Responsabilidad Civil Por Los Actos Del Subordinado

RESPONSABILIDAD CIVIL POR LOS ACTOS DEL SUBORDINADO

Carlos A. Patrón Salinas

1. Introducción

El artículo que nos ocupa regula el supuesto de la llamada responsabilidad vicaria. El término vicario, que se deriva del latín vicar-us, como adjetivo significa “que tiene las veces, poder y facultades de otra persona o la sustituye” y como sustantivo es aquella “persona que en las órdenes regulares tiene las veces y autoridad de alguno de los superiores mayores, en caso de ausencia, falta o indisposición”. En tal sentido, la expresión “responsabilidad vicaria”, aunque admite otras acepciones, suele emplearse para referirse al supuesto de la responsabilidad del principal (a quien nuestro código denomina el “autor indirecto”) por los actos dañinos de sus servidores o agentes (a los cuales nuestro Código denomina como “autor directo”), y, como tal, se trata de una manifestación del principio respondeat superior

2. Ordenes históricos

Podemos encontrar manifestaciones primitivas del principio respondeat superior que datan desde la antigüedad. Así, por ejemplo, en las Institutas de Gayo (GAYO, Inst. IV, § 75) Y de Justiniano (JUSTINIANO, Inst. 4. 8, § 7) se describen supuestos de responsabilidad de los amos por los actos cometidos por sus esclavos, o de dueños de navíos, posadas o caballerizas por los actos de sus empleados. Similares manifestaciones de este principio pueden ser hallados en las primitivas leyes francas y germanas medievales (HOLMES). Estas reglas fueron recogidas y desarrolladas en el Derecho común europeo, siendo luego materia de la codificación napoleónica (artículo 384 del Código Civil de Napoleón), llegando así hasta nuestros días. No debe por tanto sorprendemos que el concepto de la responsabilidad vicaria resulte común al derecho romano-civilista y al common law anglosajón contemporáneos.

3. La función de la institución

En el debate doctrinal sobre las normas de la responsabilidad civil extracontractual en general se han desarrollado múltiples posiciones respecto a las funciones perseguidas por esta rama del Derecho, entre las cuales destacan, principalmente, la función indemnizatoria (o, si se quiere, resarcitoria o reparativa), la punitiva y la preventiva (DíEZ-PICAZO, DE TRAZEGNIES).Si bien no resulta oportuno examinar en detalle cada una de estas funciones, para los efectos del presente comentario resulta necesario detenemos brevemente en la función preventiva o disuasiva, en marcada dentro del contexto de la teoría de la difusión social del riesgo asociada a la corriente doctrinal del Análisis Económico del Derecho.

La vertiente más tradicional del Análisis Económico del Derecho postula que la principal función del sistema de responsabilidad civil extracontractual es la prevención o reducción, en la mayor medida posible, de los daños resultantes de las distintas actividades que, pese a conllevar riesgos, la sociedad está dispuesta a tolerar (BULLARD, CALABRESI, DE TRAZEGNIES, POSNER). Estos daños típicamente se encuentran vinculados a tres tipos de costos, comúnmente denominados costos primarios -esto es, los costos causados a la víctima del perjuicio que se pretende indemnizar-, secundarios -esto es, los costos sociales resultantes del accidente derivados de la forma cómo se asigna o distribuye el impacto económico de los costos primarios- y terciarios -esto es, los costos asociados a la administración y funcionamiento del sistema de responsabilidad extracontractual- (BULLARD, CALABRESI, DE TRAZEGNIES). Así las cosas, desde esta perspectiva, la prevención de los daños resultantes de los accidentes implica perseguir la reducción de la suma de tales costos, de modo que podamos gozar de los beneficios asociados a las actividades que conllevan riesgos de accidentes (por ejemplo, conducir automóviles o producir productos en masa) al menor costo posible para la sociedad.

Un mecanismo para reducir la suma de los costos de los accidentes es el asignar responsabilidad en cabeza del Cheapest Cast Avoider o el más barato evitador del riesgo, es decir, de aquélla persona que generalmente se encuentre en mejor posición para prevenir la ocurrencia del daño y para difundir socialmente los costos resultantes del mismo al menor costo (BULLARD, CALABRESI, DE TRAZEGNIES). Típicamente, esta segunda labor puede efectuarse mediante los mecanismos de precios en mercados competitivos o por intermedio del sistema de seguros. De este modo, por ejemplo, en casos de daños causados por productos defectuosos, normalmente deberíamos responsabilizar a la empresa fabricante, quien se encuentra en posición para adoptar mayores medidas de control y vigilancia de sus procesos productivos a fin de minimizar los riesgos de defecto y puede, adicional mente, distribuir entre todos los consumidores de sus productos el costo de los daños ocasionados por aquellos que ocasionalmente resulten defectuosos.

A manera ilustrativa, asumamos que dos empresas producen bienes similares mediante procesos distintos, de modo que los productos de la empresa Alpha tiendan a producir explosiones ocasionales que no producen los productos de la empresa Beta. Asumamos adicionalmente, que el precio de ambos productos es idéntico, puesto que ambos procesos de producción conllevan costos similares. Al establecer una regla que obligue a la empresa Alpha a resarcir los daños que causen sus productos, las indemnizaciones pagadas incrementarán los costos de sus productos y, consecuentemente, los precios finales de los mismos.

De este modo, se logra, por un lado, difundir o diluir en la colectividad (es decir, en los consumidores que gozan del producto y no en una persona en particular) el impacto económico del daño, de tal manera que todos los que se beneficien con la actividad generadora del daño (quienes al fin y al cabo están dispuestos a tolerar los riesgos asociados a ella) pagarán los costos de la misma. Por otro lado, las presiones del proceso competitivo (la desviación de la demanda de los consumidores hacia productos competitivos más baratos y seguros) tenderá a producir un efecto de prevención general que ulteriormente determinará que existan menos productos con defectos que causan daños circulando en el mercado; es decir, la competencia incentivará al productor a mejorar sus procesos para reducir sus costos o, de no poder hacerlo, lo obligará a retirarse del mercado. El resultado alcanzado, de este modo, será acorde con la función atribuida al sistema.

La función económica de la responsabilidad civil extracontractual antes reseñada nos brinda una importante herramienta de análisis para poder correctamente ponderar la racionalidad subyacente a, y los fines perseguidos por, la responsabilidad vicaria, sobre todo dentro del contexto de daños causados por subordinados incursos en relaciones laborales o de trabajo dependiente en organizaciones empresariales.

Ciertamente, la organización de la actividad productiva por medio de empresas es inherentemente riesgosa. De un lado, en su organización y funcionamiento, las empresas reúnen grandes cantidades de personas, cuyos actos resultan sumamente costosos de vigilar y controlar de manera permanente. Por otro lado, la actividad productiva en empresas implica la utilización de maquinarias, insumos y técnicas de producción que conllevan riesgos de distintas índoles. Inexorablemente, la incidencia de riesgos (por ejemplo, que un producto resulte defectuoso o que un trabajador ocasione daños a terceros), si bien se puede intentar mitigar o reducir, no se puede evitar por completo (o en todo caso, resulta prohibitivamente costoso hacerlo). Los riesgos de empresa, sin embargo, son riesgos que la sociedad está dispuesta a tolerar, pues implícitamente entendemos que los beneficios de organizar la actividad productiva por intermedio de estos vehículos son cuantivativa y cualitativamente superiores (de no ser asi, simplemente prohibiríamos la actividad productiva en empresas).

Entendida así la empresa, la responsabilidad vicaria adquiere una función económica y social de mayor significación. La norma comentada dispone que el principal (en este caso, la empresa) responde por los daños causados por sus servidores (en este caso, sus trabajadores), dado que el primero resulta ser el más barato evitador de los riesgos. La empresa no es responsable por haber obrado mal, sino lo es porque resulta ser el vehículo más idóneo para prevenir o mitigar la ocurrencia de daños y para difundir socialmente, a través de los sistemas de precios y seguros, los costos resultantes de los mismos.

De un lado, en lo que respecta a la prevención de daños, la racionalidad de la norma parte de la premisa de que los empleados típicamente no cuentan con los recursos necesarios para afrontar el pago de indemnizaciones, motivo por el cual el riesgo de litigio no suele ser un disuasivo efectivo para su mal obrar (POSNER, SYKES). La empresa empleadora, sin embargo, puede inducir a sus trabajadores a ser más cuidadosos (la disuasión, en todo caso, puede venir por el lado de las medidas disciplinarias que puede adoptar el empleador, como la amonestación, suspensión y despido), y es previsible que actuará así frente a la posibilidad de resultar responsable por los actos de estos últimos (POSNER).

De otro lado, en lo que concierne al efecto de difusión del daño propiamente dicho, como explica De Trazegnies, todos se benefician con la actividad productiva en empresa (el principal que obtiene ganancias, los servidores que trabajan, la sociedad que cuenta con los productos que desea), y asignando responsabilidad al principal (quien a su vez la trasladará al público por intermedio de los sistemas de precios y seguros), todos comparten el peso económico de los daños estadísticamente inevitables (DE TRAZEGNIES).

La explicación funcional antes desarrollada, claro está, se ciñe al ámbito de la responsabilidad vicaria del empleador por los actos de sus trabajadores subordinados. Ésta, sin embargo, no $siempre puede ser extendida de manera consistente a otras relaciones de subordinación fuera del ámbito de la actividad laboral empresarial (SYKES).

4. Ámbito de extensión de la norma

En primer término, es importante destacar que el legislador peruano no parece haber circunscrito el alcance de la responsabilidad vicaria al ámbito de las relaciones donde exista una estricta dependencia o al de las relaciones estrictamente laborales donde medie una relación empleador-empleado, sino la ha extendido a todo supuesto en que una persona “tenga a otro bajo sus órdenes”. De esta manera, entendemos que el supuesto regulado en la norma comentada es extensible a las relaciones de subordinación o agencia (en el sentido amplio del término) en general, inclusive a las relaciones de subordinación o agencia temporal que podrían originarse de las circunstancias específicas dentro de las cuales se produce un daño a un tercero.

En nuestro medio, De Trazegnies se ha pronunciado en contra de una interpretación literal como la reseñada en el párrafo precedente, particularmente por los problemas que ello podría acarrear en situaciones de subordinación organizacional dentro de una empresa (DE TRAZEGNIES). No obstante, en la jurisprudencia comparada encontramos casos que apoyan la posibilidad de subordinaciones temporales o derivadas de las circunstancias específicas que rodean el acto dañoso.

Así, por ejemplo, en el célebre caso de Ibarra v. Spangard (25 Cal. 2d 486, 154 P. 2d 687), generalmente considerado uno de los casos pioneros de la responsabilidad por negligencia médica en la jurisprudencia comparada, la Corte Suprema del Estado de California halló responsable a un cirujano por los actos negligentes de los médicos y enfermeras que lo asistieron en una intervención quirúrgica, pese a que estos últimos pudiesen ser formalmente empleados del hospital en el que se realizó la operación, aduciendo que en el transcurso de una intervención de esta naturaleza tales personas se convierten en sirvientes o agentes temporales del cirujano. En estas circunstancias específicas, el cirujano a cargo, y no la empresa u hospital empleadora, parecería encontrarse en mejor posición para prevenir la ocurrencia del daño (aunque es cuestionable que aquel sea quien se encuentra en mejor situación para difundir o diluir socialmente el costo del accidente). A falta de precisión en la norma comentada, la delimitación de las relaciones de subordinación o agencia a las cuales le resultará extensible la responsabilidad vicaria dependerá, en última instancia, de nuestras cortes y tribunales.

Nótese, por otro lado, que el artículo comentado exige que el daño causado por el servidor sea realizado “en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo”. En consecuencia, para hacer “vicariamente” responsable al principal, nuestra legislación requiere se verifique algún grado de conexión entre el encargo o servicio asignado al servidor o agente y el daño resultante, de manera que este último haya nacido en la esfera de la referida actividad y no en total y absoluta desconexión con la misma. Ello es así, puesto que, económicamente (salvo que persigamos una función netamente distributiva), no resulta racional exigirle, por ejemplo, a un empleador a adoptar medidas para controlar a sus empleados fuera del ámbito de su empresa puesto que aquél, usualmente, carecerá de la información necesaria para adoptar tales medidas (POSNER). Por lo demás, vale mencionar que es común encontrar requisitos similares en las legislaciones comparadas, aunque la casuística respecto a cuándo estamos frente a un daño cometido en el ejercicio o cumplimiento de un cargo o servicio dista de damos respuestas uniformes (ALPA, SYKES, DE TRAZEGNIES).

Un caso particularmente problemático es el de los daños causados por el servidor que se extralimita en el ejercicio del cargo o en el cumplimiento del servicio (SYKES). Una interpretación restrictiva de la norma comentada nos llevaría a concluir que no es extensible la responsabilidad vicaria a aquellos casos de abuso o mal cumplimiento de funciones por parte del servidor, ni a casos de “agencia aparente”; es decir, supuestos en los que terceros pudieran incluso considerar que el servidor actúa por cuenta o con la venia de otro, cuando ello en realidad no resulte así. No obstante, liberar al principal de responsabilidad en casos en que su servidor, si bien se extralimitó de sus órdenes o facultades, aún se encontraba bajo la esfera de controlo supervisión del primero, podría no condecirse con la función que le atribuyamos a esta norma.

5. Autores y responsables

Como señaláramos anteriormente, el artículo 1981 denomina al principal y al servidor vinculado en los casos de responsabilidad vicaria como ““Ej. Autor directo y el autor indirecto”, respectivamente. A continuación comentaremos esta norma desde la perspectiva de cada uno de estos sujetos.

5.1. El autor directo

Desde la perspectiva del servidor o autor directo (causante físico) del daño, lo primero que cabe preguntarse es si, conforme a la legislación civil peruana, se requiere que medie dolo o culpa, o el empleo de un bien riesgoso o peligroso (o la realización de una actividad riesgosa o peligrosa), por parte de este servidor en la producción del daño para poder extender responsabilidad a su principal invocando el principio de la responsabilidad vicaria. Esta es la posición sostenida en nuestro medio por De Trazegnies, quien considera que el acto del dependiente debe ser de tal naturaleza que se encuentre incurso en el régimen general de responsabilidad extracontractual, no existiendo obligación del principal de indemnizar si previamente no existe un daño indemnizable conforme al régimen general de responsabilidad del Código Civil (DE TRAZEGNIES).

Frente a la interpretación sistémica reseñada en el párrafo anterior, cabe alternativamente efectuar una interpretación literal mucho más “objetivizante” de la responsabilidad del autor directo. En efecto, de una lectura literal de la norma comentada, para vincular al principal por responsabilidad vicaria, únicamente se desprende la necesidad de comprobar la existencia de un “daño causado” por el servidor o agente y no la de un “daño indemnizable causado” por el mismo. Así, parecería poder sostenerse que el artículo comentado constituye más bien un supuesto excepcional al régimen general de responsabilidad del Código Civil, estableciendo la responsabilidad objetiva estricta del servidor o autor directo del daño sujeto a responsabilidad vicaria.

Somos de la opinión que ambas interpretaciones anteriormente reseñadas son sostenibles. En última instancia, la inclinación a favor de una u otra interpretación va a depender de la función que le atribuyamos a esta institución y al sistema de responsabilidad civil extracontractual en general.

5.2. El “responsable” indirecto

Resulta poco afortunado que el legislador nacional haya optado por denominar al principal sujeto a responsabilidad vicaria como el “autor indirecto” del daño pues, como veremos, ello puede conllevar a confusión y posturas conceptualmente erradas. El concepto de autoría implica un grado de participación en los hechos generadores o causantes del daño a indemnizar. Como quiera que el principal no participa directamente en los hechos ocasionadores de los daños (a diferencia del servidor que es autor material y directo del daño), estaríamos hablando de una participación indirecta de la cual se derive su obligación de indemnizar. Inexorablemente, este tipo de discusiones nos conducen hacia los terrenos de la responsabilidad subjetiva, que equivale a sostener que el principal únicamente respondería en caso de haber obrado con algún grado de culpa in eligiendo (un descuido en la elección del servidor) o in vigilando (una falta de vigilancia adecuada de la conducta del servidor).

Si bien existen en la legislación comparada códigos de influencia marcadamente subjetivistas que permiten que el principal se libere de responsabilidad demostrando que en su actuar se desenvolvió con ausencia de culpa, creemos que esta no sería una lectura correcta de la norma comentada (DE TRAZEGNIES). Si nuestro Código Civil hubiese querido establecer como requisito para que proceda la responsabilidad vicaria que se verifique un actuar culposo por parte del principal, el artículo 1981 resultaría redundante e innecesario, pues idéntico resultado podría perfectamente alcanzarse sobre la base del régimen general de responsabilidad subjetiva contenido en el artículo 1969 del Código Civil. Por lo demás, tal exigencia haría prácticamente irrelevante la responsabilidad vicaria, pues en muchos casos ésta podría ser esquivada con relativa facilidad por el principal (DE TRAZEGNIES).

Por el contrario, la responsabilidad vicaria es, en estricto, un supuesto de responsabilidad por un hecho ajeno. El principal resulta obligado al pago de la indemnización únicamente por disposición expresa de la ley y no por las consecuencias de sus conductas o de su obrar. Así las cosas, la responsabilidad vicaria del principal consagrada en el artículo 1981 se asemeja más a una especie de responsabilidad objetiva e incausada. Por ello, coincidimos con De Trazegnies cuando señala que sería más propio denominar al principal como el “responsable civil”, como se hace en la doctrina francesa (DE TRAZEGNIES).

6. La responsabilidad solidaria

Por último, conforme a la norma comentada, en los casos de responsabilidad vicaria, el principal y su servidor “están sujetos a responsabilidad solidaria”. La responsabilidad solidaria contenida en la norma implica que la presunta victima puede accionar por el íntegro de la indemnización contra el autor directo o el responsable civil indistintamente. Esta solución, a primera vista, parece no ser del todo adecuada.

Ciertamente, si partimos de la premisa que la norma comentada cumple una función asociada a la difusión social del riesgo, no resulta del todo congruente el establecer un supuesto de responsabilidad doble que le permita al principal ejercer una acción de repetición contra el servidor, pues contradice el efecto dilatorio de los costos asociados al accidente. Autores como De Trazegnies proponen que la posibilidad de repetir contra el servidor únicamente se permita en casos en que este actuó con dolo o culpa inexcusable, como medida de prevención de conductas manifiestamente dañinas (DE TRAZEGNIES). En nuestra opinión, sin embargo, esta alternativa resulta innecesaria, al menos dentro del ámbito de las relaciones de subordinación dentro de las empresas, en donde los principales típicamente contarán con mecanismos distintos a la acción de repetición que resultarán más efectivos para incentivar comportamientos adecuados de sus subordinados (por ejemplo, medidas disciplinarias).

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Un comentario en “Responsabilidad Civil Por Los Actos Del Subordinado

  1. la responsabilidad civil objetiva contempla este acapite de la responsalbidad por hecho ajeno, en su variedad de responsabilidad por los actos del subordinado, en forma adecuada, a mi parecer, por lo siguiete: permite una reparacion mas eficaz cuando se hace responsable al empleador (aqui en desacuerdo con la sentencia de california, antes mencionada) y ademas permite que se haga el traslado de estos gastos en el consumidor, ademas de obligar al principal a mejorar sus sistemas de produccion para evitar en la medida posible accidentes o daños, ademas genera responsabilidad empresarial al aleccionar al principal que debe controlar en forma eficaz su organizacion y empleados, pero debo estar en desacuerdo con el articulo en el punto que señala que el principal tiene otras formas de sancionar al empleado causante, como seria las amonestaciones y hasta el despido, creo sin embargo que debe tomarse en el criterio de DE Trazegnies, cuando aduce que se puede repetir contra el empleado que actuo en forma dolosa o con culpa inexcusable, generando asi prevencion general en el actuar de los subordinados, de esta manera se evita en este caso que el costo sea cargado al conjunto social que no tiene por que hacerse cargo de un daño que ha sido causado por dolo o culpa de un empleado ineficiente.

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