La Administración De Justicia En Puno

La Administración De Justicia En Puno, En El Tratamiento De Los Derechos Indígenas

Desde lo que preceptúa el Artículo Primero de La Constitución Política del estado, cuando señala que: “ La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son los fines de La Sociedad y del Estado”, asistimos a darle un valor límite a la persona, sobre el Estado y la misma Sociedad, lo que implica que no podemos hacer diferencias, ni tratamientos desiguales, ni bajar el pedestal altivo y superior que tiene toda persona, no debe ser objeto de desdén allí donde impere el criterio político, racista, de exclusión, o del prurito utilitarismo normativista, máxime si el Artículo 2, inciso 2) de la misma Carta Magna, habla de la igualdad ante la Ley, y la no discriminación por razones de raza, condición económica y otras razones más. Por lo tanto es necesario plantear un llamado a nuestros magistrados para, que se esfuercen en entender nuestro pluralismo cultural, nuestra sociedad heterogénea, que muchas veces colisiona con el puro positivismo jurídico, y más allá de La Ley se entienda, al ser humano en el valor límite que le otorga la misma Constitución Política del Estado. Por ello, es necesario reflexionar una vez más sobre el sentido de justicia, en su contenido más amplio y como meta del propio derecho. La justicia, como valor moral supremo y unificador, se fundamenta básicamente en la ética, la misma que le da sentido en su dimensión práctica y como principio rector de todo acontecer humano. Sin embargo, la justicia, que es la meta moral máxima, no sólo requiere ser entendida como una visión y una intención esperanzadora, sino como una actitud que se pone en práctica, en los operadores de la justicia, en no generar asimetrías en las relaciones humanas. No basta con invocar justicia ni con establecerla en los dispositivos legales más importantes como los Convenios Internacionales o la misma Constitución Política del Estado, sino también debe ser llevada a la vida cotidiana y la sociedad en su conjunto, debe realizar una adecuada toma de conciencia al respecto. La justicia, que en parte se debe al orden jurídico, al orden democrático, al orden humano, requiere internalizarse de modo imperativo. Nada se puede avanzar ni desarrollar sin la voluntad de hacerlo con justicia.
Si cada paso que damos, lo hiciéramos con responsabilidad, con equidad y consideración a los demás, sumaríamos un orden que obligaría a la colectividad a fortalecerla de a pocos. Ser éticos implica apostar por lo justo, por el cumplimiento de deberes y por el respeto mutuo. Si somos conscientes que debemos ser más responsables y constructivos, estaremos asumiendo una actitud ética. La corrupción, como conjunto de actos contrarios al deber, requiere ser combatida por medio de actos transparentes con sentido firme y radical y, por supuesto, con voluntad y esfuerzo de integración y rescate de la dignidad.     Cuando nos cruzamos con gente en las calles, notamos en los rostros, signos de vacío, hostilidad y desconsuelo, provocados por problemas e inevitables molestias que causan el resentimiento que toma vigor cuando aumenta la desatención, el desdén, la informalidad y la irresponsabilidad venida desde las instituciones, desde nuestros representantes, desde las personas sencillas y comunes carcomidas por el egoísmo y la proclividad a la corrupción o la violencia. Muchas cosas que pudieran hacerse en beneficio del progreso, no se encaminan a causa de la desidia, desunión, mezquindad y falta de voluntad de la gente.  Negar en los actos cotidianos un derecho, un bien, un servicio a alguien por razón de su origen, religión, etnia o cultura es un acto discriminatorio y por lo tanto injusto. La provocación, la incitación al odio, a la violencia o a la discriminación racial, la agresión física, escrita o verbal constituye la negación de la justicia. No puede ser justo quien vive ignorando a los demás y sólo está pendiente de sus deseos, intereses y apetencias; quien sólo atiende a la perpetuación de su propio y exclusivo ser. Somos incapaces de entusiasmarnos colectivamente, de empeñarnos en empresas futuras o de unirnos ante el reconocimiento de los mismos conflictos. El reconocimiento de la dignidad de cada cual, independientemente de lo que seamos en la vida, es sin duda, un valor irrenunciable. Victoria Camps, señalaba que: “El individuo realmente humano es el que se siente obligado hacia los otros por deberes de justicia”.  La apuesta por la justicia nos revela que principalmente la justicia se basa en la ética y que sin ella no hay justicia posible. La justicia en muchos países y en el Perú, como en Puno, no guarda concordancia entre lo que se predica en su normatividad legal y en su práctica real, como es el caso del principio de la igualdad y no discriminación ante la ley. Por ello, el análisis no sólo se centra en apreciaciones teóricas sobre la dimensión filosófica de la justicia, sino que debemos proponemos diferenciar las normas éticas y las normas jurídicas que constituyen un problema aún subsistente de la filosofía del Derecho. También ser concientes de la falta de una voluntad política de parte de los gobiernos y de un adecuado rol ciudadano, que explica en cierto modo las razones del porqué no sólo en el Perú, sino también en otros países no se realiza una efectiva igualdad y una práctica no discriminatoria ante la ley y la justicia. La igualdad, como principio rector, constituye uno de los pilares de la verdadera justicia. Es principio en la medida que es base de concepción, de criterio para humanizarse, para redimirse. La no discriminación constituye, más bien, un derecho hondamente ético, humanista que a todas las personas nos asiste para que la marginación y la iniquidad no nos hundan.  En el Perú, y particularmente en Puno existe una creciente pobreza en la población, que juntamente con el desempleo y la fragmentación social, agudizan la oportunidad de acceso a la justicia. Así por ejemplo, contribuyen a constituir formas de exclusión y marginación, con lo que la justicia social se convierte en un enunciado casi irreconciliable con la realidad. Por ello, el tratamiento del tema de la igualdad ante la justicia, no sólo pasa por reflexiones principistas, sino también por razones de planificación y de redención social. No se puede llamar justicia a un sistema judicial que contribuye a crear una enorme diáspora de pluralismo social, del cual nuestra sociedad peruana está compuesta.              Nuestros jueces y nuestras leyes deben basarse en los valores y principios que dan sustento a los derechos y libertades fundamentales, de los que no podemos sustraernos. Es deber del Estado responder por la igualdad en los aspectos básicos de una sociedad en la que no sólo debe estar inmersa la salud y la educación, sino también, el sistema Judicial entendido como poder del Estado, en beneficio de un equilibrio de poder y una forma orgánica de contribuir al orden social y al servicio de los ciudadanos. Por lo que, el incumplimiento de la igualdad ante la Ley es un problema tanto moral, como jurídico. No se puede justificar el orden jurídico si no se cumple la igualdad ante la Ley como derecho constitucionalmente aceptado y si no se cumple la gratuidad al acceso de justicia por el hecho de constituir erogaciones al Estado, teniendo al frente un escenario desolador de pobreza y una mayoría de ciudadanos que no están en condiciones de afrontar un proceso civil o penal, con el serio riesgo de no recurrir a la administración de justicia y abrir brechas de impunidad e injusticia. Ante ello debe primar desde un desprendimiento particular el compromiso de cada operador de justicia de poner en práctica no sólo el derecho enmarcado en el ser humano, sino la justicia enmarcada en el compromiso mayor de hacer salvable nuestro país.

Boris Espezúa Salmón

Fuente: Los Andes

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