Tutela Procesal

La tutela procesal efectiva

(Artículo 4 del CP Constitucional)

DR. MARTÍN HURTADO REYES

Doctor en derecho, magistrado y profesor universitario

En diciembre de 2004 aparece como novedad en nuestro ordenamiento jurídico el vocablo tutela procesal efectiva, precisamente en el contenido del artículo 4 del CP Constitucional, pero, pese al tiempo transcurrido, no tenemos hasta la fecha una definición acabada a nivel teórico ni jurisprudencial de su contenido y alcances. Su ubicación en el CP Const., en apariencia, nos proporcionó una pista, la cual nos indica que es un término jurídico de “uso restringido”. Es decir, que es susceptible de invocarse solo en el contexto de un proceso constitucional, concretamente en los procesos de la libertad, amparo o hábeas corpus, lo cual puede no ser exacto, pues resulta admisible su uso en ámbitos distintos al proceso constitucional. Así tenemos que el Consejo Nacional de la Magistratura, en la Res. N° 249-2007-CNM del 16 de julio de 2007, al resolver un procedimiento disciplinario ha mencionado el término “tutela procesal efectiva”.

SIN DEFINICIÓN

El CP Const. no define este nuevo concepto, se limita a ponerlo “como causal genérica” de procedencia para el proceso de amparo o de hábeas corpus contra resoluciones judiciales firmes cuando en la actividad judicial se vea afectado: “(…) el amparo procede res- Doctor en derecho, magistrado y profesor universitario al respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva”, “(…) vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva”. Esto significa que se abre la puerta para estos procesos de la libertad cuando en el proceso judicial se ha emitido una resolución judicial firme “que vulnera las aristas del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva”. En tal sentido, el resultado del proceso judicial debe mostrar una ostensible afectación a los derechos fundamentales de las partes, que tengan relación con la vulneración al derecho a acceder al proceso sin más restricciones que las señaladas en la ley procesal y con afectación a las garantías mínimas que se deben respetar en el proceso, de tal manera que se genere una decisión judicial inaceptable. Por ello, se ha sostenido que el término “tutela procesal efectiva” contenido en el CP Const. Reemplaza al vocablo “proceso regular” expresado en el Art. 6 Inc. 2 de la Ley N° 23506. Aquí encontramos la posición de Castillo Córdova, con la cual afi rma que esta expresión es la novedad con respecto a la legislación anterior y que viene a sustituir a la expresión procedimiento regular, sin que en uno y otro caso se esté hablando de cosas distintas. Es por eso que, con acierto, los elaboradores del anteproyecto del CP Const. han afirmado que la jurisprudencia existente será perfectamente aplicable cuando entre en vigencia el nuevo código, pues se mantendrán los mismos elementos esenciales –debido proceso y tutela judicial.

PROCESO REGULAR

Se entiende, entonces, que proceso regular es aquel proceso judicial en el que se han respetado básicamente los derechos fundamentales contenidos en el Art. 139 Inc. 3 de la Constitución. Siendo ello así, se debe entender que una resolución judicial firme no es susceptible de cuestionarse en sede constitucional si se ha respetado escrupulosamente la tutela procesal efectiva, es decir, si se trata de un proceso regular. Por el contrario (si es irregular), el afectado tiene derecho a recurrir al proceso de amparo o hábeas corpus.

Así tenemos que si en el proceso judicial no se han respetado, por ejemplo, el libre acceso al servicio de justicia (improcedencia de demanda de forma arbitraria), si se afectó el derecho a probar (admisión de prueba ilícita, valoración irracional del material probatorio, uso inadecuado de la prueba indiciaria, entre otros), si se afectó el derecho al

contradictorio (se declaró rebelde al demandado sin existir un debido emplazamiento, entre otros); entonces, diremos que la resolución judicial proviene de un proceso en el que no hubo el menor respeto a la tutela procesal efectiva, entendida esta como el conjunto de exigencias para la validez de las decisiones judiciales, las cuales tienen respaldo constitucional, para referirnos aquí a los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. De hecho, cuando en el proceso constitucional se pretenda cuestionar una resolución judicial fi rme a través del hábeas corpus o amparo, el afectado debe alegar como causal de procedencia para esta tarea la afectación de la tutela procesal efectiva, y corresponderá al juez constitucional comprobar si los elementos conformantes del debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva han sido afectados en el proceso. De ser afirmativa la verificación, el juez debe declarar que las cosas se repongan al estado anterior al acto que afectó la tutela procesal efectiva, restando validez a la resolución judicial cuestionada. De ser negativa, el demandante recibirá una sentencia desestimatoria.

CONCLUSIÓN

Si bien el término tutela procesal efectiva se parece mucho al vocablo tutela jurisdiccional efectiva, existen absolutas diferencias entre ellos. Este último es propiamente un derecho fundamental (Art. 139 Inc. 3 de la Constitución). El primero, al parecer, es un término de naturaleza legal (Art. 4 del CP Const.) creado por legislador y que sirve de copete para denunciar las irregularidades que se han suscitado en el proceso judicial, por las cuales se convierte en írrita la decisión judicial. Por tanto, hace viable su cuestionamiento en el proceso de amparo o hábeas corpus, según corresponda. Este término contiene en su enunciado a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso.

Fuente: Suplemento de Análisis Legal de El Peruano del Martes 10 de marzo de 2009

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2 comentarios en “Tutela Procesal

  1. Me parece muy interesante lo planteado por el autor, y siendo que este principio contiene inplicito los derechos constitucionales es importante tener investigadores de este tema.

  2. Importante aporte. Sin embargo añadiría que el término tutela procesal efectiva no solo se limita a los procesos jurisdiccionales sino a los que no lo son, como los procedimientos admninistrativos, militares, arbitrales, etc. Hay mucho por desarrollar doctrinariamente en relación al novedoso vocablo. Saludos!

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