Tarifa del Chuponeo

¿Petroespionaje puede caer en la traición a la patria?

Un correo electrónico del embajador Allan Wagner, nada menos que representante del Perú ante la Corte de La Haya en la demanda marítima interpuesta contra Chile, figura entre el material incautado al ex marino Carlos Alberto Tomasio, uno de los seis detenidos por el caso de los “petroespías”.

Dicho mensaje interceptado a Wagner habría tenido como destinatarios al también embajador Javier Pérez de Cuéllar así como al actual canciller José García Belaunde (mencionado como “Joselo”) y al ex ministro de Justicia, Diego García Sayán y se encuentra codificado en el expediente como “Muestra 33”.
Así como esa comunicación, miles de correos, como el enviado por Peter Ramsey -ex dirigente del Club Alianza Lima- a Cecilia Blume, ex jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, se encontraban en poder del aludido procesado. Al parecer para el fiscal Walter Milla las prácticas del capitán de navío (r) Elías Ponce Feijoo y de sus seguidores en Business Track SAC (BTR) no se limitaron al “chuponeo artesanal” mediante “pinchazos” a teléfonos fijos. Se trataba de una suerte de espionaje industrial que ahora no sólo involucra como víctimas a políticos, empresarios y periodistas sino hasta diplomáticos del país. Correo tuvo acceso a la denuncia fiscal de este magistrado, documento que se encuentra en el 15 juzgado penal y que contiene 22 páginas. Aquí una apretada síntesis con lo más importante.

Tarifas del chuponeo

El fiscal Milla cita un acta del 12 de enero de este año donde se detallan documentos encontrados en una caja, propiedad del gerente de operaciones de Business Track, el aludido Carlos Alberto Tomasio. Según el análisis efectuado a ese material, en la “muestra 27”, figurarían los costos impresos por cada “servicio” que brindaban los espías de BTR a sus exclusivos clientes. ¿Cuánto cobraban? “Por interceptar teléfonos fijos (US$2,000), por interceptar teléfonos celulares (US$10,000), por interceptar teléfonos Bellsouth (US$4,000), se lee en el análisis. También se mencionan allí otras labores adicionales con sus respectivos precios: “Por el empleo de dispositivos alámbricos e inalámbricos de audio (US$500), en video (US$800), por interceptación de e-mail y extracción de discos duros vía internet (entre US2,500 y US30,000), por monitoreo de actividad de computadoras (entre US50 y US350), seguimiento semanal por persona entre Lima y Callao (US1,200)”, etc. Para Milla esto evidencia la capacidad intelectual y tecnológica con que contaba la organización delictiva encabezada por el también gerente de BTR, Elías Ponce.

El material de Ponce. En el vehículo del dueño de BTR, se encontraron siete USB con información analizada parcialmente. Se cuentan, por ejemplo, 28 hojas con la síntesis de diferentes transcripciones tituladas como: “Pedro Pablo Kuczynski con Gonzalo Raffo”, “Daniel de la Vega con Eduardo Mercado”, “Manuel Gastañeda Carrillo con Felipe Huase”, “José Cabieses”, “Dra. Aysa Paredes”, entre otras. También figuran varios audios del estudio Aurelio García Sayán -Abogados, así como diálogos grabados entre Rómulo León y diferentes personas (como Alberto Quimper, Ernesto Arias Schreiber, sus secretarias, etc). Adicionalmente, en la biblioteca de Ponce también se encontraron 48 correos electrónicos impresos y dos hojas con aparentes transcripciones de conversaciones privadas entre ciudadanos identificados parcialmente como: Jorge Samamés, Roncagiolo, Bernal, Pachacútec, Lucho, Moisés, César Islas, Alberto Quintana y Juan Jiménez. El colaborador y la analista. Como se sabe, el fiscal considera clave las declaraciones de los técnicos en actividad de la Marina Marín Fernández y Jesús Ojeda, y del marino en retiro Jesús Tirado. Llama la atención un fragmento transcrito por el magistrado Milla, según el cual cual Martín Fernández le confesó que tras la emisión de los “petroaudios” éste le reclamó a su jefe, Ponce, sobre lo ocurrido. “Me respondió, a esta cojuda se le pasó”, asegura. De acuerdo al testimonio de Fernández su jefe se refería directamente a Giselle Gianotti Grados, la gerente de ventas de BTR y única civil detenida por el caso. Así, mientras Giannotti argumenta que los 4 USB (con audios y transcripciones detalladas en una edición anterior de Correo) le fueron entregados por el periodista Pablo O´Brian, su coprocesado Fernández dice incluso haberla visto entre agosto y setiembre analizando y editando varias transcripciones del “petroescándalo”. “Cuando iba a dejar USB a Business, ella me preguntaba si había traído ´música´”, le aseguró a las autoridades.
Según el mismo colaborador, el 24 de diciembre Giannotti lo llamó por teléfono para que se acerque por un “nuevo trabajo”. Al llegar a BTR, Ponce le habría encargado interceptar tres teléfonos correspondientes a “Cementos Otorongo SAC” (Roberto Paredes Chirinos y José Revilla López) y a Alfredo Editor SRL (del caricaturista Alfredo Marcos Ortega), por lo que le ofreció un pago de US$900.
El número 2 de BTR. Sin duda, uno de los personajes sindicados por los colaboradores como pieza clave en este engranaje delictivo es el socio de Ponce, Carlos Tomasio, a quien se le imputa haber instalado los equipos de cómputo con el Software VRS – VOICE RECORDING SISTEM en las computadoras utilizadas para interceptar y grabar los audios. A Tomasio también se le atribuye haber comprado dos equipos TRIGGERFISH 4080, suministrados por la empresa HARRIS CORPORATION GCSD, para interceptar teléfonos celulares. De acuerdo con los documentos encontrados en su domicilio, dicha compra la hizo como agregado naval en Washington el 23 de junio de 2000, por el valor de US$110,000. De las copias halladas en su poder se desprende que incluso fue capacitado (con una inversión estatal de US$8,000 por cuenta del Estado) para operar dichos equipos. Sin embargo, el despacho de Milla recibió una comunicación oficial del 21 de enero mediante la cual el Secretario del Comandante General de la Marina informa que dicha institución no cuenta con equipos electrónicos TRIGGERFISH 4080 y que en el año 2000 no se ha llevado a cabo ningún proceso de selección para adquirir equipos similares. Pero, a pesar de que a este personaje se le incautaron adicionalmente dos equipos habilitados para rastrear llamadas de telefonía fija (un radiorreceptor – SCANER, marca UNIDEN, Serie Nº 328Z84003121 y un radio radiorreceptor scaner AOR-8600) él sigue negando su participación en el chuponeo.

Otros testimonios. Por su parte, Jesús Ojeda Angles aseguró que Ponce le entregó cinco CD-ROM con información que debía trasladar a un USB (refiriéndose a los petroaudios). Posteriormente todo ello, añadió, fue entregado por el propio Ponce a Jesús Tirado Seguín para que efectúe respectivas transcripciones.
Jesús Tirado Seguín, confirmó que por transcribir los audios difundidos por la prensa cobró S/ 1,000. Para el fiscal ambas declaraciones se encuentran respaldadas por los 29 CPU, 3 lapTops, 26 discos duros, 246 disquetes, 672 CD y 25 USB incautados, en cuyo interior se encontró abundantes conversaciones, varias sostenidas por Rómulo León, Alberto Quimper, Fortunato Canaán, Ernesto Arias Schreiber, entre otros personajes.
El fiscal Milla denunció a Elías Ponce, Carlos Tomasio, Giselle Giannotti, Jesús Ojeda, Jesús Tirado y Martín Fernández, así como a los no habidos Alberto Salas Cortéz y Pablo Martell Espinoza por los delitos de interceptación telefónica y asociación ilícita para delinquir. Hasta ahora la condena máxima es de 6 años.

Fuente: Correo

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