Legalidad y Legitimidad

Legalidad y Legitimidad

La legalidad y la legitimidad son conceptos que se encuentran íntimamente relacionados con la soberanía. Algunos estudiosos del Derecho afirman que la norma jurídica es un producto de la soberanía popular, sin considerar, que el reconocimiento a estas normas también es soberanía. La legalidad se encuentra en el mundo del deber ser, es decir, las normas escritas del derecho positivo, que aplican para la formación y el ejercicio del Derecho Público. Y la legitimidad es lo que valida el ejercicio de la norma.

La legalidad es la vigencia de un orden jurídico que funciona como conductor de la actividad del Estado, permitiendo con ello, ser un Estado de Derecho.

Al respecto, el maestro Burgoa afirma que “la fuente directa del Estado es el derecho fundamental primario y que éste, a su vez, se produce por la interacción de fenómenos de hechos registrados en la vida misma de los pueblos y en los que fermenta y se desarrolla su poder soberano de autodeterminación, que culmina en el ordenamiento constitucional, y cuya expedición proviene de una asamblea de sujetos que ostentan la representación política, no jurídica, de la nación o de los grupos nacionales mayoritarios”.

Como puede observarse, la legalidad como marco normativo es un elemento secundario del Estado, pero esencial a la vez, marco normativo que surge de la soberanía popular en nuestro país, si consideramos que el constituyente ejerce la soberanía en la creación de las normas.

Por otra parte, la legitimidad es el reconocimiento de los integrantes de un Estado al orden jurídico vigente, es decir, su sometimiento a la norma. Ligada estrechamente al sentido de justicia y al reconocimiento de la autoridad a quien se le reconoce una facultad.

La legitimidad surge del reconocimiento de la conciencia colectiva al orden jurídico vigente, como lo expresa el maestro Burgoa: “La legitimidad, en sentido amplio, denota una cualidad contraria a lo falso o a lo espurio; y aplicada esta idea a la Constitución, resulta que esta es legítima cuando no proviene del usurpador del poder constituyente, y que puede ser un autócrata o un cuerpo oligárquico. Fácilmente se advierte que la legitimidad de la Constitución y de su creador dependen, a su vez, de que sea reconocido por la conciencia colectiva de los gobernados, como ente en que se deposita la potestad constituyente en forma genuina.”

Ante la casi inalcanzable legitimidad constitucional dentro de los regímenes democráticos, asentados sobre la idea de que la soberanía radica en el pueblo, la doctrina ha proclamado el principio de legitimación.

Luis Recaséns Siches, para quien la legitimación surge de la circunstancia de que el orden constitucional implantado “cuente con un apoyo sociológico en la conciencia de los obligados; por lo menos que éstos se conformen con él, sin oponerse de un modo activo, pues no todo aquello que cae bajo el concepto formal de lo jurídico es Derecho vigente; sólo cabe considerarlo tal, en cuanto cuenta con la posibilidad efectiva de su realización normal, esto es, con la adhesión o por lo menos con la aceptación o conformidad de la voluntad social predominante”.

El principio de legitimación no es más que los actos o acciones tendientes a buscar el reconocimiento del pueblo a la norma o a la autoridad del Estado.

Como puede observarse, la legalidad y la legitimidad están íntimamente ligadas a la soberanía popular, pues el pueblo es quien reconoce el orden jurídico creado y se somete al mismo. La legalidad como inspiración creadora del ente normativo del Estado y la Legitimidad como elemento esencial para el sometimiento y reconocimiento de validez de orden jurídico.

Ambos conceptos se han confundido en la actualidad, porque diversos actores políticos los utilizan como sinónimos, creyendo que, porque la ley lo dice es legítimo. Considerándolas como argumento de justificación para los actos de autoridad.

Sin embargo, aunque van íntimamente ligados, debemos valorar los conceptos desde este punto de vista: la legalidad nos invita a ajustarnos al marco normativo, a la ley; y la legitimidad, significa una justificación y una aceptación del sometimiento, que lleva implícita una valoración racional del sentido de justicia.

La diferencia entre estas radica en la aceptación popular, lo que es una cuestión subjetiva. Para ejemplificar, basta decir que Victoriano Huerta llegó a ser presidente de México legalmente, porque cumplía con los requisitos constitucionales para serlo. Y sin embargo, paso a la historia como un tirano, como un usurpador, derrocado por un levantamiento armado, porque no tenía la legitimidad del pueblo. Es decir, el pueblo no estaba dispuesto a someterse ni a reconocer su llegada al poder como legal.

Otro ejemplo puede ser la elección presidencial en EU de George W. Bush contra Al Gore. Bush es presidente legalmente, porque en su sistema electoral él tuvo más Votos Electorales, aunque popularmente, Al Gore haya tenido mayor número de votos ciudadanos. Observemos también que en las encuestas de popularidad Bush es el presidente con menor índice de aceptación en la historia de Estados Unidos, en cambio, Al Gore ya recibió un Premio Nobel.


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