Sistema Judicial Alemán

Sistema Judicial Alemán

Jurisdicción

La República Federal de Alemania es un Estado de Derecho que garantiza la seguridad jurídica, la protección de los derechos de libertad y la igualdad ante la ley. La Ley Fundamental es la piedra angular del sistema, por cuanto los principios del Estado de Derecho tienen rango constitucional. La Corte Constitucional Federal vela por el cumplimiento último de esos derechos.

En Alemania rige el principio de unidad jurisdiccional, no existen jurisdicciones especiales. La organización jurisdiccional alemana está subdividida en cinco ramas u órdenes distintos: jurisdicción ordinaria (civil y penal), laboral, contencioso-administrativa, social y económico-administrativa (o de hacienda). Por regla general existen tres instancias: contra las sentencias dictadas por un tribunal de primera instancia puede interponerse recurso de apelación, es decir, el caso vuelve a ser examinado en segunda instancia por un tribunal superior, que puede revocar la resolución impugnada. La tercera y última instancia resuelve el caso de modo inimpugnable. La potestad jurisdiccional es ejercida por unos 21.000 jueces de carrera, independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley. Los jueces y magistrados son inamovibles. El número de fiscales ronda los 5.000 y el de abogados rebasa los 100.000.

En términos de estabilidad y seguridad jurídica, los inversores extranjeros sitúan a Alemania en segunda posición a nivel mundial, solo por detrás del Reino Unido. Esa seguridad jurídica atrae a empresas extranjeras y promueve las inversiones y la actividad empresarial en Alemania.

El ordenamiento jurídico
El derecho de la República Federal de Alemania se extiende a prácticamente todos los ámbitos de la vida, de modo que hoy en día la legislación se presenta como adecuación y reforma del derecho vigente en función de los procesos sociales, para los cuales opera como cauce de solución de problemas. El ordenamiento jurídico está determinado por el derecho constitucional. Pero también el derecho de la Unión Europea y el derecho internacional actúan sobre el derecho interno. La legislación federal abarca unas 1.900 leyes y 3.000 reglamentos generales. Las leyes son adoptadas por el Bundestag Alemán (Parlamento Federal), los reglamentos ejecutivos por el Gobierno Federal. El derecho de Land (regional) abarca, junto a las normas en materia de policía y régimen local, sobre todo el ámbito de la enseñanza (escuelas y universidades) y la prensa y radiodifusión.

Desde una perspectiva histórica, el derecho de la República Federal de Alemania se remonta al derecho romano, asumido en parte, y a numerosas fuentes jurídicas de los distintos territorios. En el siglo XIX se unificó por primera vez el derecho privado para todo el Imperio Alemán. El Código Civil y el Código de Comercio conservan hasta el día de hoy el espíritu liberal de los tiempos de la codificación. Están presididos por el principio de la libertad de contratación.

Garantías del Estado de Derecho
Las garantías del Estado de Derecho se plasman en el derecho material y procesal. En el derecho penal rige el principio, constitucionalmente reconocido en la Ley Fundamental, de que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito según la legislación vigente en aquel momento (nulla poena sine lege). También tiene rango constitucional el principio de que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo delito (non bis in idem). La libertad de la persona puede ser limitada únicamente en virtud de una ley. Sobre la admisibilidad y duración de una privación de libertad deciden única y exclusivamente los jueces. La restricción de la libertad que no se derive de una orden judicial requiere un automático pronunciamiento judicial.

La policía puede detener a un sospechoso, pero no lo puede mantener por su propia potestad bajo su custodia más allá del fin del día posterior al de la detención. Todos tienen el derecho de ser oídos legalmente ante los tribunales; este elemento esencial del Estado de Derecho también está consagrado en la Constitución alemana. La administración de justicia corresponde a jueces y magistrados independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley. Son inamovibles y no pueden ser trasladados contra su voluntad. Están prohibidos los tribunales de excepción.

En Alemania los fundamentos del Estado de Derecho ya se establecieron casi por completo en las leyes judiciales del siglo XIX. Se trata concretamente de la Ley orgánica del poder judicial, que regula la estructura, organización y competencia de los tribunales, la Ley de enjuiciamiento civil y la Ley de enjuiciamiento criminal. El Código Civil, que entró en vigor en 1900, y las Leyes de enjuiciamiento civil y criminal fueron arrancadas en el último tercio del siglo XIX al gobierno imperial por las fuerzas liberales y demócratas tras enconados debates parlamentarios. Las leyes alemanas también han servido de modelo para otros ordenamientos jurídicos. En Alemania la administración de justicia se divide en cinco ramas.

Tribunales de la jurisdicción ordinaria
Son competentes para conocer de los procedimientos penales, los pleitos de derecho civil (por ejemplo litigios derivados de contratos de compraventa o arrendamientos), los asuntos matrimoniales y de familia y el campo de la jurisdicción voluntaria (por ejemplo tutela). Existen cuatro niveles: juzgado local, tribunal regional, tribunal regional superior y Corte Federal de Justicia.

En las causas penales pueden actuar como primera instancia uno de los tres tribunales mencionados en primer lugar, según los casos; en los pleitos de derecho civil el tribunal de primera instancia es necesariamente el juzgado local o bien el tribunal regional. Las otras dos instancias están constituidas por los tribunales de apelación y/o casación. El recurso de apelación abre una segunda instancia, en la que el tribunal ad quem vuelve a examinar en toda su amplitud el caso: analiza los vicios procesales y resuelve sobre el fondo, pudiéndose alegar hechos nuevos. En cambio, en la casación, que constituye la tercera y última instancia, únicamente se examina si existió quebrantamiento de las formas esenciales del juicio (infracción de normas reguladoras de la sentencia o de garantías procesales que provoca indefensión) o infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicables para resolver el asunto.

Tribunales de trabajo
Están subdivididos en tres instancias: tribunal de trabajo, tribunal superior de trabajo, Corte Federal de Trabajo; conocen de los litigios de derecho privado derivados de las relaciones laborales y de los litigios entre los agentes sociales, así como de las cuestiones relativas al régimen orgánico de las empresas, según lo establecido en la ley del mismo nombre. Los tribunales de trabajo deciden por ejemplo si un despido es procedente o no.

Jurisdicción contencioso-administrativa
La jurisdicción contencioso-administrativa ofrece protección legal frente a todos los actos administrativos y demás actuaciones de la Administración del Estado; es competente para todos los procesos administrativos de derecho público que no entran dentro del ámbito de competencias de los tribunales sociales ni económico-administrativos o – excepcionalmente – de los tribunales ordinarios, o no se refieren a un litigio de orden constitucional. Existen tres instancias: tribunal contencioso-administrativo, tribunal contencioso- administrativo superior, Corte Federal Contencioso-administrativa.

Tribunales sociales y económico-administrativos
Los tribunales sociales conocen de los litigios relativos a la seguridad social en todas sus vertientes. Existen tres instancias: tribunal de asuntos de seguridad social, tribunal superior de asuntos de seguridad social, Corte Federal Social. Los tribunales económicoadministrativos conocen de los asuntos tributarios. Solo existen dos instancias: tribunal de hacienda, Corte Federal de Hacienda.

Aparte de las cinco ramas descritas se sitúa la Corte Constitucional Federal, que conoce, entre otras cosas, de los recursos de inconstitucionalidad. Los litigios sobre la interpretación de las constituciones de los Estados Federados se sustancian ante los Tribunales Constitucionales de los Estados Federados, si bien tampoco en estos supuestos queda excluido per se el recurso ante la Corte Constitucional Federal.