La Libertad de Contratar

¿Como Debe ser Entendida La Libertad de Contratar?

La pregunta de ¿cual es el sentido que le debemos dar a la libertad de contratar?, surge de la interpretación que nuestros magistrados le dan en la casación N° 2102-2005-Piura, materia de comentario, en la cual señalan que la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar según las normas vigentes al momento del contrato y que los términos no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de acuerdo al art. 62 de la Constitución Política, siempre que tengan fines lícitos y no contravenga leyes de orden publico.  Señalan que el derecho a la contratación no es limitado, ya que se tiene limites explícitos e implícitos , siendo ejemplo del primero la licitud  como objetivo de todo contrato y el respeto a las normas de orden público, a diferencia de los implícitos que serian restricciones al derecho de contratación frente a lo que pudiera suponer el alcance de otros derechos fundamentales. Señalando finalmente que el simple acuerdo de voluntades constituye un mecanismo eventual de desnaturalización de dicho derecho.

Como sabemos el artículo 62 de la Constitución Política de 1993 establece que los términos contractuales no pueden ser modificados por normas jurídicas que entran en vigencia con posterioridad a la celebración de un contrato. Las interpretaciones de que ha sido objeto la mencionada disposición constitucional, no han sido uniformes, una primera corriente de opinión señala que los términos contractuales, en ningún caso, pueden ser modificados por las normas jurídicas que entran en vigor con posterioridad a la conclusión del contrato, que a diferencia de una segunda corriente de opinión, que señala que se debe permitir que los términos contractuales puedan ser modificados por normas posteriores a la entrada en vigencia del contrato.

Creemos que ninguno de los dos, es digno de ser compartido, no obstante lo cual, consideramos que el segundo es el que mejor puede responder a la realidad actual, siempre que se precise que, en principio, como regla general, los términos contractuales, debido al respeto que la autonomía contractual debe tener por beneficiosa, no deben poder ser modificados por normas jurídicas y que, solo de manera excepcional, podrán serlo en los casos en los que se constate una enorme y efectiva disparidad de poderes de mercado entre las partes estipulantes y ello, no hay duda, se da, sobre todo, en el ámbito de las relaciones contractuales de masa en las que se enfrentan el consumidor con la gran empresa. De ahí que, en sustancia, compartamos lo señalado por los jueces en la sentencia que antecede, pues el reconocimiento de la autonomía contractual y la exigencia de su respeto no nos deben hacer perder de vista que existen limitaciones a su contenido y a su ejercicio.

Jurisprudencia:

CAS. N° 2102-2005 PIURA. Lima, veintiocho de marzo del dos mil siete.- LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número dos mil ciento dos – dos mil cinco; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo, y producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas ciento uno por el Proyecto Especial Chira Piura contra la sentencia de vista de fojas noventa y Cuatro, su fecha nueve de setiembre del. dos mil cinco, que confirmando la sentencia apelada de fojas sesenta y nueve, su fecha veintidós de junio del dos mil cinco, declara fundada la demanda, en consecuencia ordena que la demandada cumpla con pagar la suma de treinta y siete mil doscientos nuevos soles con sesenta céntimos; con lo demás que contiene. CAUSAL DEL RECURSO DE CASACION: Por resolución de fecha once de mayo del dos mil seis, que corre a fojas dieciséis del cuadernillo formado en esta instancia, el recurso de casación ha sido declarado PROCEDENTE por la causal de: Inaplicación del articulo setenta y cinco del Decreto Supremo número cero cero uno – noventa y seis -TR. Y CONSIDERANDO: Primero.- Que la emplazada postula que los Proyectos Especiales son de carácter temporal y su existencia en el tiempo es limitada por la propia naturaleza de las obras que realizan. razón por la cual sus trabajadores son contratados a plazo fijo no dando lugar a la estabilidad laboral conforme expresamente lo regulan las normas aplicables al caso, en atención a lo dispuesto por el artículo setenta y cinco del Decreto Supremo número cero cero uno – noventa y seis -TR contenido en el último párrafo de la Sétima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo número quinientos noventa y nueve, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) que establece que el personal a cargo de los proyectos especiales cualquiera que sea la naturaleza de sus actividades, sólo podrá ser contratado a plazo fijo bajo la modalidad de contrato de locación de obra, el mismo. que en ningún caso podrá exceder a la fecha de culminación y entrega de la obra; y en el articulo treinta y dos del Reglamento de Organizaciones y Funciones del INADE, aprobado por Decreto Supremo número cero diecisiete – noventa y tres – PRES que en el mismo sentido señala, que los Trabajadores de los Proyectos a cargo del NADE por la naturalaza de los mismos son contratados a plazo fijo no dando lugar a la estabilidad laboral, constituyendo así un régimen de excepción; Segundo.- Que. conforme al articulo ciento treinta y ocho de la Constitución Política del Estado, (1) los Jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y las leyes. Encontrándose facultados en caso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal a preferir la primera. por lo que a partir de tal prescripción debe asumirse que el primer nivel de protección de los derechos fundamentales corresponden a. los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios, que también garantizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Tercero.- Que. si bien el articulo sesenta y dos de la Constitución Política del Estado (2)  establece que la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar según las normas vigentes al momento del contrato y que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, dicha disposición necesariamente debe interpretarse en concordancia con su articulo segundo inciso catorce que reconoce el derecho a la contratación con fines lícitos. siempre que no se contravengan leyes de orden público, por consiguiente, y en desmedro de lo que pueda suponer una conclusión apresurada. es necesaria una lectura sistemática de la Constitución que, acorde con lo citado. permita considerar que el derecho a la contratación no es limitado, sino que se encuentra evidentemente condicionado en sus alcances, incluso, no solo por límites explícitos, sino también implícitos; límites explícitos a la contratación son la licitud como objetivo de todo contrato y el respeto a las normas de orden publico. Limites implícitos, en cambio serían restricciones de derecho de contratación frente a lo que pueda suponer el alcance de otros derechos fundamentales y la correlativa exigencia de no poder pactarse contra ellos. Asumir que un acuerdo de voluntades, por mas respetable que parezca, puede operar sin ningún referente valorativo, significaría no reconocer un derecho fundamental. sino un mecanismo de eventual desnaturalización de tales derechos (3). Cuarto.- Que, bajo este texto si el contrato de trabajo se transforma en un mecanismo que distorsiona los derechos laborales o no permite garantizarlos del modo mas adecuado, no cabe la menor duda de que el objetivo de licitud predicado por la norma fundamental se ha vulnerado. A lo que se suma. el hecho de facilitar los derechos que se consideraban constitucionalmente adquiridos e  irrenunciables, pueden verse viciados de contenido. Quinto.- Que el régimen laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, en el llamado principio de causalidad, en virtud del cual la duración de vinculo laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente que le dio origen, en tal sentido; hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo definido respecto de aquella que pueda tener una duración determinada, que por su propia naturaleza proceden únicamente cuando su objetivo lo constituye el desarrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar; como resultado de este carácter excepcional la ley establece formalidades, requisitos. condiciones, plazos especiales e incluso, sanciones cuando a través de ellos, utilizando la simulación o el fraude, se pretende evadir la contratación por tiempo indeterminado. Sexto.- Que dentro de estos contratos denominados contratos de trabajo sujetos a modalidad por el Decreto Legislativo número setecientos veintiocho se encuentra el contrato para obra o servicio específico, que comprende aquellos celebrados entre un empleador y un. trabajador con objeto previamente establecido y de duración determinada, que será la que resulte necesaria como así lo conceptúan sucesivamente los artículos ciento seis del Texto Original del Decreto Legislativo número setecientos veintiocho, así como del Texto Ordenado por el Decreto Supremo número cero cero tres ­noventa y tres – TR, articulo noventa y siete de su Texto Único Ordenado. aprobado por Decreto Supremo número cero cero cinco· noventa y cinco – TR y el articulo sesenta y tres de su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo número cero cero tres – noventa y siete – TR actual y vigente. Sétimo.- Que si bien esta forma de contratación laboral en virtud .de su especial regulación a diferencia de lo que si ocurre generalmente con los demás contratos de trabajo modales, no se encuentra sometida expresamente a un plazo máximo para su duración, a ello en modo alguno puede distorsionar su especial naturaleza accidental y temporal al punto de aperturar por este vacío un supuesto de ejercicio abusivo del derecho que por tal razón su limite temporal debe ser definido en cada caso concreto a la luz del principio de razonabilidad que en término de Americo Pla Rodrlguez consiste en la afirmación esencial de que el ser humano, en sus relaciones laborales, procede y debe proceder conforme a la razón. Se trata como se ve de una especie de límite o freno formal elástico al mismo tiempo aplicable en áreas de comportamiento donde la norma no puede prescribir límites muy rígidos ni en un sentido ni en el otro, y sobre todo. donde la norma no puede prever la infinidad de circunstancias posibles. Octavo.- Que, así aun cuando la vocación de existencia de la entidad emplazada no se encuentra sometida a un plazo indeterminado sin embargo, por la naturaleza de sus objetivos como Proyecto Especial Estatal si se encuentra a un plazo resolutorio que no se encuentra expresado ciertamente en una medida de tiempo pre establecida si no en el logro de sus metas, que por su envergadura son de largo plazo, por lo que esta Sala Suprema a la luz del principio de la razonabilidad y en cautela del derecho fundamental del trabajo asume en criterio jurisprudencial que los servicios prestados bajo un contrato de obra o servicio especifico celebrado al amparo de la Sétima Disposición. Complementaria del Decreto Legislativo número quinientos noventa y nueve y articulo treinta y dos del Reglamento de Organización y Funciones de INADE por un lapso igual al superior a ocho años para un proyecto especial del Estado, acarrean sin duda alguna la desnaturalización del contrato de trabajo, lo cual encuentra sólido respaldo además en el principio de la primacía de la realidad o de veracidad que se constituye en un elemento implícito en nuestro ordenamiento y que es correctamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de la Constitución Política del Estado de mil novecientos noventa y tres, que ha visto al trabajo como un deber y un derecho base del bienestar social y medio de realización de la persona (articulo veintidós) y además como un objetivo de atención prioritaria del Estado (articulo veintitrés). Noveno.- Que entonces si las instancias de mérito han establecido que el accionante ha laborado para la demandada en forma ininterrumpida desde el dos de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro hasta el treinta y uno de julio del dos mil cuatro, es decir nueve años, ocho meses y veintinueve días, vulnera su derecho a la estabilidad laboral; por lo que la decisión de la demandada de resolver el contrato de trabajo del demandante por vencimiento del plazo de su contratación resulta incompatible con el contenido esencial del derecho al trabajo, por lo que le corresponde el pago de la indemnización tarifada que le reconocen las instancias de mérito. RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones; declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas ciento uno. por el Proyecto Especial Chira Piura; NO CASARON la sentencia de vista de fojas noventa y cuatro. su fecha nueve de setiembre del dos mil cinco; CONDENARON al recurrente al pago de la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano por sentar precedente de observancia obligatoria; en los seguidos por don Homero Antonio Callas Poma. sobra Indemnización por Despido Arbitrario; y los devolvieron. SS. VILLA STEIN. VILLACORTA RAMIREZ, ACEVEDO MENA, ESTRELLA CAMA. ROJAS MARAVI
FUNDAMENTOS ADICIONALES DEL SEÑOR ACEVEDO MENA:
Primero.- Que. si bien es cierto en el presente judicial se ha verificado la desnaturalizacl6n del Contrato de trabajo de acuerdo con el detalle argumentativo expresado en los considerandos del voto principal, no es pertinente establecer una regla general de ocho años como plazo máximo para considerar que no se ha desnaturalizado un contrato de obra o servicio específico celebrado al amparo de la Séptima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo número quinientos noventa y nueve y articulo treinta y dos del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE). Segundo.- que, al respecto resulta pertinente enfatizar el argumento expuesto en el séptimo considerando del voto principal según el cual en los contratos celebrados por los Proyectos Especiales, como es el caso del Proyecto Chira – Piura, el limite temporal debe ser definido en cada caso concreto, es decir de cada trabajador, a la luz del principio de razonabilidad, SS. ACEVEDO MENA C-235384-61

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