSP de 26 del septiembre de 1997, la Sentencia que resuelve el Recurso de Nulidad Nº 4149-96 de 11 del septiembre de 1997 y su Dictamen Fiscal Nº 2933-97-1FSP/MP del 13 de agosto de 1997 y el Dictamen Fiscal Nº 4354-97MP-FN-2º FSP del 28 de noviembre de 1997, publicadas en ROJAS VARGAS, Fidel. “Jurisprudencia penal”. Págs. 321 y sgtes.

(7)      Entre otras, la SCS 0060-88 del 7 de marzo de 1988 y 322-93-B del 18 de abril de 1994. Véase también las sentencias a que se hace referencia en UGAZ. “Prensa juzgada. Treinta años de juicios a periodistas peruanos (1969-1999)”. Lima, 1999. Págs. 82 y sgtes.

(8)      ROY FREYRE.   Derecho Penal Peruano”. Tomo 1. Lima, 1974. Pág. 288.

(9)      BRAMONT-ARIAS TORRES/GARCÍA CANTIZANO. “Manual de Derecho Penal”. Parte especial. 2ª ed. Lima, 1996. Págs. 123 y 127.

(10)      FISCHER. “Die Rechtswidriegkeit mit besonderer Berücksichtigung des Privatrechts”. 1991. Págs. 288 y sgtes. GRAF ZU DOHNA. “Elemente des Schuldbegriffs”. GS 65 (1905). Págs. 310 y sgtes. y HELGER. “Die Merkmale des Verbrechens”. ZStW 36 (1915). Págs. 31 y sgtes.

(11)      MEZGER. “Die subjektiven Unrechtselemente”. GS 89 (1924). Págs. 259 y sgtes. Una detallada exposición sobre la evolución histórica en ROXIN. “Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band I. Grundlagen Aufbau der Verbrechenslehre”. 3. Aufl. München, 1997. § 10/70 y sgtes.; y en POLAINO NAVARRETE. “Derecho Penal”. Parte general. Tomo II: Teoría jurídica del delito. Volumen I. Barcelona, 2000. Págs. 522 y sgtes.

(12)      Vid., JESCHECK/WEIGEN. “Lehrbuch des Strafrecht”. Allgemeiner Teil. 5. Aufl. Berlín, 1996, § 30 I 3.

(13)      ROXIN. AT, § 10/71 y 78, WESSELS/BEULKE. “Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Straftat und ihr Aufbau”. 31. Aufl., Heildelberg, 2001, núm. Marg. 136; JACOBS. “Derecho Penal”. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación. 2ª ed. Trad. de Cuello Contreras/Serrano González de Murillo. Madrid, 1995. Ap. 8/96, BAUMANN/WEBER/MITSCH. “Strafrecht. Allgeimeiner Teil. 10”. Aufl., Bielefeld, 1995. § 8/20.

(14)      STRATENWERTH. “Strafrecht, Allgemeiner Teil. Die Straftat”. 4. Augl. Berlín, 2000. § 8/59.

(15)      STRATENWERTH.AT, § 8/131.

(16)      JESCHECK/WEIGEN. AT, § 30 I 3; LENCKNER, en SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar. 26. Aufl. München, 2001. Vorbem §§13/63; STRATENWERTH. AT, § 8/131 y POLAINO NAVARRETE. PG. Pág. 538.

(17)      MEZGER. “Moderne Wege der Strafrechtsdogmatik”. Eine ergänzende Betrachtung zum Lehrbuch des Strafrechts in seiner 3. Auflage. Berlín, 1950. Págs. 20 y sgtes.

(18)      PEÑA CABRERA. “Estudio Programático de la Parte General del Derecho Penal”. 2ª ed. Lima, 1995. Pág. 341. VILLAVICENCIO TERREROS. “Lecciones de Derecho Penal”. Lima, 1990. Págs. 151 y sgtes. VILLA STEIN. “Derecho Penal”. Parte General. 2ª ed. Lima, 2001. Págs. 262 y sgtes.

(19)      Entre otros, WELZEL. “Das deutsche Strafrecht”. 11. Aufl. Berlín. Págs. 57 y 58; JESCHECK/WEIGEND. AT, § 30 II 1 y sgtes., SCHÖNKE/SCHRÖDER/LENCKNER. StGB, Vorbem §§13/63; STRATENWERTH. AT, § 8/132 y sgtes.; WESSELS/BEULKE. AT, núm. marg. 138 y sgtes.; BAUMANN/WEBER/MITSCH. AT, § 8/20; JAKOBS. PG, Ap. 6/90 y sgtes., VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ. “Derecho Penal”. Parte general. 3ª ed. Bogotá, 1997. Págs. 412 y 413. MIR PUIG. “Derecho Penal”. Parte general. 5ª ed. Barcelona, 1998, 10/142 y sgtes.; y ZAFFARONI/ALAGIA/SLOKAR. “Derecho Penal”. Parte general. Buenos Aires, 2000. § 35 VII 7.

(20)      POLAINO NAVARRETE. PG. Pág. 534.

(21)      VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ. DP. Pág. 413 y ZAFFARONI/ALAGIA/SLOKAR. DP. § 35 VII 6.

(22)      Entre otros, JESCHECK/WEIGEND. AT. § 30 II 1 y sgtes.; SCHÖNKE/SCHRÖDER/LENCKNER. StGB, Vorbem §§13/63; STRATENWERTH. AT. § 8/132 y sgtes.; WESSELS/BEULKE. AT. núm. marg. 138 y sgtes.; BAUMANN/WEBER/MITSCH. AT. § 8/20; JAKOBS. PG. Ap. 6/90 y sgtes., WELZEL. Págs. 57 y 58; y MIR PUIG. PG. 10/142 y sgtes.

(23)      MIR PUIG. PG. 10/145; LUZÓN PEÑA. “Curso de Derecho Penal”. Parte General. I, Madrid, 1996. Pág. 387; y ZAFFARONI/ALAGIA/SLOKAR. PG. p. § 35 VII 6.  No obstante, JESCHECK/WEIGEND, AT, § 30 II 3.

(24)      JESCHECK/WEIGEND. AT, § 29 III 2; STRATENWERTH. AT, § 8/138; WESSELS/BEULKE. AT. núm. marg. 212.

(25)      SCHÖNKE/SCHRÖDER/LENCKNER, StGB, Vorbem §§13/63, BAUMANN/WEBER/MITSCH, AT, § 26/40; MEINI. “La disyuntiva entre honor y expresión”. En: Ius et veritas. 2001. Pág. 101.

(26)      Véase las definiciones consignadas en § 1 y en § 4.1

(27)      § 4.1.

(28)      Doctrina unánime, véase VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ. PG, págs. 459 y 460; JAKOBS. PG. Ap. 11/18 y sgtes.; STRATENWERTH. AT. § 9/139 y sgtes.; y WESSELS/BEULKE. AT. núm. marg. 275.

(29)      De ahí que para castigar por tentativa sea necesaria la existencia de una regulación que así lo indique (arts. 16 CP y sgtes.), y que constituye una ampliación del tipo.

(30)       VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ. PG. Págs. 464 y 465.

(31)      BAUMANN/WEBER/MITSCH. AT. § 8/24 y 25.

(32)      BAUMANN/WEBER/MITSCH. AT. § 8/25.

(33)      STRATENWERTH. AT. § 8/134.

(34)      ZACZYK, en Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band 3. 3. Lfg., Baden-Baden, 1995, § Vor 185/1; SCHÖNKE/SCHRÖDER/LENCKNER. StGB, § Vorbem §§ 185/1; HURTADO POZO. “Droit pénal”. Partie spécial. Zurich, 1998. § 1/35; RUDOLPHI, en RUDOLPHI/HORN/SAMSON/GÜNTHER. “Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch”. 6. Aufl., 51. Lfg., Juli 2001, § Vor 185/5; OTTO. “Grundkurs Strafrecht”. Die einzelne Delikte. 5. Aufl., Würzburg, 1998, § 31/2.

(35)      En detalle HURTADO POZO. PS II, § 1/21 y sgtes.; y ARTZ/WEBER. “Strafrecht. Besonderer Teil”. Bielefeld, 2000, núm. marg. 2 y sgtes.

(36)      OTTO. “Grundkurs”. § 31/6; BERDUGO. “Revisión del contenido del bien jurídico honor”. ADPCP, 1984. Págs. 305 y sgtes.

(37)      MEINI, en “Ius et veritas”. Pág. 102.

(38)      LUZÓN PEÑA. Pág. 386, nota 2. Ciertamente esta cita corresponde a un texto extranjero, pero es perfectamente trasladable al contexto nacional y, en especial, a la presente discusión. Antes, BERDUGO. “Honor y libertad de expresión”. Madrid, 1987. Pág. 80.

(39)      Recurso de Nulidad Nº 4165-96, del 1 de octubre de 1997.

(40)      Dictamen Fiscal Nº 2933-97-1FSP/MP deL 13 de agosto de 1997, en ROJAS VARGAS. “Jurisprudencia Penal”. Pág. 333.

(41)      SÁNCHEZ TOMAS. “Disfunciones dogmáticas, político-criminales y procesales de la exigencia del animus iniuriandi en el delito de injurias”. ADPCP. 1995, pág. 151; QUERALT JIMÉNEZ. “Derecho Penal”. Parte Especial. 2ª ed. Barcelona. Pág. 220; MEINI, en “Ius et veritas”. Pág. 99; el mismo. “La discutible exigencia del ánimus difamandi en los delitos contra el honor”. Informe, 30 (1997), Lima, passim.

(42)      Véase nota 22.

(43)      Sentencia de 14 de mayo de 1988 (nota 2).

(44)      Sentencia de 3 de noviembre de 1998 (nota 4).

(45)      BAJO FERNÁNDEZ/DÍAZ MAROTO. “Manual de Derecho Penal”. Parte especial. Delitos contra la libertad y seguridad, libertad sexual, honor y estado civil. 3ª ed. Madrid, 1995. Pág. 296; y BRAMONT-ARIAS TORRES/GARCÍA CANTIZANO. PE. Pág. 123.

(46)      SÁNCHEZ TOMAS. ADPCP 1995; MORALES PRATS. “Adecuación social y tutela penal del honor: perspectiva despenalizadora”. CPC 36 (1988), pág. 686; MEINI, en “Ius et veritas”. Pág. 98.

(47)      Expediente Nº 4732-97, en ROJAS VARGAS. “Jurisprudencia penal”. Pág. 328.  Cursivas añadidas.

(48)      REBOLLO VARGAS. “Aproximación a la jurisprudencia constitucional: libertad de expresión e información y límites penales”. Barcelona,1992. Pág. 52.

(49)       SÁNCHEZ TOMAS. ADPCP, 1995. Págs. 157 y 158.

(50)      En detalle, MEINI, en “Ius et veritas”. Págs. 98 y ss.

(51)      SÁNCHEZ TÓMAS. ADPCP. 1995. Pág. 160.

(52)      BACIGALUPO. “Conflictos”. Pág. 18; SÁNCHEZ TÓMAS. ADPCP, 1995. Pág. 163.

(53)      SÁNCHEZ TÓMAS. ADPCP, 1995. Pág. 163.

(54)      Dictamen Fiscal Nº 3709-97-MP-FN-2º FSP deL 26 de septiembre de 1997, en ROJAS VARGAS. “Jurisprudencia penal”.  Pág. 324.

(55)      Ver nota 3.

(56)      Dictamen Fiscal Nº 4354-97MP-FN-2º FSP del 28 de noviembre de 1997, en ROJAS VARGAS. “Jurisprudencia penal”.  Pág. 326.

(57)      SCS de 28 de enero de 1998, Expediente Nº 5510-97, en ROJAS VARGAS. “Jurisprudencia penal”. Pág. 325.

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Un comentario en “El Animus Difamandi

  1. Muy buen artículo. En Perú, el caso de Magaly Medina, es un buen antecedente para todo este análisis ya que ella habia ganado un juicio por difamacion contra Gisela Valcarcel y como sabemos: finalmente la metieron presa y todavia por haberla querellado un futbolista.
    Esto nos demuestra que este tema es sumamente delicado y es necesario un análisis exegético para posteriores casos.

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