Nombre del Año 2011

Nombre del Año 2011

DECLARAN EL AÑO 2011 COMO EL

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” 

Esto como una forma de destacar el importante logro que ha sido conseguir la devolución de las piezas arqueológicas, que permanecen aún en posesión de la Universidad de Yale (Estados Unidos).

Consideró que esta decisión ha sido una “buena idea” y se adelanta la próxima creación del “Gran Museo del Tahuantinsuyo”, en el Cusco, lugar que finalmente albergará las referidas piezas incaicas y que además incluirá otras similares.

 

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UN MILLON DE VISITAS

SUPERAMOS EL MILLON DE VISITAS

¡UN MILLON DE GRACIAS!

Hace apenas unos minutos.  Sin soportes financieros ni apoyo institucional  Salvo la buena voluntad de quien esto escribe y de quienes son consecuentes con su lectura, seguimiento y difusión, acabamos de superar el millón de visitas a este blog.

Gracias a todos ustedes, mis queridos lectores, hoy por fin estoy celebrando el primer millón, vaya un número bastante elevado y que, francamente, veía imposible en un inicio cuando recién comenzaba a concebir la idea de crear este blog.

Simplemente Gracias, Amigos.

Reciban un abrazo sincero de quien les escribe estas palabras.

Jorge Aguirre Montenegro

UIT 2010

FIJAN NUEVO VALOR DE LA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA-UIT

Mediante el Decreto Supremo Nº 311-2009-EF, publicado el día de hoy en el diario oficial El Peruano, se ha aprobado el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el ejercicio 2010 ascendente a S/. 3,600. En ese sentido, se aprecia un incremento en S/. 50 con relación al valor de la UIT vigente para el ejercicio 2009.

Nombre del Año 2010

Gobierno declara el 2010 como

“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

El Poder Ejecutivo declaró hoy al 2010 como el “Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”, según un decreto supremo publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

El dispositivo precisa que durante el año 2010 se consignará dicha frase en los documentos oficiales.

De acuerdo a uno de los considerandos, el año 2010 el Perú debe consolidar su liderazgo en América Latina, retomando las altas tasas de crecimiento económico que presentó en los últimos años, lo que permitirá continuar reduciendo los índices de pobreza y pobreza extrema en el país.

El decreto supremo N° 082-2009-PCM, recuerda que a pesar de la grave crisis económica y financiera internacional, el Perú logró incrementar sus índices de producción y empleo durante el año 2009, gracias al notable esfuerzo de la micro, pequeña, mediana y gran empresa.

Sumado al esfuerzo de los profesionales y trabajadores de la actividad pública y privada, y a la confianza del pueblo peruano.

La norma lleva la rúbrica del presidente Alan García; del jefe del Gabinete Ministerial, Javier Velásquez Quesquén, y del ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde.

Derecho Del Tercero De Buena Fe

DERECHO DEL TERCERO DE BUENA FE

“ARTICULO 2038

El tercero que de buena fe ya título oneroso ha contratado sobre la base de mandato o poder inscrito en el registro del lugar de celebración del contrato, no será perjudicado por mandato, poder, modificaciones o extinciones de éstos no inscritos.”

1. Introducción

El artículo bajo comentario es sumamente rico en supuestos interpretativos, y por lo mismo, merece también la revisión de los distintos argumentos que en la doctrina lo justifican, para propender en la búsqueda de la manera más propia de aplicarlo. Siendo así, nos parece aconsejable proponer desde el inicio una situación que lo ejemplifique, para que a partir de ahí, desgajarlo en cada una de sus posibilidades cuanto fuere posible.

Imaginemos entonces la siguiente situación: Pedro vive en Lima y tiene una casa en Trujillo, la cual desea vender, para tal fin otorga mandato a favor de María, quien logra vender la casa a Juan.

Este sería un supuesto sumamente simplificado en el que tendríamos que definir varios aspectos; entre ellos, saber si Juan es el tercero a que alude el artículo bajo comentario, es decir, si cumple rigurosamente con todas las características que para este se han previsto (buena fe, onerosidad, etc.); determinar quétipo de tercero constituye, vale decir, si en efecto es un tercero registral y de quécaracterísticas; indagar acerca de si es importante el lugar en que se encuentra situada la casa, entre otros aspectos.

2. Relación con el artículo 2037

Existe una estrecha vinculación entre el artículo 2037 y el que comentamos, en razón al lugar en que deben inscribirse los poderes y/o mandatos (artículo 2037), y en función al lugar de celebración de determinado contrato, para efectos de proteger al llamado “tercero” del artículo 2038, así como sobre la base de la obligatoriedad o no de que el mandato o poder esté inscrito.

Por un lado -conforme hemos señalado en el comentario al artículo 2037-, la inscripción del mandato o poder no es obligatoria, y por lo tanto, puede omitirse su inscripción y ejercitarse válidamente el mismo. En ese sentido, dicho artículo propone que la inscripción se realice en el lugar donde permanentemente va a “ejercitarse” el mandato o la representación, y lo cierto es que el ejercicio del poder o mandato se puede realizar en cualquier parte del país o incluso fuera de él; por lo tanto, la decisión de inscribir el mandato en una u otra Oficina Registral es arbitrario. En nuestro ejemplo, aun cuando Pedro quiere vender su casa situada en Trujillo, su mandataria, María, puede ejercer el mandato (celebrar la compraventa) en Lima, con lo cual el mandato debió inscribirse, a tenor de lo señalado por el artículo 2037, en la ciudad de Lima, pero queda claro, siempre es facultativa dicha inscripción, pues también pudo realizarse la compraventa en Arequipa o Tumbes.

Por su parte, el artículo 2038 constriñe al “tercero” a que, para ser protegido y amparado por el ordenamiento, deba contratar indagando en el mismo lugar de la celebración del contrato(l) si existe un mandato o poder vigente; empero, en este caso, sí será requisito sine qua non que el mandato se encuentre inscrito, pues este último aspecto es una de las características que debe ostentar el llamado “tercero” para ser tal.

3. Relación con el artículo 2014

En este caso existe una vinculación relativa del artículo 2038 con el artículo 2014 del mismo cuerpo normativo -que regula la fe pública registral-, pues una rápida mirada al tenor de ambos artículos nos podría llevar a sostener que en los dos casos estamos frente a un tercero registral, aun cuando con diferentes requisitos para su configuración, lo cual resulta incorrecto.

El personaje del artículo 2014 del C.C. ostenta diversas características que lo convierten en un tercero registral, en tanto cumpla con todos los requisitos que le plantea dicho artículo. Así se aprecia de la simple lectura del mismo, de entre las cuales nos interesa destacar una de sus características: el tercero registral debe ser un titular registral, es decir, debe haber inscrito su derecho para que a partir de su inscripción pueda oponer el mismo a la relación que le es adversa.

En tanto que, si se repara en el tenor del artículo 2038, este no recoge a un tercero registral pues -entre otros aspectos-, el contratante no es titular registral, es decir, no inscribe su derecho. Nos explicamos: lo único que reclama el artículo bajo análisis -para estos efectos- es que exista un mandato o poder inscrito, y no que se inscriba el contrato que se celebra en base a la existencia de dicho mandato o poder. Siendo así, quien celebró un contrato se basó en la fe del Registro según el poder o mandato esté inscrito, pero nada más; los aspectos de oponibilidad(2) del contrato (la compraventa de Juan) frente a otros derechos en el tiempo, se regirán por otras reglas, y dicho contrato solo estará protegido -sobre la base de este artículo- contra la eventual amenaza de quien quiera desconocer el mandato o poder para impugnar sobre la base de ello el contrato celebrado.

(1) Nótese que se descarta expresamente la etapa de negociación o de ejecución del contrato.

Por tal motivo, no es propio llamar al contratante del artículo 2038 el “tercero”, y si se mantiene tal denominación, habrá que ser cautelosos en no confundirlo con un tercero registral, pues ni siquiera alcanza la categoría de tercero registral genérico. Recuérdese que en el ordenamiento jurídico peruano existen varias clases de terceros registrales (dadas sus diferentes características) -véase a tal efecto los artículos 1135, 1708, 2020, 2014 de este Código, entre otros-, sin llegar el llamado “tercero” del artículo 2038 a alcanzar dicha categoría, pues -entre otras razones- no tiene inscrito su derecho a oponer (3).

En el ejemplo que hemos planteado existen dos posibilidades: a) si Juan que es el adquirente (“tercero del artículo 2038”) no inscribe la compraventa del predio, únicamente estará amparado por este artículo para oponer la inscripción del mandato o poder sobre el cual basó su contratación, pero únicamente sobre este aspecto; b) si en cambio, inscribe su derecho de propiedad, estará amparado por el artículo 2038 de la misma forma, esto es, únicamente para oponer la inscripción del mandato o poder sobre el cual basó su contratación, pero si quisiera oponer su compraventa inscrita a otra que le es adversa, se verá protegido mas bien por el artículo 2014 del Código si cumple con los demás requisitos previstos en este último.

En conclusión, no podemos dejar de reconocer que la institución registral, dentro de los límites del artículo 2038, dispensa cierta protección a este contratante (llamado en el artículo ‘1ercero”); pero se trata de una protección indirecta o de segundo plano, pues queda claro que no se trata de un titular registral en estricto; si se convierte en titular registral -dada la inscripción de su contrato- entran en juego otros artículos.

(2) Vista la oponibilidad desde el sentido contrario, .el principio de inoponibilidad significa que el adquirente no inscrito de un derecho sobre inmuebles no lo puede ejercer frente al tercero con derecho inscrito sobre el mismo inmueble, ni tampoco aquel puede formular pretensiones perjudiciales en contra de este”. Diez-Picaza, citado por Günther Gonzales B. “Curso de Derechos Reales”, pp. 611-612.

(3) Garcla Garcla resume las notas que definen al tercero registral genérico (desde el punto de vista del Derecho Registrallnmobiliario), limitándolo a aquel titular registral adquirente de un derecho o situación juridica en una relación juridica inscrita, contemplado fuera de su condición de parte, respecto a otra relación jurldica con la que tiene una conexión transversal o lineal, y que no puede quedar afectado o perjudicado por esa otra relación juridica no inscrita, ni por los vicios o defectos de dicha relación, que no consten expllcitamente en el Registro. “Derecho Inmobiliario Registral”. T. 11, p.53.

4. Requisitos sustantivos para merecer protección

El artículo bajo análisis plantea diversos requisitos para acoger al “tercero” que ahí aparece regulado:

a) El acto jurídico debe basar su celebración en un mandato o poder inscrito y debe necesariamente tratarse de un contrato.

b) Aun cuando el artículo no reclama que dicho contrato (a.e. una compraventa) se encuentre inscrito, sí debe estar registrado necesariamente el poder o mandato, y el lugar de inscripción de este último deberá ser aquel en el que se celebra el contrato. Bajo ese orden de ideas, si la modificación o extinción del poder o mandato inscrito no se encuentra registrada, esta omisión no le es oponible al contratante, quien entonces mantiene su adquisición.

Asimismo, cuando en su parte final el artículo alude a otro “(…) mandato o poder (…) no inscritos (oo.)”, entendemos que se trata de casos que pueden importar la revocación o sustitución tácita del poder inscrito. Véase a dichos efectos los artículos 151, 159, entre otros.

c) El contratante debe tener buena fe. ¿En qué momento se debe tener la buena fe? A propósito de la redacción del artículo 2014 de este Código, la doctrina ya se ha planteado la interrogante, y es casi unánime (conforme a la Exposición de Motivos Oficial del Código) en que la buena fe debe de existir al momento de la celebración del contrato. Para llevar al extremo las cosas, hay que mencionar que tampoco requiere perdurar esta buena fe. Conforme a GARCíA GARCíA (citado por CABRERA) “una vez que exista buena fe en el momento del otorgamiento del título, ya no importa que, con posterioridad, se produzca mala fe, o sea conocimiento de la situación extraregistral (oo.) Pues su buena fe quedó cerrada y completa en el momento de la declaración de su voluntad”(4).

De otro lado, es claro que la buena fe contiene un presupuesto negativo, y es que se conceptúa la misma como desconocimiento de la inexactitud registra!. No se trata de creer (concepto con implicancias distintas) que lo inscrito es exacto; basta con desconocer. Habrá entonces mala fe si se conocía de la inexactitud del Registro. Lo importante es desconocer o conocer y no creer o dejar de creer. En el Derecho Hipotecario lo que importa es el homo ignorans o el homo sapiens, y no el hombre creyente (5). Incluso, conforme manifiesta Hencke en el sentido positivo -a propósito del desconocimiento que implica la buena fe-, “no equivale a conocimiento las dudas sobre la exactitud del registro, y no existe ninguna obligación de informarse”(6).

d) La adquisición ha de ser a título oneroso, es decir, que la contratación habrá importado un sacrificio de orden patrimonial para la parte que busca acogerse a los beneficios de este artículo. Contrario sensu, la adquisición gratuita (a.e. donación) desampara al confusamente llamado “tercero”.

A propósito de la onerosidad que el artículo reclama, no podemos dejar de plantear nuestra disconformidad con este requisito y que se refleja también para el artículo 2014 del Código.

(4) CABRERA, Edilberto. “El Procedimiento registra! en el Perú”, p. 115

(5) GARCIAGARCIA. Citado por Cabrera E. Op. cit., p. 113

La lógica que justifica la onerosidad es la siguiente: el tercero registral es, a decir de algunos estudiosos, una feliz solución y la más importante dentro del sistema registral declarativo (no constitutivo) que hemos adoptado. Si bien ello es correcto, en la otra cara de la moneda, el tercero registral reporta -en no pocas oportunidades- una contrariedad amparada por las normas registrales, que no se condice con aquellas del Derecho común: piénsese en el caso de la doble venta, en que según el artículo 949 del Código Civil, el adquirente de la primera venta es ya un propietario por la sola consensualidad manifestada; sin embargo, toda vez que no inscribió (y la inscripción no es obligatoria), el adquirente de la segunda venta, al registrar su compra de quien ya no era propietario es amparado por el artículo 2014, “a pesar del artículo 949”; mas solamente será amparado si adquirió a título oneroso como en el caso de la compraventa, pues se entiende que ha desembolsado parte de su peculio; en tanto que, si la adquisición es a título gratuito (a.e. donación), no se le ampara, pues nada desembolsó, y por lo mismo, no soportó sacrificio patrimonial alguno, dado lo cual se rescata al adquirente del artículo 949 (primer adquirente) y se le hace respetar.

En el caso del artículo 2038, si bien -conforme hemos señalado- no nos encontramos ante un tercero registral, para ampararlo desde la óptica del artículo, se ha previsto la onerosidad (de la contratación), tal cual el artículo 2014.

Nuestra propuesta es porque se elimine la onerosidad a fin de amparar toda adquisición, sea gratuita u onerosa. Algunos países no recogen la onerosidad(7), bajo la misma lógica que secunda en España (aplicable totalmente al sistema registral peruano) las censuras a este requisito, suponiendo injusta su inclusión, pues deja en incierto los derechos de los adquirentes por título gratuito, que es al fin y al cabo tan respetable como el oneroso; añadiendo que, si bien el donatario o el heredero no desembolsaron cantidad alguna ni se privaron de nada al adquirir el inmueble, esta adquisición hizo variar su fortuna y contando con ella contrajeron acaso compromisos que no les sería fácil cumplir, originándoseles perjuicios incontestables, que no es justo sufran por la apatía del verdadero dueño(6).

(6) HENCKE. Citado por Gonzales B. “El requisito de la buena fe en el principio de fe pública registral: La visión jurisprudencial”. En: Diálogo con la Jurisprudencia N° 58. Julio. 2003, p.123.

(7) Para no decir Alemania, entre otros paises, Suiza que mantiene un sistema causal como el nuestro, es un ejemplo importante. .

PONGASE ALERTA:


1. En las Oficinas Registrales de la Sunarp, registre toda compra, transferencia, hipoteca u otro acto realizado en su propiedad.

2. Si el documento que acredita la transacción es una escritura pública, deberá ser presentada a Sunarp preferentemente por el mismo notario y no por los compradores, para evitar intermediarios que podrías ser estafadores.

3. Gratis, inscríbase en el servicio de Alerta Registral de la Sunarp. Este sistema le avisará mediante un correo electrónico cualquier intento de modificación registral de su propiedad (solicitudes de transferencia, compraventa, etc.). Ingrese a:


consigne sus datos personales y el número de su propiedad (Partida Electrónica: aparece en el documento que la Sunarp le entregó cuando inscribió el bien). El sistema le enviará un correo para confirmar la activación.

4. Revise –en forma diaria- su correo electrónico. En caso de llegarle un mensaje informándole que un tercero, sin su conocimiento, ha presentado un solicitud para alterar su propiedad, acuda a la Sunarp, para bloquear la inscripción fraudulenta. No pierda tiempo valioso porque se concretaría la estafa. Lo urgente es frenar el intento de modificación de la partida electrónica.

5. Denuncie el hecho ante las autoridades pertinentes: Policía Nacional, Ministerio Público, Alta Dirección de Sunarp, Poder Judicial. Si el bloqueo se realiza a tiempo, la estafa no se concretará.

6. Si tiene un predio deshabitado visítelo en forma periódica. En el terreno o lote construya un cerco. Coloque con letras grandes “ESTE TERRENO NO ESTA EN VENTA”. Procure estar al día en el pago de los tributos.

LA PRUEBA: PRECEDENTES VINCULANTES

Agradecemos Articulo enviado por el Dr. HECTOR MANUEL CENTENO BUENDIA

LA PRUEBA:

Por: DR. HECTOR MANUEL CENTENO BUENDIA *

ANTECEDENTES DE LOS PRECEDENTES VINCULANTES DE LA CORTE SUPREMA REFERENTES A LA VALORACION DE LAS DECLARACIONES DE COIMPUTADOS, TESTIGOS Y AGRAVIADOS.

ANTECEDENTES EN EL DERECHO PROCESAL PENAL COMPARADO

En el ámbito de la doctrina del TEDH (1), las declaraciones inculpatorias de los coimputados no han sido analizadas desde el punto de vista de su valor como medio de prueba idóneo para destruir el derecho de presunción de inocencia, sino que el análisis que lleva a cabo el Alto Tribunal europeo se ha circunscrito a la valoración de las mismas como elementos suficientes para justificar la adopción de la medida cautelar de la prisión preventiva. (2). El análisis de las declaraciones de los coinculpados siempre estarán regidos por su derecho constitucional de presunción de inocencia. (3) Para que las sospechas sean razonables, deben existir hechos o informaciones que persuadan a un observador objetivo de que el individuo en cuestión puede haber cometido el delito (4).
En ese sentido el Tribunal (5), admite que la colaboración de los «arrepentidos» representa un instrumento muy importante en la lucha que las autoridades italianas llevan a cabo contra la Mafia. Dichas declaraciones son susceptibles de ser el resultado de manipulaciones, de perseguir únicamente el objetivo de acogerse a los beneficios que la ley italiana concede a los «arrepentidos» o incluso de tratarse de venganzas personales. Por estos motivos, al igual que establecen los Tribunales internos, las declaraciones de los «arrepentidos» (6), deben ser corroboradas por otros elementos de prueba; además, los testimonios indirectos deben ser confirmados por hechos objetivos. (7). Para fijar los elementos que han de concurrir en la declaración inculpatoria del coimputado para ser considerada como grave indicio de culpabilidad, el TEDH exige que, a diferencia del testimonio, la declaración inculpatoria del coimputado no puede constituir por sí sola un grave indicio de culpabilidad, sino que la determinación de la fiabilidad de tales declaraciones exige una doble verificación (intrínseca y extrínseca): bajo el perfil intrínseco, el juez debe valorar la precisión, la coherencia interna y la racionalidad, no solo para individualizar el grado de interés que tiene el autor al formular la acusación, sino también su personalidad y los motivos que lo han inducido a implicar al indagado. Pues bien, como ya señalaran Linde, Ortega y Sánchez Morón, el derecho de presunción de inocencia que proclama el apartado 2º del art. 6 del CEDH se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a un juicio justo, equitativo e imparcial del que goza todo imputado en un proceso penal tal y como prescribe el apartado 1º del referido precepto. (8).Por ello, bajo el perfil extrínseco, el juez debe averiguar si subsisten o no elementos objetivos que la desmientan (la declaración) o si la misma viene confirmada por verificaciones externas de naturaleza representativa o lógica, dotadas de tal consistencia que resistan los elementos de signo opuesto eventualmente deducidos por el acusador”.(9). Por consiguiente, para que la declaración inculpatoria del coimputado se erija en “indicio racional” suficiente para decretar una medida cautelar de prisión preventiva (art. 5.1, c) CEDH) y, por tanto, para entender que posee entidad bastante a los efectos de destrucción del derecho de presunción de inocencia y de preservación del derecho a un proceso justo (art. 6.1 y 2 del CEDH) es preciso que sea creíble para lo cual, necesariamente ha de venir corroborada por otros indicios que confirmen su fiabilidad intrínseca.

DECLARACIÓN INCULPATORIA DEL COIMPUTADO Y DERECHO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

El análisis del valor como medio de prueba de las declaraciones inculpatorias de los coimputados es de vital importancia cuando se trata de determinar si son o no idóneas para enervar el derecho de presunción de inocencia. (10) En el ámbito de la legislación supranacional europea, se encuentra en el art. 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que inspiró al constituyente peruano en el contenido del artículo 2.24.e, de la Constitución de 1993.(11). La presencia de una pluralidad de imputados en el proceso penal generalmente se presentan en procesos de crímenes cometidos por bandas o grupos organizados.Ejem. terrorismo, tráfico de drogas, patrimonio agravado.Así como la previsión legal en Italia de los criterios de valoración de la prueba de la declaración inculpatoria del coimputado facilita, con mucho, la labor del TEDH a la hora de controlar si se ha respetado o no lo dispuesto en el art. 6 del CEDH, no ocurriría lo mismo para el caso de que ese control tuviera como referente la legislación española, ya que lo característico de la misma radica, precisamente, en una ausencia de regulación legal de esta figura, cuya construcción es obra exclusiva de la Jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo y de la doctrina del Tribunal Constitucional (12). Ambos órganos judiciales conceptúan la declaración inculpatoria del coimputado como medio de prueba para cuya valoración ha de observarse la concurrencia tanto de verificaciones intrínsecas como extrínsecas de su credibilidad, de tal manera que lo que tanto el TSE como el TCE denominan “testimonio impropio”, ha de ser apreciado, a los efectos de su aptitud para destruir del derecho de presunción de inocencia proclamado en el art. 24.2 de la CE, tanto desde el punto de vista de su fiabilidad subjetiva como desde su corroboración por otros medios de prueba. (13).

CREDIBILIDAD INTRINSECA Y EXTRINSECA DE LAS DECLARACIONES DE LOS COIMPUTADOS.

En el ámbito del proceso penal español la determinación de la credibilidad de las declaraciones inculpatorias del coimputado se ha venido centrando, desde la aparición de las primeras Sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional Español dictadas sobre esta materia, en la cuestión de si aquellas manifestaciones podían ser aisladamente consideradas como prueba de cargo suficiente para justificar la condena del sujeto acreedor de las mismas o si, por el contrario, era preciso la concurrencia de otras pruebas que confirmen o corroboren su fiabilidad. (14). Esto es, si bastaría con la credibilidad intrínseca o subjetiva de aquellas declaraciones, o si sería necesario apreciar, además, una credibilidad extrínseca u objetiva. La primera de las Sentencias del TS que alude a los elementos de verificación intrínsecos de la fiabilidad de las manifestaciones incriminatorias de los coimputados fue la de 12 de mayo de 1986 (RJA 2446/1986) en cuyo fundamento se dice que este testimonio impropio, tan analizado por la dogmática científica italiana bajo la rúbrica de “chiamata di correo” o testimonio del coimputado (15), puede cuando menos estimarse como constitutivo de esa mínima actividad probatoria de cargo siempre que no concurran las dos circunstancias de que: a) Exista o subyazca en la causa motivo alguno que conduzca a deducir, aunque fuere indiciariamente, que el coimplicado haya prestado su declaración guiado por móviles de odio personal, obediencia a una tercera persona, soborno policial mediante o a través de una sedicente promesa de trato procesal más favorable, etc., b) Que la declaración inculpatoria se haya prestado con ánimo de autoexculpación”.

VALORACION EN CONJUNTO DE LAS DECLARACIONES DE LOS COIMPUTADOS.

Poco tiempo después de pronunciarse esta Sentencia emana del Tribunal Supremo la STS de 21 de mayo de 1986 (RJA 2863/1986) que viene a complementar a la anteriormente citada al señalar que habrá de valorarse a la luz de un conjunto de elementos especialmente orientadores al respecto: a) personalidad del delincuente y relaciones que, precedentemente, mantuviese con el señalado por el mismo como copartícipe; b) examen riguroso acerca de la posible existencia de motivos particulares –
venganza, resentimiento – que, llevándole a la acusación de un inocente, permitan tildar
su testimonio de falso o espurio; c) búsqueda de una eventual coartada que facilite su exculpación o propia disculpa”. A la citada Sentencia le sigue otra de 21 de mayo de 1986 (RJA 2863/1986), (posteriormente reiterada por las de 17 de junio de 1986 (RJA 3164/1986 y de 16 de diciembre de 1986 (RJA 7935/1986)) que tiene como particularidad más relevante la de sustituir el término “motivos particulares” por el de “móviles turbios e inconfesables” y el añadir a aquellos motivos el odio personal y el soborno, señalando que la concurrencia de estos elementos podría restar a la declaración “fuerte dosis de verosimilitud o credibilidad”. Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 1991 (RJA8970/1991) añade al concepto de móviles turbios o motivos espurios el de actuar delatando “, mediante o a través de una sedicente promesa de trato procesal más favorable”; y, por último, la STS de 20 de mayo de 1994 (RJA 3942/1994) destaca la concurrencia en la declaración inculpatoria del coimputado de las notas de la espontaneidad, univocidad, coherencia lógica y reiteración. Por tanto, en el ámbito intrínseco o subjetivo, el órgano judicial ante el que se desarrolla el juicio oral habrá de determinar si las declaraciones vertidas ofrecen en sí mismas y aisladamente consideradas elementos suficientes que puedan conducir a determinar la credibilidad interna de las mismas para lo cual el juzgador ha de apreciar, de un lado, si concurren determinados requisitos positivos, y, de otro, si están ausentes aquellos otros de naturaleza negativa. (16)

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES QUE DEBEN CONCURRIR EN LAS DECLARACION INCRIMINATORIA DEL COIMPUTADO.

No obstante, la credibilidad o fiabilidad de la propalación inculpatoria suscitó en el Derecho procesal español la cuestión de si tal manifestación posee virtualidad por sí misma para fundar la condena de los sujetos acreedores de la misma, o si, por el contrario, es necesaria la concurrencia de otros elementos de prueba que confirmen el contenido incriminatorio de tales declaraciones (17). En otros términos, el problema planteado consistía en determinar si era suficiente que la declaración inculpatoria fuera intrínseca o subjetivamente creíble o si, por el contrario, habría de exigirse, además, la concurrencia de una credibilidad extrínseca u objetiva, esto es, la corroboración de su fiabilidad a través de otros elementos. (18). Destaca, sin embargo, muy especialmente la STC 153/1997, de 29 de septiembre que, de alguna manera explicita aun más la doctrina emanada del TS, al señalar que “cuando la única prueba de cargo consiste en la declaración de un coimputado, es preciso recordar la doctrina de este Tribunal, conforme a la cual el acusado a diferencia del testigo, no solo no tiene obligación de decir la verdad sino que puede callar total o parcialmente o incluso mentir.(19) Es por ello por lo que la declaración incriminatoria del coimputado carece de consistencia plena como prueba de cargo cuando siendo única, no resulta mínimamente corroborada por otras pruebas en contra del recurrente; sentencia ésta que es literalmente reproducida por muchas otras posteriores. La concurrencia de corroboración por otras pruebas de la credibilidad intrínseca de la declaración inculpatoria del coimputado para que pueda ser estimada como prueba de cargo suficiente apta para enervar el derecho de presunción de inocencia, (20) se sigue exigiendo en la actualidad tanto por el TS como por el TC, siendo buena muestra de ello la STS 168/2003, de 26 de febrero y la STC 65/2003, de 7 de abril. Ambas sentencias recogen el contenido de dos importantes resoluciones del TC, concretamente de las SSTC 233/2002, de 9 de diciembre y 237/2002, también de 9 de diciembre, que han venido a fijar los rasgos o características fundamentales que han de concurrir en las declaraciones incriminatorias de los coimputados para su valoración como medios de prueba idóneos para la enervación del derecho de presunción de inocencia, y que son los siguientes:
1.- La declaración incriminatoria de un coimputado es prueba legítima desde la perspectiva constitucional.
2.- La declaración incriminatoria de un coimputado es prueba insuficiente y no constituye por si misma actividad probatoria de cargo mínima para enervar la presunción de inocencia.
3.- La aptitud como prueba de cargo mínima de la declaración incriminatoria de un imputado se adquiere a partir de que su contenido quede mínimamente corroborado.
4.- Se considera corroboración mínima la existencia de hechos, datos o circunstancias externas que avalen de manera genérica la veracidad de la declaración.
5.- La valoración de la existencia de corroboración del hecho concreto mínima ha de realizarse caso por caso.
Por tanto, la STC 31/1981, de 28 de julio viene a complementar lo expresado en el citado Auto del TC y a fijar, por ende, los requisitos y presupuestos necesarios que
han de concurrir para entender enervado el derecho de presunción de inocencia y que
pueden resumirse en los siguientes:
1) En primer lugar, que se haya practicado una mínima actividad probatoria,
2) En segundo lugar, que en la práctica de la misma se hayan observado todas las garantías procesales (tanto las derivadas de la legislación ordinaria como las exigidas por el ordenamiento constitucional),
3) En tercer lugar, que tal actividad probatoria pueda estimarse de cargo y de la que, por tanto, quepa deducir la culpabilidad del sujeto, y;
4) Por último, que las pruebas se hayan practicado en el juicio oral (con excepción de los supuestos de prueba anticipada y de lectura de declaraciones sumariales llevadas al plenario con respeto de los principios de inmediación y contradicción). (21)
Por consiguiente, para poder dictar sentencia condenatoria, el órgano judicial ha de contar con una mínima actividad probatoria de cargo de la que pueda inferirse la culpabilidad del sujeto y practicada, en la mayoría de los casos en el acto del juicio oral.
Pero como señala JAEN VALLEJO (22), parece claro que no bastará la mera certeza subjetiva del Tribunal penal de que ha habido efectivamente una actividad probatoria de cargo de la que se deduce la culpabilidad del procesado, sino que será necesario que explique en su sentencia los motivos que le han llevado a alcanzar tal convicción, lo que constituye “, una exigencia del propio art. 741 LECr., en consonancia con el art. 120.3 CE (23).

PLENO JURISDICCIONAL Nº 2-2005/CJ-116 QUE ESTABLECE CRITERIOS PARA DELIMITAR EL VALOR PROBATORIO DE LAS DECLARACIONES DE LOS COIMPUTADOS, TESTIGOS Y VICTIMAS.

Como se puede observar nuestra Corte Suprema ha asumido la doctrina del TEDH y la del TCE referentes a los criterios de delimitacion del valor probatorio de las declaraciones de los coimputados, testigos y agraviados. El pleno jurisdiccional Nº 2-2005/CJ-116, establece que es necesario indicar que los fundamentos de la valoración de la prueba penal residen en las instituciones procesales de la presunción de inocencia (24), y el criterio de conciencia (25). La presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de derecho fundamental, por virtud del cual, el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las autoridades judiciales competentes la demostración de la culpabilidad del agente. (26).Este derecho acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal (por denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, mas allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado.(27) Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado. (28). En nuestro país (29), el constituyente ha reconocido la presunción de inocencia como un derecho fundamental. El tribunal constitucional ha señalado en su oportunidad (30) que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto que presunción iuris tántum, implica que a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva”. De igual forma, se ha dicho (31) que “la presunción de inocencia se mantiene ‘viva’ en el proceso penal siempre que no exista una sentencia judicial que, como corolario del cauce investigatorio llevado a cabo con las garantías inherentes al debido proceso, logre desvirtuarla (32). Asimismo la precitada garantía implica para el imputado de un hecho delictivo la inversión de la carga probatoria, ya que el acusador deberá demostrar y hacer cesar a través de las pruebas a dicha presunción. Dicho de otra manera, la garantía de inocencia se conecta directamente con 2 principios básicos del proceso penal: principio de legalidad y principio acusatorio. Algunos autores han expresado que “El principio de legalidad obliga al Ministerio Fiscal a promover la acción pública en cuanto aparezcan indicios materiales de criminalidad y el principio acusatorio, separa radicalmente a la autoridad encargada de la instrucción de la llamada a enjuiciar y dictar sentencia (33). Es el principio Omus Probando (34), por el cual, por el carácter público y el interés común que detenta el derecho penal, es al Estado sobre quien recae la carga probatoria tendiente a demostrar la responsabilidad penal y su correspondiente reproche de culpabilidad que le cabe al imputado; este no tiene la obligación de probar su inocencia, dado que goza de una situación jurídica que no necesita ser construida, sino todo lo contrario, ella debe ser destruida para que la presunción de inocencia se desvanezca. En cuanto a su contenido, se ha considerado que el derecho a la presunción de inocencia (35) comprende el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde actuar a los Jueces y Tribunales; que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción. Por otro lado, el derecho fundamental a la presunción de inocencia no es un derecho absoluto sino relativo. De ahí que, en nuestro ordenamiento, se admitan determinadas medidas cautelares personales –como la detención preventiva o detención provisional, sin que ello signifique su afectación, “(36) porque tales medidas sirven precisamente para esclarecer el hecho reprochado y por ello son imprescindibles para llevar a cabo un procedimiento penal orientado en principios propios de un Estado de derecho; siempre, que tales medidas sean dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. (37). Parte de esa relatividad del derecho a la presunción de inocencia se vincula también con que dicho derecho incorpora una presunción iuris tántum y no una presunción absoluta; de lo cual se deriva, como lógica consecuencia, que la presunción de inocencia puede ser desvirtuada o destruida mediante una mínima actividad probatoria. (38). Así, la libre apreciación razonada de la prueba prevista en el artículo 283° del Código de Procedimientos Penales, reconoce al juez la potestad de otorgar él mismo el valor correspondiente a las pruebas, sin directivas legales que lo predeterminen. El derecho a la presunción de inocencia exige que las pruebas de cargo, que justifiquen una condena, deban ser suficientes para condenar. En ese sentido, el pleno jurisdiccional ha sentado precedente vinculante referente a las circunstancias que debe tener en cuenta los magistrados de todas las instancias para valorar las declaraciones de los coimputados, testigos y agraviados, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

PRECEDENTES VINCULANTES QUE DEBERAN OBSERVAR LOS JUECES REFERENTES A LAS DECLARACIONES DE COIMPUTADOS Y TESTIGOS

Son tres las circunstancias que han de valorar los magistrados al apreciar las declaraciones de los coimputados, testigos y agraviados. Las circunstancias se refieren a un carácter ontologico, valorativo y teleológico del proceder del coimputado en su declaración,la misma que deberá guardar criterios de razonabilidad y credibilidad. Estas son las circunstancias que deben valorar los magistrados: Desde la perspectiva subjetiva, ha de analizarse la personalidad del coimputado, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio. También es del caso examinar las posibles motivaciones de su delación, que éstas no sean turbias o espurias: venganza, odio, revanchismo, deseo de obtener beneficios de cualquier tipo, incluso judiciales, que por su entidad están en condiciones de restarle fuerte dosis de credibilidad. Asimismo, se tendrá del cuidado de advertir si la finalidad de la declaración no sea, a su vez, exculpatoria de la propia responsabilidad. Desde la perspectiva objetiva, se requiere que el relato incriminador esté mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra del sindicado que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, aún de carácter periférico, que consolide su contenido incriminador. Asimismo, debe observarse la coherencia y solidez del relato del coimputado; y, de ser el caso, aunque sin el carácter de una regla que no admita matizaciones, la persistencia de sus afirmaciones en el curso del proceso. El cambio de versión del coimputado no necesariamente la inhabilita para su apreciación judicial, y en la medida en que el conjunto de las declaraciones del mismo coimputado se hayan sometido a debate y análisis, el juzgador puede optar por la que considere adecuada.

PRECEDENTES VINCULANTES QUE DEBERAN OBSERVAR LOS JUECES REFERENTES A LA DECLARACION DEL AGRAVIADO.
Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aún cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones.Las garantías de certeza serían las siguientes: Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el literal c) del párrafo anterior El pleno señala que los requisitos expuestos, deben apreciarse con el rigor que corresponde. Se trata, sin duda, de una cuestión valorativa que incumbe al órgano jurisdiccional. Corresponde al Juez o Sala Penal analizarlos ponderadamente, sin que se trate de reglas rígidas sin posibilidad de matizar o adaptar al caso concreto.

Bibliografía.

1).- TEDH son las siglas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las sentencias del TEDH, el gran problema que plantean es que son obligatorias, pero no son ejecutivas. Con ello queremos recordad en primer lugar que el Consejo de Europa es una organización internacional y no supranacional, en segundo lugar que de los 44 países que están en el Consejo, hay una pluralidad de situaciones. La singularidad más importante es que el tribunal, el Consejo de Europa no tiene instrumentos ejecutivos propios y no puede obligar a los Estados a que ejecuten la sentencia, eso depende de cada Estado miembro y el incumplimiento no es sancionado jurídicamente.
(2).- Ripol Carulla, Santiago. El Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos y el Derecho Español. 1ª Edición 2007. Este autor señala que desde que España se adhirió al Convenio Europeo de Derechos Humanos y aceptó la competencia de los órganos de garantía del Convenio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado 52 sentencias relativas a España: en 14 ocasiones el Tribunal de Estrasburgo ha dictado una sentencia constatando que no se había producido la vulneración de uno de los derechos incluidos en la Convención de Roma; en otras 33 ocasiones, en cambio, la sentencia condenaba a España,
3).-Díaz Pita, Maria Paula. Declaración inculpatoria del coimputado en el proceso penal y derecho de presunción de inocencia: examen de su tratamiento jurisprudencial en España en relación con la doctrina del TEDH. Editorial Aranzadi.España.2006
(4).-Rafecas, Daniel. “Procedimientos Policiales Fraguados: Un indicio de colapso moral en el sistema penal argentino”. Mimeo. (2002). Este autor señala que la sospecha policial, o la categoría amiga de “olfato policial”, han sido históricamente cuestionadas desde posiciones garantistas por fundar un derecho penal de autor —y no de acto—, avalar la vigencia de un estado de peligrosidad sin que exista delito, estar contra los principios fundamentales de un estado de derecho y habilitar numerosos casos de violencia policial.
(5).-.Sobre el tema, véase la monografía del profesor Ángel Sánchez Legido: La reforma del mecanismo de protección del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Editorial Colex, 1995.El actual mecanismo jurisdiccional europeo de protección de derechos humanos no es desde luego perfecto ni el mejor de los imaginables, pero supuso un gran avance respecto del sistema anteriormente vigente desde el momento en que un órgano jurisdiccional internacional es el único competente para decidir si ha habido o no violación de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o en sus Protocolo adicionales de carácter normativo.
(6).STC-3206-2004-HC. En el caso de una accionante que cuestiona la declaración en su contra de un arrepentido, el tribunal señala que las imputaciones contra la accionante no solamente se circunscriben al testimonio recogido en el Acta de Arrepentimiento suscrita por el arrepentido, con la participación del Ministerio Público. También pesan en su contra múltiples declaraciones testimoniales de sus coinculpados y testigos, así como actas de registro domiciliario donde se incautó material subversivo, actas de reconocimiento, actas de verificación, pericia grafotécnica y acta de incautación de documentos y municiones, diligencias en las que también participó el Ministerio Público, conforme se aprecia de las instrumentales detalladas en el Atestado Policial Ampliatorio Nº 088.DI-DINCOTE, de fecha el 28 de diciembre de 1998, corrientes en autos, de fojas 6 a 49.
(7).-.STC-3206-2004-HC.
(8).- Linde, E; Ortega, L.I. y Sánchez Morón, M. “El sistema europeo de protección de los derechos humanos. Estudio de la Convención y de la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Coordinador Eduardo García de Enterria, Editorial Civitas, Madrid, 1983, págs. 97 y 98.
(9) Al respecto Carnelutti, decía: “el problema de la valoración de las pruebas, es sin duda, uno de los más graves del proceso. En el cincuenta por ciento de las veces, por no decir más, de ella depende la justicia de la decisión”. SENTÍS MELENDO, Santiago, “La Prueba”, ed. Jurídicas Europa – América, Buenos Aires, 1985, pág. 22.
(10).- STC.10107-2005-HC.-Se ha señalado en anterior oportunidad (cf. STC 0618-2005-PHC/TC, FF.JJ. 21 y 22) que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto que presunción iuris tántum, implica que “(…) a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva”. De igual forma, se ha dicho (vid. STC 2915-2004-PHC/TC, FJ 12) que “la presunción de inocencia se mantiene ‘viva’ en el proceso penal siempre que no exista una sentencia judicial que, como corolario del cauce investigatorio llevado a cabo con las garantías inherentes al debido proceso, logre desvirtuarla (…)”.
(11).STC-0023-205-AI. -El derecho a que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad (artículo 2.24.e), constitución política del Perú.
(12).- Díaz Pita, Maria Paula. “El coimputado”, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000.
(13).- Jaén Vallejo, M. “La presunción de inocencia en la Jurisprudencia constitucional”
Editorial Akal, Madrid, 1987, pág. 23. Este autor señala que la presunción de inocencia, comporta una doble exigencia: a) de una parte, que nadie puede ser considerado culpable hasta que así se declare por Sentencia condenatoria, y b) de la otra, que las consecuencias de la incertidumbre sobre la existencia de los hechos y su atribución culpable al acusado beneficien a éste imponiendo una carga material de la prueba a las partes acusadoras; pero en modo alguno la posibilidad de subrogación en la valoración de dicha prueba por un órgano distinto del propio órgano judicial competente.
(14).- La declaración del coimputado que resulta ser incriminatoria para otro imputado ha de ser exhaustivamente analizada antes de ser tomada en consideración como prueba de cargo, pues el declarante, a diferencia del testigo, no tiene la obligación de decir verdad y le asiste, además, el derecho a guardar silencio; junto con ello, y dada su condición de imputado, la declaración que presta puede estar motivada por una finalidad autoexculpatoria u otra igualmente espuria (STS 1099/2002, de 13 de junio), todo lo cual ha llevado a considerarla una declaración sospechosa (STS 1168/2002, de 19.junio. Gimeno Sendra , V., Derecho Procesal Penal, ed. Colex, Madrid, 2004, pp. 94-95).
(15).- Cesar San Martín. Derecho Procesal Penal. Volumen I. Segunda Edición. Grijley. Lima. 2003. Pág. 90. Señala que el Así, el testigo impropio es una persona llamada a declarar como testigo en un proceso penal donde se ventilan hechos que lo involucran, tenido abierto el “testigo” un proceso penal por hechos conexos, técnicamente es un coimputado, por ello le asiste la garantía de no auto incriminación. Esta garantía funciona contra quien es objeto de una imputación penal, sin que ello obste que se formule en sede judicial o extrajudicial: Policía, Fiscalía o Congreso que se esté en cualquier fase del proceso o se tenga o no formalmente la calidad de imputado. El imputado tiene el señorío y el poder de decisión sobre su propia declaración.
(16).-Ignacio, Flores Prada. Valor Probatorio de las declaraciones de los coimputados. Tecnos. Editorial. S.A. Año de Edición: 1998, 1ª edición
(17).- Así el indiciado, imputado o acusado no puede ser tratado como culpable hasta tanto no exista una decisión firme, ni está obligado a declarar, ni ser él, quien deba probar su inocencia. Como lo sintetiza el Tribunal Constitucional Español la presunción de inocencia es el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas. STC 111/1999, citada por Manuel Jaén Vallejo en: La Prueba en el proceso penal. Ad-Hoc. Buenos Aires. Marzo 2002.
(18).- Chiesa, Ernesto. Tratado de Derecho Probatorio. Tomo I. Publicaciones JTS. P 208. El acusado que como producto de preacuerdos o alegaciones con la Fiscalía se compromete a declarar sobre unos hechos delictivos y luego se niega a declarar invocando el privilegio. Lo que procede es dejar sin efectos la alegación preacordada y procesarlo por el delito correspondiente, pero no obligarlo a testificar sopena de desacato.
(19).- http://www.cjpe/guia/debi./htm55k. El Debido Proceso en las decisiones de los órganos de control constitucional de Colombia, Perú y Bolivia. El artículo 8.2 de la Convención Americana establece que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.
(20).-En cuanto a su contenido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que “el principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla”. Este tema ha sido abordado en reiteradas oportunidades por el Tribunal Constitucional del Perú. En sus decisiones relacionadas con el vencimiento del plazo legal de la detención judicial, el Tribunal Constitucional ha señalado que la medida cautelar de detención no debe durar más del tiempo que sea necesario para el logro de los fines de la investigación. Para el Tribunal, si la detención pudiera mantenerse todo el tiempo que dura el proceso, no obstante que adolece de dilación indebida, “dicha situación contravendría el adecuado ejercicio de la potestad judicial coercitiva que tiene como fundamentos y límites el derecho a la presunción de inocencia que le asiste al procesado, tal como lo reconoce el artículo 2º inciso 24º literal eº de la Constitución y a que su proceso se desarrolle en un plazo que pueda considerarse razonable, como lo ha previsto el artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (subrayado nuestro).
(21).- La concurrencia de tales requisitos para entender enervado el derecho de presunción de inocencia es reclamada por la práctica totalidad de la doctrina española, pudiendo citarse, entre otros, a Albacar J.L. “El principio de libre apreciación de la prueba en la doctrina del Tribunal Constitucional”, en La Ley, 1981-1, nº 4, págs. 1086 y ss; García Carrero, M. “La apreciación de la prueba en conciencia en el proceso penal, y la protección constitucional de la presunción de inocencia”, en Poder Judicial, 1982, págs. 68 y ss:; Córdova Roda, J. “El derecho a la presunción de inocencia y la apreciación judicial de la prueba. Un estudio de dos Sentencias de los Tribunales Constitucional y Supremo”, en Revista Jurídica de Cataluña, 1982, págs. 22 y ss; Alamillo Canillas, F. “La presunción de inocencia y el recurso de casación penal”, en La Ley, 1983-1, págs. 1148 y ss; Fernández Entralgo, J. “Presunción de inocencia, libre apreciación de la prueba y motivación de las sentencias”, en Revista General de Derecho oct-nov, 1986, números 505-506, págs. 4280 y ss; Asencio Mellado, J.M. “La prueba. Garantías constitucionales derivadas del artículo 24.2”,en Poder Judicial, 1986, nº 4, págs. 35 y ss; Tomas y Valiente, F. “In dubio pro reo, libre apreciación de la prueba y presunción de inocencia”, en Revista española de Derecho Constitucional, 1987, nº 20, págs. 20 y ss; Mascarell Navarro, M.J. “La carga de la prueba y la presunción de inocencia”, en Justicia 1987, págs. 616 y ss; Vázquez Sotelo, J.L. “Presunción de inocencia del imputado e íntima convicción del Tribunal”,Barcelona, 1984, págs. 356 y ss; Vegas Torres, J. “Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal”, Madrid, 1993, págs. 47 y ss; Borrajo Iniesta, I. “Presunción de inocencia. Investigación y prueba”, en AA.VV. “La prueba en el proceso penal”, Cuadernos de Derecho Judicial, CJPG, Madrid, 1996, págs. 15 y ss; Miranda Estrampes, M. “La mínima actividad probatoria en el proceso penal”, Barcelona 1997, págs. 176 y ss; Igartua Salaverria, J.
(22).-Jaen Vallejo M. “La presunción de inocencia en la Jurisprudencia constitucional”, Editorial Akal, Madrid, 1987, pág. 23.
(23).- En el mismo sentido, entre otros, Asencio Mellado, J.M. “La prueba. Garantías constitucionales…”, op. cit., pág. 39; Ruiz Vadillo, E. “Algunas breves consideraciones sobre los indicios, las presunciones y la motivación de las sentencias”, en Poder Judicial, 2ª época, nª3 sept. 1986, págs. 83 a 85; Tomas y Valiente, F. “«In dubio pro reo»…”, op. cit., págs. 16 y 17; Jaen Vallejo, M. “El criterio racional en la apreciación de la prueba penal”, en Revista de Derecho procesal, 1989, nº 1, págs. 73 y ss; García Sánchez, J.F. y Sanz Llorente, F.J. “Génesis y formación fe la sentencia. Su forma y estructura interna”, en Poder Judicial, 2ª época, nº 32, dic. 1993, págs. 73 y ss; Miranda Estrampes, M. op. cit., págs. 164 y ss.
(24).- Art. 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
(25).- C.G.Hempel, Filosofía de la ciencia natural. Trad.de A. Deaño, Alianza Editorial, Madrid, 1973. p.93. Acoger metodológicamente el carácter de inferencia inductiva de la averiguación de los hechos supone a la vez asumir algo que, no obstante su aparente obviedad, tiene una relevancia que no debe desconocerse. Me refiero al dato de que con ello se sitúa reflexivamente el quehacer cognoscitivo del juez respecto de los hechos en el ámbito de las explicaciones probabilísticas, que son las que permiten afirmar algo, pero solo, y si la derivación es correcta, «con un alto grado de probabilidad, y quizá con “certeza práctica
(26).- Artículo 2.24.e), Constitución Política del Perú
(27).- Maier, Julio. “Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2002, págs. 495 y 507. Por su parte, Maier destaca “la exigencia de que la sentencia de condena y, por ende, la aplicación de una pena sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado. Precisamente, la falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de destruir la situación de inocencia, construida por la ley (presunción), que ampara al imputado, razón por la cual ella conduce a la absolución. Cualquier otra posición del juez respecto de la verdad, la duda o aún la probabilidad, impiden la condena y desembocan en la absolución”. Y agrega: “el imputado no tiene necesidad de construir su inocencia, ya construida de antemano por la presunción que lo ampara, sino que, antes bien, quien lo condena debe destruir completamente esa posición, arribando a la certeza sobre la comisión de un hecho punible” (Conf. ob. cit., págs. 495 y 507).
(28).- TOMÉ GARCÍA, José Antonio, Derecho Procesal Penal (con De la Oliva Santos, Aragoneses Martínez, Hinojosa Segovia y Muerza Esparza), colección Ceura, ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1999, p. 499. Como afirma TOMÉ GARCÍA, no debe confundirse el principio in dubio pro reo, con la presunción de inocencia. El principio in dubio pro reo, pertenece al momento de la valoración o apreciación probatoria y se aplica cuando, habiendo prueba, existe una duda racional sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate. Mientras que el derecho a la presunción de inocencia, desenvuelve su eficacia cuando existe falta absoluta de pruebas, o cuando las practicadas no reúnen las garantías procesales.
(29).- El artículo 2.º, inciso 24, de la Constitución establece que “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”.
(30).- (cf. STC 0618-2005-PHC/TC, FF.JJ. 21 y 22),
(31).- (vid. STC 2915-2004-PHC/TC, FJ 12)
(32).- STC-0351-2000-AAComo se ha señalado en la STC N.° 2940-2002-HC/TC “El derecho al debido proceso dota, a quien es parte del mismo, de una serie de garantías esenciales durante su inicio, tramitación y conclusión. Estos derechos esenciales, sin ser taxativos, son los siguientes: de defensa, publicidad del proceso, a ser asistido y defendido por abogado, derecho a impugnar, derecho a la prueba, derecho a una justicia sin dilaciones indebidas y derecho a un juez imparcial.” Partiendo de dicha afirmación, se puede establecer como premisa que, en aquellos supuestos en los que no se respete alguno de los derechos indicados u otros, que también formen parte del debido proceso, nos encontraremos ante un proceso claramente irregular, desde su vertiente formal, frente al cual será posible acudir al órgano jurisdiccional en busca de tutela constitucional.
(33).- Conf. Hassemer Winfried, Fundamentos del Derecho Penal, pág. 198, Ed. Bosch, año 1984.
(34).-Calvo Suárez Diego Germán. Presunción de inocencia. http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/. Es el principio Omus Probando, por el cual, por el carácter público y el interés común que detenta el derecho penal, es al Estado sobre quien recae la carga probatoria tendiente a demostrar la responsabilidad penal y su correspondiente reproche de culpabilidad que le cabe al imputado; este no tiene la obligación de probar su inocencia, dado que goza de una situación jurídica que no necesita ser construída, sino todo lo contrario, ella debe ser destruída para que la presunción de inocencia se desvanezca.
(35).- (cf. STC 0618-2005-PHC7TC, FJ 22)
(36).- STC-2496-2005-HC.El artículo 9.º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. De cuyo contenido se infiere que la detención preventiva constituye una de las formas constitucionales de garantizar que el procesado comparezca a las diligencias judiciales.
(37).-Palma Encalada, Leny. El Debido Proceso Sustantivo como instrumento para asegurar una sentencia justa.

http://www.derechoycambiosocial.com/revista004/proceso.htm. En efecto, el debido proceso sustantivo implica una garantía de ciertos contenidos de justicia en la decisión judicial, administrativa u otra similar, aplicando la razonabilidad y proporcionalidad de las leyes en los casos sometidos a consideración.
(38).-STC10107-2005HC. En cuanto a su contenido, se ha considerado que el derecho a la presunción de inocencia (cf. STC 0618-2005-PHC7TC, FJ 22) comprende: “(…) el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde actuar a los Jueces y Tribunales; que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción”.

DATOS DEL AUTOR *

Dr. HECTOR MANUEL CENTENO BUENDIA
Maestría en Ciencias Penales por la UPG-UNMSM
Estancia en la Universidad del Externado- Bogota. Colombia.
Ha sido Profesor Ayudante de cátedra en la UNMSM y PUCP-Profesor de Derecho Penal en la Universidad Privada San Juan Bautista.
Ha sido Profesor Asociado en la AMAG
Conferencista en el Ministerio Público y Ministerio de Justicia.
Conferencista en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima.
Ex Abogado Consultor de la Procuraduría Publica Anticorrupción para los casos Fujimori Montesinos.
Para cursos o conferencias en temas de derecho penal o procesal penal contactarse :
Email hectorlavida@hotmail.com
Telephone: 01997622117 – 014203044

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Aproximadamente a las 12:30 de la madrugada del día 09 de julio del 2008, este blog supero las 50,000 visitas hecho que nos satisface ya que en menos de 1 año y con 4 meses inactivos por razones contrarias a nuestra voluntad, nuestro primer objetivo esta cumplido, quiero dar las gracias a todos mis lectores por su fidelidad a este blog.

Nuestros más sinceros agradecimientos por parte del Staff de Law&Iuris esperando que podamos seguir con ustedes por mucho más tiempo