Detenciones Ilegales

Errores En Requisitoria Y Exceso Policial Son El Origen De Detenciones Ilegales

Detención Ilegal

Detención Ilegal

¿Quién los repara por la agresión, las noches en vela y la angustia de no saber si volverán a ver a su familia? ¿Quién les devuelve la calma y el trabajo perdido por tantos días de ausencia? ¿Quién les asegura que la detención ilegal al que se vieron sometidos no volverá a ocurrir? Nadie. Los ciudadanos que se vieron obligados (con o sin motivo) a agachar la cabeza para ingresar a una camioneta policial y ser conducidos a una comisaría no siempre han tenido a la justicia de su lado.

Miguel Chávez Rojas (30) es uno más de los que pasan a engrosar esta lista. El pasado 10 de junio, a una cuadra de su casa, la Policía Judicial lo detuvo porque pesaba sobre él un mandato de detención de la Sala Mixta de Pasco, en la que se le acusaba de robo y asesinato. De nada valió decir que él nunca había viajado, de nada sirvió que en el expediente judicial uno de los delincuentes sentenciados sindicara, efectivamente, a un Miguel Chávez, pero de “1,80 m, tez blanca, cabello ondulado, robusto, de 25 años”. El padre de familia que nos recibió en su casa de Puente Piedra apenas llega a 1,50 m, y no es blanco ni robusto. “Me llevaron a Cerro de Pasco y estuvieron a punto de juzgarme. Nadie quería admitir el error. He perdido hasta mi trabajo”, nos cuenta Miguel, quien fue liberado el miércoles con ayuda de la Defensoría del Pueblo.

La homonimia puede generar detenciones arbitrarias cuando no se cumple la Ley 27411 de verificación de datos y características físicas del sospechoso, pero no es el único motivo por el que alguien puede ser arrestado. Según el artículo 2 de la Constitución, una persona solo puede ser detenida bajo dos supuestos: por orden judicial o en caso de flagrante delito. Y delito es diferente a falta, pero la mayoría de casos que recibió la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) por detención arbitraria se basó en líos callejeros, agresiones verbales, indocumentados o el conocido “faltas a la autoridad”.

De acuerdo con Carlos Romero, abogado penalista de la ONG Ciudad Nuestra, la privación ilegal de la libertad también se comete cuando se basa en sospechas, en una denuncia policial o en la sindicación de un tercero. “En estos casos la policía detiene para luego investigar, cuando debe ser lo contrario”.

¿DÓNDE ESTÁN LOS DERECHOS?
Sobre la Constitución se han sentado otras normas de menor rango, como el Manual de Procedimientos Operativos Policiales, que de modo subjetivo permite la detención de “personas sospechosas” o “cuando la naturaleza de las investigaciones lo hace necesario”. Las redadas que hace la PNP en calles de La Victoria o del Callao (aquellas en las que decenas de jóvenes son llevados en portatropas) no encajan en ninguno de los supuestos establecidos en la Carta Magna, y eso es porque la policía lo llama retención y no detención. El director general de la PNP, Octavio Salazar, dice que los jóvenes solo son llevados a la comisaría con fines de identificación, porque no todos portan DNI. “La retención no está incluida en la normativa vigente y se presta para excesos”, aclara Rossana Cuentas, comisionada de la Oficina Defensorial Lima.

Incluso, en el contexto de la Constitución, alegar flagrancia ahora es subjetivo, pues –como señala el abogado Freddy Rojas– el Decreto Supremo 989-2007 amplía este concepto y relativiza su inmediatez, por lo que ahora la detención puede darse hasta 24 horas después de la comisión del delito.

Que exista orden judicial tampoco da fe de legalidad: en el 2007 la Defensoría del Pueblo atendió 36 casos de detenciones injustificadas, la mayoría de estas se debió a pedidos de captura cuyos datos no coincidían con el que finalmente fue detenido, además del cumplimiento de requisitorias que ya han sido anuladas por el juez, pero continúan vigentes para la PNP. “La policía sigue recibiendo órdenes vía ‘courier’, con una diferencia de 15 días respecto a lo que arroja nuestro sistema. Desde el 2007 buscamos integrar nuestras bases de datos, y ya estamos próximos a lograrlo”, explica Hugo Suero, gerente general del Poder Judicial.

Pero hay detenciones que responden más a negligencias y terminan sin siquiera unas disculpas; por ejemplo, la de Nancy Solier, la joven madre que nunca había salido de Huachipa, pero fue detenida por una requisitoria de homicidio expedida por la justicia argentina.

El Expediente 39-07 del Juzgado Penal 23 de Lima, al que tuvimos acceso, refiere que la jueza Anita Julca la excluyó del proceso de extradición “al no existir actualmente una petición judicial por la República Argentina…” ¿Qué ocurrió? Imelda Tumialán, adjunta de la Defensoría del Pueblo, señala que la Interpol argentina había solicitado los datos de una tal Margarita Solier, pero la PNP peruana –al no encontrar a ninguna requisitoriada con ese nombre– le hizo llegar los datos del Reniec de la ciudadana Nancy Solier, solo por tener el mismo apellido. La justicia argentina recibió el dato confiando que era producto de una investigación y emitió la orden de captura; pero al tomar conocimiento del error, anuló el pedido y Solier fue liberada.

El error en una detención arbitraria va desde el policía hasta el fiscal y el juez si el inocente es detenido más de 24 horas y se llega a formalizar por mandato judicial, como en el caso de Miguel Chávez. El abogado Freddy Rojas recuerda que –según el artículo 376 del Código Penal– los afectados podrían presentar una denuncia por abuso de autoridad, que comprende una pena privativa no mayor de dos años.

Solier no quiere saber más del tema, y son muchos los ciudadanos que prefieren enterrar los injustos días tras los barrotes. Los ciclistas intervenidos en Miraflores no piensan igual: su abogado Michael Meza no solo ha presentado una denuncia por abuso de autoridad, sino también por tortura, pues asegura que fueron golpeados.

LA TORTURA PERDURA
En caso de una detención, así sea justificada, la policía puede hacer uso de la fuerza de modo razonable y proporcional, caso contrario es tortura, explica Tania Valle, del Instituto de Defensa Legal (IDL). Eso le ocurrió el 2005 a Juan Zamudio (hoy de 23 años), agredido brutalmente por efectivos de La Pascana, en Comas, solo por tropezar frente a la comisaría y romper uno de los vidrios. El mal entendido espíritu de cuerpo que persiste en algunos malos policías ha hecho que solo se logre identificar y sentenciar al suboficial César Chávez Aguilar, y eso porque el muchacho tuvo a bien memorizar el nombre que aparecía en la placa de su uniforme.

A Zamudio le reventaron la cara a puñetes, le volaron tres dientes y lo dejaron desmayado en un hospital. Los agentes dijeron que se había caído de bruces, pero cuando se vieron rodeados por la investigación judicial, sus colegas acudieron a la casa de los parientes del joven para intentar poner paños fríos. Chávez fue sentenciado a siete años de prisión sin nombrar a los policías que lo acompañaban el día en que ocurrieron los hechos, mientras que Zamudio ha recibido amenazas y hasta un disparo que por poco le perfora el pulmón el 2006, pero el asunto no termina para él, pues la semana pasada recibió dos impactos de bala en las piernas desde un automóvil en marcha.

El Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial señala los derechos que rodean a todo intervenido, pero si los llamados a cumplir la ley no lo hacen, ¿quién entonces?

Hábeas Corpus Y Nuevo Código Procesal Penal
De acuerdo con el penalista Freddy Rojas, lo más inmediato y urgente que se debe hacer ante una detención arbitraria es interponer un recurso de hábeas corpus. Este puede ser presentado por el propio agraviado o cualquier otra persona que actúe en su favor, y se hace ante cualquier juez penal sin observar turnos, tal como lo disponen los artículos 26 y siguientes del Código Procesal Constitucional. Existe la Ley 24973 que contempla la indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias, pero nunca fue reglamentada y hasta fines del 2006 se discutía su viabilidad.

Más allá de ello, la puesta en marcha del Código Procesal Penal, cuya aplicación en Lima se prevé para el 2010, podrá poner freno a todo tipo de detenciones ilegales, pues el fiscal será quién dirija toda la investigación y la policía pasará a tener un rol más técnico, solo informativo.

Por su parte, el general Octavio Salazar adelantó que para evitar casos como el de los ciclistas de Miraflores están elaborando una directiva interna para que toda intervención hecha por serenazgo y la PNP pase por un breve filtro antes de que la comisaría del sector proceda a iniciar el proceso.

Fuente: El Comercio.com.pe

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Un comentario en “Detenciones Ilegales

  1. MI PRIMO A PRESENTADO UNHABEASCORPUS PORLACURATELADEMI TIA EL ESCUIRADORPROVICIONAL DESDE EL 12DENOVIEMBRE YALAFECHANOCUMPLECONMI TIA HABIENDO RETIRARDO 4OOO SOLES DE LA CTA DE MI ESTECASO SE VEEN EL SEGDO. JUSGADO DE CAJAMARCA, PERO YA LATENGO AMI TIA AQUIEN LIMA EL JUZ Y ELSECRETARIO SEPRESENTARON EL DIA DE AYER EL PROBLEMA CIVIL,HAROCON EL HABEASCORPUSQA PRESENTADO MI PRIMO ES PENAL…..PORQ…, YO ESTUVEEN CAJAMARCAY EL DEMANDO A MI PADRE CONTRA LSVIDAY LASALUD DE MI TIA, MI PADRE DECLAROY YO TAMBIEN LO HICE, YA Q POR EL MISMO FISCAL DE FAMILIA ME OTORGO EN ESE MOMENTO ELCUIDADO DE MI TIA Q LA TENGO HASTA AHORA….ELLA ESTA EN U8NA CASA DE REPOSO DESDE EL 7 DE NOVIEMBREPORSU ENFERMEDAD Q PADECE SUFRE DE ALZHEYMER POR LO TANTOELLA NECESITA DE UN CUIDADO ESPECIAL LAS24 HORAS DEL DIA …… ELLA SE ENCUENTRA SIN MEDICINA, PAÑALES Y OTROS SERVICIOSLAVERDADNO COMPRENDO A MIPRIMOYAELJUEZ LEDIOLACURATELA NO SE QESPERA

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